Por segunda vez en lo que va del mes de febrero, el presidente sandinista Daniel Ortega arremetió contra los medios de comunicación, basándose en mentiras. La primera vez fue el 2 de febrero, cuando visitó al cardenal Miguel Obando para regalarle una lujosa alfombra iraní, con motivo de su cumpleaños. En esa ocasión, sin mencionar nombres ni presentar pruebas Ortega acusó a “dos grandes medios de comunicación” de lucrarse ilícitamente con 90 millones de córdobas, al amparo de la publicidad del gobierno de don Enrique Bolaños.
El martes de esta semana, Ortega acusó a los medios de comunicación de no pagar impuestos, pero no pudo especificar de qué impuestos se trata y cuáles son los medios que no cumplen sus obligaciones con el Fisco. En el caso de LA PRENSA, la Dirección General de Ingresos (DGI) del gobierno sandinista tiene la documentación que demuestra que está al día con el pago de sus impuestos. Y si el presidente Ortega se refiere a las exoneraciones establecidas en la Constitución Política de la República (Artículo 69), se trata de un derecho adquirido de los medios de comunicación que el Gobierno tiene la obligación de respetar mientras exista tal disposición constitucional.
En realidad, los ataques del presidente sandinista Daniel Ortega contra los medios de comunicación independientes se deben a la fobia que él y su camarilla siempre han tenido a la libertad de información. Los ataques de Ortega contra los medios de comunicación forman parte, sin duda, de la “Estrategia de Comunicación” del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que preside la señora Rosario Murillo, esposa del Presidente y cogobernante de hecho, la cual apunta a menoscabar primero y suprimir después la libertad de información y de expresión en Nicaragua. Es decir, lo mismo que Ortega pretendió hacer durante el régimen sandinista de 1979-1990, pero no pudo, lo quiere hacer ahora con las llamadas estrategias de “revolución en paz”, “poder ciudadano”, “democracia directa” y el “socialismo del siglo XXI” de Hugo Chávez.
Ahora el presidente Ortega dice mentirosamente que nos lucramos con la publicidad del Gobierno anterior y que no pagamos impuestos; después dirá que mentimos o que distorsionamos las noticias; más adelante alegará que no le gustan los artículos de opinión ni las caricaturas que publicamos; después nos acusará de oligarcas y agentes del imperialismo o nos imputará cualquier clase de crímenes. Todo eso con el propósito de “crear condiciones” para la represión contra los medios de comunicación y los periodistas independientes. Así se hizo en Cuba comunista hasta que todos los medios de comunicación independientes fueron liquidados; así se está haciendo en Venezuela y se hace en Irán, cuyo Gobierno es uno de los peores enemigos de la libertad de prensa en el mundo, pero gran aliado del presidente sandinista Daniel Ortega.
Muy mal anda el país con este Gobierno que quiere volver a las andadas de agresiones contra la libertad de prensa. Constituye una grave amenaza contra la libertad de información y expresión, que la publicidad gubernamental esté congelada y centralizada en manos del presidente Ortega y de su esposa. Esto significa que la publicidad estatal será usada como un mecanismo de premios y castigos para someter a la prensa independiente. Al mismo tiempo cabe esperar las presiones gubernamentales a empresas privadas para que no se anuncien en los medios independientes, así como el terrorismo fiscal.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte en la Declaración de Chapultepec, que: “La concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. Por su parte la OEA, en su Declaración de Principios sobre la Libertad de Prensa, califica como violaciones a la libertad de expresión las asignaciones discriminatorias de la publicidad gubernamental. Señalamos esto porque la batalla por la defensa de la libertad de información y expresión vamos a librarla no sólo dentro del país, sino también en las instancias internacionales.
También la oposición democrática en la Asamblea Nacional y las organizaciones independientes de la sociedad civil deben movilizarse en defensa de la libertad de prensa. Si se deja actuar impunemente al autoritarismo, ahora éste va contra nosotros pero después irá contra todos los demás.
