La canciller colombiana María Consuelo Araujo renunció el lunes y se convirtió en la primera víctima en el gobierno de Álvaro Uribe por el escándalo de nexos de políticos con paramilitares, que ya llevó a la cárcel a ocho legisladores oficialistas, entre ellos el hermano de la ministra.
“Tomé la decisión y me voy del gobierno. Me voy por una razón: porque no siento apego por ningún cargo sino por los resultados que benefician al país”, dijo Araujo al presentar su renuncia ante la prensa, en el palacio presidencial, sin aceptar preguntas.
“No estoy atada a ningún cargo pero, en cambio, veo claramente la necesidad de que el proceso judicial (contra mi familia) esté libre de interferencias. La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarles como hija y como hermana”, añadió.
El jueves la Corte Suprema de Justicia ordenó detener a seis congresistas de la coalición que respalda al presidente Uribe, entre ellos el senador Álvaro Araujo, hermano de la canciller, lo que generó una andanada de pronunciamientos reclamando la renuncia de la funcionaria, así como fuertes editoriales en la prensa.
La Corte también pidió a la Fiscalía que se investigue al padre de la funcionaria, el ex senador y ex ministro Álvaro Araujo Noguera, por su relación con un secuestro realizado por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como a su primo, Hernando Molina, gobernador del departamento de César (norte).
En septiembre, cuando se revelaron las primeras denuncias que lo vinculaban a paramilitares, Álvaro Araujo aseguró que las investigaciones tenían el propósito de afectar al Gobierno. “Si vienen por mí, vienen por la ‘Conchi’ (su hermana) y vienen por el presidente Uribe”, señaló el legislador.
El 17 de noviembre del 2006, el senador Álvaro Araujo había reconocido que estuvo en una fiesta con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, antes de su desmovilización.
La dimisión de Araujo se produjo pese a la férrea defensa de Uribe, quien siempre fue renuente a salir de su joven canciller.
“Ella es ajena a los hechos delictivos que se están investigando”, sostuvo el sábado el presidente, añadiendo que “por razones de imagen (en el exterior) no se puede culpar a inocentes”.
La renuncia “era, desde el principio, la única alternativa y solución posible. El gobierno de Uribe se está deslegitimando. A medida que se adviertan nuevos nexos (de políticos con paramilitares) se deslegitimará aún más”, comentó a la AFP Carlos Gaviria, ex candidato presidencial del Polo Democrático.
A su turno, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó como una “decisión gallarda, responsable y generosa” la renuncia. “Creo que era lo que le tocaba hacer y la felicito”, añadió.
Araujo, de 36 años, fue la mujer más joven en ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, que asumió en agosto cuando Uribe inició su segundo período de cuatro años. Anteriormente se había desempeñado como Ministra de Cultura.
El escándalo por nexos entre políticos y paramilitares llevó al senador opositor Gustavo Petro, —también del Polo Democrático y promotor en el Congreso de un debate contra la canciller y su hermano, hace dos meses— a pedir que se realicen nuevas elecciones legislativas.
Esa propuesta fue rechazada este lunes por el Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín.
“En una crisis como la actual, lo mejor para el país es que sus instituciones funcionen demostrando a la comunidad internacional y al pueblo colombiano que puede salir adelante”, dijo Holguín.
Los líderes de las AUC permanecen en una cárcel, tras culminar en abril la desmovilización de 31,000 combatientes a cambio de beneficios judiciales, como penas máximas de ocho años para sus crímenes.
Fueron justamente los documentos encontrados en un computador de uno de ellos, Rodrigo Tovar (alias “Jorge 40”), los que comprometieron a decenas de políticos de la Costa del Caribe (norte) con las AUC y con algunas masacres de campesinos.
El 11 noviembre del 2006 la Corte Suprema ordena la detención de tres congresistas de un movimiento afín al presidente Uribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo y con cargos de “concierto para delinquir”, “homicidio” y “promover, armar y financiar grupos paramilitares”. La medida afecta a los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y al representante Eric Julio Morris.
El 23 de noviembre la cúpula de las AUC, concentrada en una cárcel especial, sugiere a políticos y empresarios no ocultar más los hechos y pide integrar “una comisión civil de la verdad”.
