Existe la percepción generalizada de que hace falta una verdadera oposición al gobierno sandinista. Se critica a los partidos de oposición porque a pesar de que juntos tienen la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional, se preocupan más por sus asuntos particulares que por los intereses generales de la nación y la defensa de la democracia. En efecto, los partidos PLC, ALN-PC y MRS suman entre ellos cincuenta diputados, una mayoría parlamentaria que no es suficiente para nombrar magistrados ni reformar la Constitución, pero sí para aprobar las leyes ordinarias y sobre todo para contener el empuje autoritario del gobierno de Daniel Ortega.
Las primeras actuaciones parlamentarias de ALN-PC y el PLC fueron, por decir lo menos, desafortunadas y lamentables. Sólo la bancada del MRS, a pesar de su pequeñez, reivindicó con su firmeza el honor de la oposición parlamentaria. La ALN-PC se embarcó oficiosamente en la propuesta de prorrogar la Ley Marco que impide la entrada en vigencia de las reformas constitucionales del 2005, las cuales reducirían los poderes presidenciales de Ortega. Por muchas explicaciones que dio el líder de ALN-PC, Eduardo Montealegre, no quedó claro qué era en realidad lo que se proponía.
Por otra parte, el PLC y la ALN-PC pudieron —pero no lo hicieron— unir sus votos para rechazar los consejos sandinistas que fueron incluidos en la reforma a la ley sobre las competencias y funciones del Poder Ejecutivo. Se dice que esos consejos sandinistas son para promover la participación ciudadana, pero en realidad lo que se pretende con ellos es crear una estructura paralela de poder estatal, sandinista, para sentar las bases de un nuevo régimen autoritario.
Hasta ahora la oposición parlamentaria sólo ha podido hacer una acción común ante el gobierno sandinista, que fue la declaración de rechazo a la caricaturización del Escudo Nacional por parte de la Presidencia de la República. Por lo menos se demostró que es posible trabajar juntos en algunos temas concretos y que, si se lo propusieran, podrían contener las tendencias dictatoriales del gobierno sandinista, que es la tarea principal de la oposición parlamentaria y de todas las fuerzas democráticas del país.
En términos generales, en una sociedad democrática es indispensable que haya una oposición política vigorosa y bien organizada. La oposición es la fuerza de contrapeso que la democracia necesita para su buen funcionamiento. Y esto es muy importante considerarlo actualmente en Nicaragua, donde se advierte la falta de una oposición capaz de compensar y frenar las pretensiones del gobierno de Daniel Ortega, que no oculta su vocación hegemónica y dictatorial.
Practicar una política democrática de oposición no significa rechazar a ultranza todo lo que dice y hace el gobierno, pero tampoco someterse a su voluntad a cambio de granjerías y sinecuras, lo que en la tradición política nicaragüense se llama zancudismo político. En la democracia moderna la oposición y el gobierno no son fuerzas enconadas y antagónicas movidas por un afán irracional de mutua destrucción. Por el contrario, son factores complementarios del sistema democrático de gobierno y agentes necesarios de una estructura institucional civilizada y armoniosa.
La oposición debe apoyar todas las iniciativas de gobierno que apunten a favorecer a la población y a beneficiar al país. Pero al mismo tiempo tiene que rechazar las arbitrariedades y cualquier acción para restablecer el autoritarismo, beneficiar a unos en perjuicio de los demás o comprometer a Nicaragua en aventuras internacionales de cualquier clase.
El país podría marchar mejor si el gobierno tomara en cuenta a la oposición y a la sociedad civil para la elaboración y ejecución de los programas de interés nacional y beneficio popular. Para eso sería necesario que el presidente Ortega comprendiera que la democracia se funda en el pluralismo y la tolerancia. Y que en la democracia se gobierna para todo el pueblo y no sólo para la parte minoritaria de la población que lo eligió gracias a un pacto político de cúpulas y caudillos.
Las democracias más sólidas y prestigiosas del mundo han avanzado hasta donde están, porque crearon un sistema de gobierno en el que la oposición desempeña una función clave, se estimula el diálogo y se facilita la formulación de las políticas de Estado. Si en Nicaragua el Gobierno y la oposición actuaran de esa manera, no habría espacio para nefastos pactos corruptos de cúpulas y caudillos políticos que se reparten los beneficios del Estado convertido en botín.
