El problema del aborto terapéutico es tan delicado y trascendental, que lo mejor sería resolverlo mediante un plebiscito o un referendo. Es más, ahora que tanto se habla en las esferas gubernamentales de democracia participativa, democracia directa y democracia ciudadana, nada mejor que abrir la puerta a la más clara y contundente forma de participación popular que es el plebiscito o el referendo.

Precisamente para casos como este es que se estableció en el artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua, que el pueblo podrá ejercer el poder político “de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito”. Y de allí que la Ley Electoral defina en su artículo 139, al plebiscito, como “la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo y cuya trascendencia incida en los intereses fundamentales de la nación”; en tanto que en el artículo 140 de la misma Ley Electoral se precisa que: “Referendo es el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación”.

De manera que el Presidente de la República podría perfectamente, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley Electoral, presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa de plebiscito a fin de consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con el aborto terapéutico; o la Asamblea Nacional podría convocar a un referendo para que los ciudadanos refrenden o rechacen la abolición del aborto terapéutico, la cual, como se sabe ya fue aprobada en la redacción del proyecto de nuevo Código Penal, pero aún podría ser revocada por los mismos diputados.

El plebiscito o el referendo serían una forma democrática inobjetable para poner fin a la enconada discusión pública sobre el aborto terapéutico, la cual de otra manera nunca terminará y seguirá dividiendo a la sociedad nicaragüense y causando odios ideológicos. Los miembros y simpatizantes de los movimientos provida, que rechazan categóricamente el aborto en todas sus modalidades, ya recogieron más de 200 mil firmas de respaldo a una petición a la Asamblea Nacional para que excluyera el llamado aborto terapéutico del Código Penal. Y sin duda que no tendrían mayores dificultades para colectar las cincuenta mil firmas que se requieren, de acuerdo con la Ley Electoral (artículos 141 y 142) para que los ciudadanos puedan presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa de plebiscito o referendo.

De hecho en todas partes del mundo, la solución a las controversias sobre el aborto, que siempre son apasionadas y enconadas, se procura por medio del plebiscito o el referendo. Casualmente, en Portugal se llevó a cabo el domingo pasado un referendo en el cual el 59.3 por ciento de los votantes se pronunció en favor de que se legalice el aborto, a pesar de que el 90 por ciento de los portugueses se declaran católicos. Sin embargo, como fue menos de la mitad (43.6 por ciento) de los ciudadanos la que votó en el referendo del domingo 11 de febrero, su resultado no es vinculante y ahora el tema tendrá que ser sometido a votación en el Parlamento portugués.

Aquí, en Nicaragua, antes de la realización de un plebiscito o referendo sobre el tema del aborto terapéutico se tendría que realizar un debate nacional y exhaustivo, que no excluya a ningún sector de la sociedad nicaragüense. Esto es necesario recalcarlo porque actualmente se está planteando hacer un debate “científico” sobre el aborto terapéutico, del que se pretende marginar a la Iglesia católica y a representantes de las otras creencias religiosas.

El aborto en general y terapéutico en particular, es un asunto de la vida y de la muerte. Tiene por lo tanto una connotación ética esencial. De manera que los representantes de la Iglesia católica y demás confesiones religiosas tienen mucho que decir al respecto y su palabra y orientaciones deben ser escuchadas, antes de tomar una decisión definitiva sobre el asunto.

No sólo los que proclaman una concepción “científica” de la vida y la reducen a un problema de combinaciones químicas, tienen derecho a opinar y decidir sobre el tema del aborto terapéutico. También y sobre todo quienes creen en la trascendencia de la vida y en su origen como un don de Dios, tienen que hablar y participar en la decisión definitiva. Su palabra debe ser escuchada y su voluntad respetada.