La manera leve y casual con la que algunos partidarios de Daniel Ortega se refieren a las ilegalidades cometidas por el Presidente, sólo puede calificarse de sorprendente. Por ejemplo, legisladores y magistrados sandinistas han sido consultados por los periodistas sobre temas como el nombramiento de la esposa del Presidente, Rosario Murillo, como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a pesar de las disposiciones contra el nepotismo establecidas en la Constitución y la ley . Algunos esquivan el tema y mandan a los ciudadanos a consultar los Códigos. Otros, simplemente oscurecen la claridad de la norma jurídica y argumentan lo absurdo. Los periodistas asimismo, han consultado a estos ilustrados ciudadanos sobre el decreto presidencial No. 14-2007 que —en directa contravención a la reformada Ley 290— manda pagar un salario de tres mil dólares mensuales a los coordinadores de los Consejos creados por esta misma Ley, entre los cuales está, desde luego, la esposa misma del Presidente. En sus respuestas, algunos piden “comprensión” a las “novatadas” del presidente Ortega mientras otros acusan una ignorancia aflictiva de la naturaleza del derecho y una lastimosa ausencia de principios para valorar no sólo las acciones del Presidente sino también las acciones humanas en general.

Ante la falta de verdaderos argumentos, estos señores lanzan cortinas de humo en forma de ataques a los medios de comunicación a los que acusan de hacer un innecesario alboroto por asuntos “de tan poca importancia”; instan a la población en general a apoyar a este Gobierno porque está a favor de los pobres, piden a los medios de comunicación que pongan en sus portadas los “logros” de la actual administración y que se concentren en lo positivo. Pero ¿por qué la solución de la pobreza tiene que pasar por la ilegalidad, el abuso y el autoritarismo? Hace pocos días un diputado dijo en televisión que de la misma manera que un policía no debería de perder tiempo capturando ladrones de poco monto, tampoco la gente debería poner tanto cuidado a los pequeños deslices del Presidente.

Las declaraciones de estos diputados y magistrados no se pueden dejar pasar como cosa normal porque en realidad son una devastadora agresión contra el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. La ciudadanía no puede ni debe acostumbrarse a que el Presidente viole la ley sin consecuencias. Las leyes existen para cumplirse y como decían los sandinistas del FSLN cuando Ortega no era Primer Mandatario: nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente de la República. ¿Qué sentido tiene aprobar leyes para luego justificar su flagrante violación? En tal caso, sería preferible que la Asamblea Nacional dejara de legislar y permitiera que el Presidente de la República sea el que cree, apruebe y ejecute las leyes, como hacía el gobierno sandinista en los años ochenta y como hace actualmente Hugo Chávez en Venezuela. Hay que decirlo una vez y otra vez: no se puede pasar por alto los actos arbitrarios del actual Presidente “en aras de la reconciliación” y “del combate a la pobreza”. No se puede permitir que el mandatario nicaragüense limpie el suelo con la Constitución y las leyes. Todo lo que haga —por excelente que fuese— tiene que ser legal.

Mientras los gobernantes no sean personas honorables, probas y con un profundo respeto por la ley y la institucionalidad, el país no va a encarrilarse en la dirección correcta. Hay que combatir la pobreza, la delincuencia, la corrupción, etc. Estas son buenas causas, pero el fin no justifica los medios. La falta del elemento moral fue tal vez la principal causa de la caída de los regímenes marxistas totalitarios. Sin principios que ayuden a distinguir entre lo correcto e incorrecto, lo legal y lo ilegal, lo justo y lo injusto, nuestra humanidad disminuye. Hay que volver a los fundamentos, a las cosas básicas que ayudan a la formación del carácter y que hacen hombres y mujeres de bien. Hay que volver a creer en el honor y en el respeto a la propia conciencia Pero este cambio no vendrá espontáneamente. Es necesario provocarlo, comenzando por el hogar y la familia y extendiéndose por la escuela, el vecindario y el trabajo.