Piden transparencia El director del grupo cívico Ética y Transparencia (E y T), Roberto Courtney, manifestó estar de acuerdo que se conozcan los montos exonerados y quienes sean beneficiados por el Estado. Para Courtney, no existe ningún peligro en que se conozca este tipo de información y opinó que “ningún tipo de exoneración debe ser secreta”. Según Courtney, no se publicarían datos financieros de los beneficiados, sino que mencionarían los nombres de los que reciban una exoneración, el monto y por qué han sido beneficiados, aunque advirtió que no se debe publicar toda la información de los beneficiados, sino de dónde sale el dinero. “Si el Estado te perdona un peso, el Estado puede publicar que te perdonó un peso”, indicó el director de EyT. Por su parte, Armando Palma, encargado de promoción de la Ley de Acceso a la Información de Hagamos Democracia, dijo que ellos han estado promoviendo a través de foros la versión que fue dictaminada por la Comisión de Justicia de la Asamblea. También indicó que no se han podido reunir con los diputados desde el año pasado. Palma aseguró que primero debe existir una reunión entre el grupo promotor de la ley y los diputados para ver esos cambios que pretenden realizar. La DGI debe tener información precisa de lo exonerado.

Manosean la Ley Armando Palma, encargado de promoción de la Ley de Acceso a la Información del organismo Hagamos Democracia, manifestó que desde el mes de diciembre se pudo haber aprobada la ley, sin embargo los legisladores “están quitándole dientes a la ley” para “bajar la capacidad de escrutar realmente al Estado” y “desvirtuar” su propósito.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Mario Valle, y la jefa de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, manifestaron ayer que desconocen las modificaciones que realiza una comisión especial a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, reiteró ayer que las modificaciones que efectúan a la Ley obliga a todos los organismos que reciben exoneraciones del Estado a que suministren el monto de esas exoneraciones.

Esa fue la explicación ofrecida por Navarro al ser consultado por qué si la bancada del PLC dice estar de acuerdo con la aprobación de la Ley, aún no han puesto en agenda el tema para ser discutido en el plenario.

Sin embargo, Valle dijo que la comisión especial que analiza las modificaciones de la Ley de Acceso a la Información es parte de la herencia de la anterior administración, pero que este jueves será enviada a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación para que la dictaminen.

“Estamos haciendo las coordinaciones para que este jueves nos pasen los dictámenes que tienen para incorporar algunos aportes que creemos que son importante para asegurar que la población, en igualdad de condición, tengan acceso a la información pública”, apuntó Valle.

Agregó que la Comisión que preside analizará las modificaciones que se realizaron con el fin de transparentar la gestión del Estado, desde los salarios, prestaciones salariales de los empleados, así como la ejecución de proyectos.

Valle indicó que a más tardar en el mes de marzo será aprobada esta Ley, porque estiman que en unos quince días, la Comisión que preside la enviará a la junta directiva para su inclusión en la agenda parlamentaria.

La legisladora de la ALN, María Eugenia Sequeira, manifestó que desconocía los cambios efectuados a la Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública, aunque señaló que es necesario acondicionar un presupuesto para ejecutar dicha legislación una vez que sea aprobada.

“No conozco y yo no estoy en esa Comisión, pero sí conozco las experiencias de otros países. Nicaragua necesita de la Ley y de un condicionamiento presupuestario para que se pueda aplicar”, indicó Sequeira.

Sin embargo, Sequeira coincidió con Navarro en que es necesario conocer cuántos organismos reciben beneficios del Estado, y el monto asignado.