No está mal el celo del ministro De Castilla en combatir los cobros ilegales en las escuelas. Lo malo es que en su afán de culpar a la autonomía escolar intente desmantelar un modelo de descentralización educativa que transfirió amplias cuotas de poder decisorio a los padres de familia y a los docentes, y que está vigente en la Ley de Participación Educativa. ¿Querrá el ministro dar marcha atrás al reloj y restablecer el viejo sistema centralista?
Esperemos que no. Bajo el modelo que heredamos, al inicios de los noventa, tanto padres como maestros carecían de voz en la elección de los directores escolares. Tampoco participaban en las decisiones administrativas y académicas. El ministro tenía la potestad de nombrar todos los directores, mientras su burocracia pagaba directamente las cuentas de las escuelas, contrataba los maestros, y dictaba hasta los últimos detalles académicos.
Los directores de colegio solían ser nombrados entonces por razones políticas y sus centros, que desconocían el costo de sus servicios básicos, pagaban facturas elevadísimas. También era común la disparidad en la distribución de los maestros. Un centro A, con la misma población escolar que el centro B, podía tener el doble o la mitad de maestros. Pero lo más grave es que los padres de los alumnos eran un conglomerado pasivo que no se involucraba en la marcha de sus escuelas.
El régimen de autonomía, o la descentralización escolar, estableció en cada centro juntas directivas, integradas por padres de familia, docentes y estudiantes. Sus amplios poderes de administración incluían la contratación de personal y la selección del director. También asignó a cada centro una transferencia mensual, calculada en base a su matrícula, y a un estimado de sus costos operativos. Las consecuencias no tardaron en verse. A raíz de la victoria de Alemán, en 1966, recibí llamadas de dirigentes del PLC para que les nombrara activistas del partido como directores de institutos. Tuve que explicarles que ahora estos cargos no los elegía el ministro, sino los padres y docentes de los centros autónomos. Fue un golpe a la politización.
Otra consecuencia fue la disminución de gastos. El consumo de agua en los centros autónomos se redujo a una quinta parte. Cuando todo lo pagaba la sede central, había barrios conectados a las cañerías de algunos institutos. También se niveló la distribución de maestros entre los centros, disminuyó considerablemente la deserción escolar, y mejoraron algunos índices académicos, circunstancia que ha sido documentada por organismos internacionales.
Pero quizás uno de los mejores resultados fue el fomentar entre padres de familia y docentes el sentido de que, en cierta forma, el colegio les pertenecía y, que por tanto, compartían la responsabilidad de sus éxitos. Este cambio cultural venía a contrarrestar la creencia tan difundida, de que todo hay que esperarlo pasivamente del Estado.
Tratar de acabar con un modelo arraigado, y con más de una década de existencia, en lugar de corregir sus deficiencias y mejorarlo, es manifestación de ese hábito de los bandazos que tanto daño ha causado a nuestros países. Más grave aún es intentarlo arrasando con los marcos jurídicos y sin el consentimiento de los miles de padres de familia, docentes y directores, que con tesón y sacrificios han venido mejorando sus escuelas. Algunos de los actos de De Castilla contradicen la democracia participativa y parecen enmarcarse en línea del modelo obsoleto del ministro o Estado mandón. Un ejemplo fue la prohibición inicial, sin mediación de diálogo, de los mini restaurantes que operan en colegios y que tan convenientes resultan a los estudiantes. ¿No sería más democrático, y respetuoso de la voluntad de los usuarios, dejar que cada centro decida con autonomía las medidas que más le convienen? ¿Acaso el zapatero sabe mejor dónde aprieta el zapato que quien lo usa?
La esencia de la verdadera democracia participativa es aceptar la voluntad de los de abajo y hacer de los altos cargos servidores de éstos. Es el mismo principio que inspira la descentralización escolar y el que los docentes, directores, padres de familia y alumnos esperan que honre el ministro De Castilla.
