El presidente Daniel Ortega tiene la obligación de ser claro y preciso en todas sus expresiones públicas, siempre, pero sobre todo cuando acusa a otras personas o instituciones públicas y/o particulares.
Por falta de exactitud del presidente Ortega, el fin de semana recién pasado fue desmentido por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Managua. Ortega aseguró el viernes de la semana pasada que su gobierno no seguirá destruyendo los cohetes soviéticos Sam —como lo demanda el gobierno de Estados Unidos que no los considera armas defensivas y teme que podrían ir a parar a manos terroristas—, porque “Honduras está renovando su fuerza aérea” (LA PRENSA sábado 3 de febrero, 2007). Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos negó que su gobierno esté renovando la fuerza aérea hondureña y aclaró que lo que existe es un proyecto para donar a Honduras algunas avionetas que serían utilizadas en la lucha contra el narcotráfico.
Por otro lado, en relación con la decisión gubernamental de centralizar en manos de la señora Rosario Murillo de Ortega —en su calidad de presidenta del Consejo de Comunicación y Ciudadanía— el presupuesto para gastos de publicidad del Gobierno, el presidente Daniel Ortega lo justificó diciendo que el gobierno del presidente Enrique Bolaños invertía anualmente 110 millones de córdobas en pago de publicidad, de los cuales 90 millones iban destinados a dos medios de comunicación en particular. Y acusó a esos dos supuestos medios de que “fueron los beneficiados no haciendo anuncios sino cubriendo todos los pasos del ingeniero Bolaños, tanto políticos, económicos como sociales”.
Sin embargo, el presidente Ortega no identificó a esos dos medios de comunicación. ¿Por qué? Él tenía que haberlos identificado, pues al no hacerlo tiende un manto de sospecha sobre todos los medios escritos y audiovisuales que hay en el país.
Por cierto que los representantes de algunos de los más importantes medios de comunicación, han dicho que el Gobierno no está precisamente entre sus principales anunciantes. Y tal es el mismo caso de LA PRENSA, en la que los anuncios comerciales y de interés de los particulares predominan sobre la publicidad del Gobierno en particular y del Estado en términos generales.
En todo caso, la relación del Diario LA PRENSA con el Gobierno de la República, independientemente de qué partido o persona esté en el poder, es de carácter estrictamente comercial. LA PRENSA no le hace un favor al Gobierno al publicar sus anuncios, los cuales se publican de acuerdo con las tarifas establecidas de manera general para todos los clientes de esta empresa. Y tampoco el Gobierno publica sus anuncios en LA PRENSA para hacerle un favor a este Diario, sino porque necesita y aprecia el servicio publicitario que se le brinda. Y tratándose de un servicio que es de primera calidad, el Gobierno debe pagar lo que éste vale, igual que lo pagan todos los demás clientes comerciales de LA PRENSA que en su gran mayoría son particulares.
En realidad, lo grave y peligroso de la acusación que hizo el presidente Daniel Ortega contra los medios de comunicación, es que “fueron los beneficiados no haciendo anuncios sino cubriendo todos los pasos del ingeniero Bolaños, tanto políticos, económicos como sociales”.
Pero, ¿dónde están las pruebas de esa acusación y cuáles son esos medios a los que el gobernante sandinista acusó sin identificarlos? El presidente Daniel Ortega, a pesar de que fue elegido sólo por el 38 por ciento de los electores nicaragüenses mientras el 62 por ciento lo rechazó; y no obstante que quiera gobernar sólo o de manera preferente para los militantes y simpatizantes sandinistas, es el Presidente de la República, el Jefe del Estado y del Gobierno de Nicaragua, y debe comportarse como tal. Lo cual significa que todo lo que el presidente Ortega diga públicamente debe ser cuidadosamente pensado y, en el caso de denunciar y acusar a cualquier persona o institución pública y/o privada, debe probarlas de manera precisa.
De modo que el presidente Daniel Ortega tiene que decir cuáles son esos dos medios de comunicación que se beneficiaron indebidamente con los fondos de publicidad gubernamental, durante el gobierno Bolaños, recibiendo dinero por una publicidad que realmente no publicaron. Y si esos dos supuestos medios de comunicación violaron la ley y cometieron algún delito, el presidente Ortega no sólo debe identificarlos sino también acusarlos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.
