El ex procurador General de la República, Francisco Fiallos Navarro, entendió como un “mensaje de venganza política”, el hecho de que el nuevo Procurador, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, lo haya incluido en la primera lista de ex funcionarios a los que se les cobra multas que impuso la Contraloría.
“Lo entiendo como un mensaje de venganza política porque hay muchos ex funcionarios antes que yo (como 500) que fueron sancionados, y me incluyeron precisamente a mí en la primera lista en medio de personajes sancionados por la huaca, lo cual entiendo como un mensaje de venganza político clarísimo, y yo lo entiendo, así que estoy claro”, agregó Fiallos.
LA PRENSA intentó conocer una versión de Estrada, pero éste no respondió su teléfono celular.
El pasado viernes la Procuraduría General de la República (PGR) dio un plazo de 72 horas a una veintena de ex funcionarios del Estado que han sido condenados económicamente por la Contraloría General de la República (CGR) para que paguen unos 189.5 millones de córdobas y 1.9 millones de dólares.
Entre los sancionados figura el ex procurador Fiallos, quien ayer alegó que el proceso mediante el cual fue sancionado por la Contraloría “fue viciado en la forma y en el fondo porque no me aceptaron las pruebas”.
Doble salario
En octubre de 2003, la Contraloría emitió una resolución contra Fiallos estableciendo responsabilidad administrativa y un reparo económico de un poco más de un millón de córdobas.
La sanción administrativa establecida por la Contraloría es porque Fiallos devengaba un segundo salario, al ejercer la función de rector de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse) de Estelí, mientras ostentaba el cargo de Procurador en funciones por la Ley.
Fiallos argumentó frente a los auditores de la CGR que el trabajo de rector era una actividad docente que no violentaba la ley, pero los contralores desestimaron los argumentos de Fiallos y determinaron que la función de rector no es una actividad de docente.
Los contralores determinaron que el salario indebido que recibió Fiallos de 1,074,18.91 córdobas representaba perjuicios económico al Estado.
Fiallos recurrió de amparo contra dicha sanción, pero la Sala Constitucional de la Corte no dio lugar al amparo
La sentencia de la Corte, con fecha 14 de marzo de 2005, número 69, señala que Fiallos no podía ejercer los cargos de Rector de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y de Procurador General de la República a la vez.
“Todavía hay una carrera larga dentro del ordenamiento jurídico nacional para que esto se dilucide y voy a recurrir a medidas nacionales e internacionales”, expresó Fiallos. El ex funcionario mencionó la posibilidad de acudir a la CIDH.
