Los consejos de Participación Ciudadana que pretende establecer por decretos el Presidente de la República, serían instancias innecesarias tomando en cuenta que ya existe un marco jurídico que establece instancias con disposiciones similares. A no ser que su creación tenga otra intencionalidad como lo han intuido diferentes sectores políticos y sociales del país.

“La ley de Participación Ciudadana fue un proceso amplio de consulta e incidencia por parte de la sociedad civil, donde se planteó, en primera instancia, la creación de Comités de Desarrollo Municipal amplios, plurales y representativos”, así lo explicó Georgina Muñoz, de la Coordinadora Civil, quien funge como Facilitadora de Observatorio de Control Cívico del Poder Legislativo.

De acuerdo a Muñoz, la Ley de Participación Ciudadana recoge además la creación de otras instancias afines, para articular el proceso de participación desde la acción sectorial hasta la nacional.

Muñoz explicó además que se crearon una serie de decretos para los Consejos Nacionales, entre éstos, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Salud.

“Hay una gama de creación de instancias de participación que están contempladas en la Ley de Participación Ciudadana (…) Esta ley retoma una serie de instancias de participación que están en la ley de municipios”, aclaró.

Fortalecer, no duplicar

“El temor nuestro es que se estén duplicando instancias de participación y se vaya a obviar las instancias que ya existen”, afirmó la observadora. Advirtió además que crear nuevas instancias violenta las leyes existentes “porque se siente que no hay una interpretación correcta de lo que es el marco jurídico de la participación ciudadana”. Agregó que “esto puede ser también por desconocimiento”.

Muñoz enfatizó en que “ya los consejos nacionales de los sectores ya estaban creados, no era necesario crear más, lo que había que hacer era fortalecer, reactivar y hacer más representativos los existentes”. A la vez advirtió que “eso nos estaría generando roces con el marco jurídico institucional del país, porque si lo metemos a un análisis jurídico a fondo, estos roces son evidentes, no hay congruencia”.

La representante de la Coordinador Civil, afirmó que crear nuevas instancias requiere de mayor análisis: “Se debe estudiar cuáles son las instancias existentes, cómo funcionan, qué resultados han tenido en los últimos cinco años y qué ajustes hay que hacerle a esa ley”.

En este sentido, dijo que la Coordinadora Civil tiene una propuesta seria y estudiada de reformas a la Ley de Participación Ciudadana , “estamos viendo algunos vacíos a esa ley, hay que hacerle ajustes y no hacer cambios globales”, dijo.

Legisladores desinformados

A criterio de Muñoz, la aprobación de la creación de los Consejos en la reforma a la ley 290, propuestos por el Ejecutivo, plantea interrogantes: ¿hasta dónde los diputados están realmente apropiados de lo que es el marco jurídico de la participación existente en el país? ¿Han valorado cómo se aplica? ¿Saben cuáles son los efectos y los resultados?

Al parecer hay desconocimiento de éstos y otros aspectos, Muñoz dejó entrever que si los legisladores tuvieran pleno conocimiento de las normativas existentes, hubieran rechazado en su totalidad la creación de estos Consejos.

Muñoz observa que incluso los diputados aprobaron esos consejos con mandato de coordinación y sin financiamiento, ¿cómo puede funcionar una instancia sin financiamiento?, se preguntó.

Según Muñoz, los legisladores necesitan más información, “una visión más amplia para tomar una decisión de este tipo, que en su momento fue muy apresurada, porque debió ser estudiada más a fondo”.

Alcaldes deben pronunciarse

Muñoz señaló que llama la atención que los ediles, que debieron estar entre los primeros en pronunciarse, no lo hayan hecho hasta ahora.

“Nos gustaría escuchar a la Asociación de Municipios de Nicaragua, los invitamos a que se pronuncien sobre esto, al bloque de alcaldes del mismo Frente Sandinista y del PLC”, instó, a la vez que añadió: “Que digan qué están pensando sobre esto , a qué análisis han llegado”.

“Ellos tienen un nivel de responsabilidad mayor que el nuestro con la ciudadanía, nosotros somos vigilantes que el derecho ciudadano realmente se defienda y se respete”, explicó.

Temores

Algunos sectores opuestos al partido sandinista han criticado los Consejos de Participación Ciudadana anunciados por el gobierno de Ortega, como una intención de instaurar un mecanismo de control civil y los han calificado como una reedición de los Comités de Defensa Sandinistas (CDS) de los años ochenta.

En este sentido, Muñoz afirmó que “el partido de gobierno tiene que ser muy cuidadoso y aprender de los años ochenta para no repetir situaciones que metieron a la población en conflictos internos, incluso sociales, no hay que repetir situaciones de los CDS, eso lo hemos dicho las organizaciones sociales, el mismo presidente creo que ha dicho que no se trata de eso, pero depende de cómo lo están manejando y con la prisa que lo están planteando”.

La representante de la Coordinadora Civil aseguró que en algunos municipios donde están funcionando los Comités de Desarrollo Municipal hay líderes afines al partido de gobierno que están planteando que éstos van a desaparecer, “porque vienen los Consejos Nacionales de Participación”.

Muñoz alertó que estas afirmaciones provocan una tendencia que no favorece la estabilidad de la población en el territorio y requiere que los gobiernos municipales se pronuncien.

“Son comentarios generalizados de manera informal”, dijo, “pero ya sólo el comentario en sí mismo genera inestabilidad, en esto el gobierno tiene que actuar con mucha madurez y explicar cuál va a ser la situación de los comités”, demandó.