Los usuarios del servicio de energía eléctrica continúan pagando sus facturas con un incremento del 8.31 por ciento, pese a la existencia de una sentencia que desde el 2003 fue dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la cual dicho aumento fue declarado ilegal.

Gonzalo Salgado, coordinador de la Red de Defensa de los Consumidores, dijo que este cobro sigue reflejándose en la factura de energía porque ninguna de las instituciones del Estado encargadas de hacer cumplir la sentencia, se han preocupado por ejecutarla.

“Estamos decepcionados de las instituciones del Estado, principalmente de la Corte. Después de un año, Unión Fenosa ha venido aplicando (el aumento)”, declaró Salgado, quien participó ayer en una vista oral como parte de un juicio entablado por esa organización contra el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

David Castillo, presidente del INE —instancia encargada de hacer cumplir la resolución judicial— negó que dicha resolución haya sido incumplida, sin embargo el magistrado Guillermo Selva, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, confirmó la información.

“Yo entiendo que el INE ha acatado todas las resoluciones judiciales que han habido”, sostuvo Castillo.

El magistrado liberal Guillermo Selva, indicó que la sentencia emitida por la Corte no se ha ejecutado porque “así son las cosas”. Y señaló que el cumplimiento de los fallos es competencia de la CSJ, recurriendo al Presidente de la República y haciendo uso de la fuerza pública, de ser necesario.

La vista celebrada ayer en la Corte es parte de los trámites en un juicio iniciado desde hace un año, donde representantes de los consumidores y el INE debatieron sobre la legalidad o no de cuatro incrementos en la tarifa energética que ya suman el 14 por ciento.

“Aquí lo que está en juego es la legalidad de esos incrementos tarifarios no la legitimidad. Lo que estamos alegando aquí es que son ilegales mientras no se tomen en cuenta los elementos de calidad que nosotros mencionamos”, declaró Salgado.

Castillo, por su parte, explicó que los incrementos se aplicaron para asegurar la compra de energía y el tema de la mala calidad del servicio se sanciona por otras normativas y mecanismos, tales como los descuentos tarifarios.

“No podemos pedirle a una empresa (...) que si el insumo vale cien pesos, por decir algo, vaya a venderlo en setenta, a menos que haya un subsidio estatal (...) El año pasado el Estado dio 36 millones de dólares para la tarifa pero ya no hay fondos disponibles para más subsidios”, puntualizó.