La breve gestión del gobierno sandinista revela hasta ahora secretismo, menosprecio de la legalidad, autoritarismo y confusión Estado-partido. Sólo por la persistente presión ejercida por los medios de comunicación, fue que la esposa y Secretaria de Comunicación del presidente Ortega, Rosario Murillo, llamó a una breve conferencia de prensa para explicar que el Presidente no tiene la intención de ocultar información ni de cerrar los canales de comunicación a los medios.

Pero en la práctica, el gobierno rehúye su deber de mantener informada de su gestión a la ciudadanía. La agenda pública del presidente Ortega sigue siendo un misterio. Nadie sabe dónde estará hoy o mañana. A veces despacha en su casa y otras en el Olof Palme.

Este secretismo no es nuevo. Durante toda su campaña electoral, Ortega se negó a dar entrevistas y a debatir con los demás candidatos a la Presidencia. Sus apologistas decían entonces que el comandante quería evitar confrontaciones innecesarias y mantenerse a tono con su discurso de paz y reconciliación. El argumento era interesante pero ha probado su inconsistencia, pues lo que se ve ahora no es un gobierno de reconciliación y unidad sino más bien uno excluyente de quienes difieren.

Precisamente por eso surgió el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), cuyos miembros no encontraron apertura en un Frente Sandinista donde las personas se dividen en dos categorías: los que se oponen a Daniel Ortega y los que están a su favor. La conformación del actual gabinete de gobierno tampoco refleja una política de reconciliación sino todo lo contrario, una clara intención de rodear al mandatario sólo de militantes incondicionales.

El presidente Ortega también ha mostrado un olímpico menosprecio por la legalidad. Aún antes de su toma de posesión, autorizó a su “gente” en la Alcaldía de Managua para literalmente tomarse las instalaciones del Olof Palme, pasando por encima de las autoridades del INSS y usando presupuesto que no corresponde al Ejecutivo. Al parecer Ortega sigue siendo autoritario y no quiere respetar las esferas de poder de otras instancias, insistiendo en concebir el gobierno como una amalgama partido-Estado.

El proceso de aprobación del tratado con Venezuela conocido como Alba, ha caído en ilegalidad. La Constitución dice (artículo 138) que el Presidente debe enviar a la Asamblea Nacional los tratados internacionales para su debida ratificación, a más tardar 15 días después de haber sido acordados. Pero Ortega hace caso omiso al precepto constitucional y ni siquiera da a conocer públicamente el contenido de dicho tratado. El nombramiento de su esposa en un cargo público es ilegal, viola el artículo 130 de la Constitución. Se justifica con el cuento de que la Primera Dama no recibe salario. Pero la prohibición constitucional no se inspira únicamente en el salario sino también —y principalmente— en el grado de confianza que existe entre los cónyuges que les impide actuar con imparcialidad.

Que el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia, coordinado por la señora Murillo, disminuya facultades y funciones a los ministerios, también es ilegal. Un diputado sandinista dijo en televisión que “lo importante es que los fondos del Estado sean manejados con eficiencia”. Pero “lo importante” tiene que hacerse de manera legal. Las cosas de Estado no se manejan como los negocios personales y los intereses del partido.

De los gobernantes sandinistas ya no se puede decir —como se decía en los años ochenta del siglo pasado— que son un grupo de muchachos mechudos y desarrapados que bajaron de las montañas sin ninguna experiencia para gobernar y que, por lo tanto, hay que comprender sus desatinos. Daniel Ortega y el Frente Sandinista gobernaron 10 años en los ochenta Luego pasaron 16 gobernando desde abajo, participando en instituciones estatales durante tres gobiernos democráticos consecutivos y ejerciendo una influencia determinante en el Poder Legislativo. No se trata, pues, de impericia sino más bien de vocación estilo autoritarios.

El presidente Ortega, no sólo porque su gobierno es minoritario sino porque así lo mandan la Constitución y la ley, debe gobernar con transparencia, poner las cartas sobre la mesa, explicar a la población todas las decisiones de interés nacional. De otro modo la ciudadanía conoce sus derechos y debe defender la democracia a través de las instancias disponibles.