Las peculiaridades del modelo del libre mercado es el marco donde es preciso analizar y reflexionar sobre la situación actual de la educación en general, particularmente del nivel universitario, que en estos momentos enfrenta un dilema de cuya solución depende, sin duda, tanto el futuro de la educación pública como el de las instituciones públicas de educación superior.
Quizá en un exceso de simplificación, pero tratando de expresarlo con claridad dicho dilema puede plantearse en los siguientes términos: ¿Debe la educación en general, y la superior en particular, sujetarse a los principios del mercado, es decir, debe ser un servicio mercantil cuyo precio se fija en el mercado por la acción de la oferta y la demanda y, por tanto, considerarse una oportunidad que sólo pueden aprovechar quienes pueden pagarla; o bien, debe ser un derecho de toda la población y, por tanto, ser universal, laica y ofrecerse gratuitamente en todos sus niveles por el Estado?
La educación media-superior y superior, argumenta el Banco Mundial, más que bienes públicos resultan ser bienes privados, en tanto su satisfacción está al alcance de soluciones de mercado, esto es, tienen una oferta limitada y su demanda, restringida a un sector de la población, puede satisfacerse por empresarios privados, si el precio establecido por la oferta y la demanda les permite la obtención de ganancias.
También sugiere el Banco Mundial dejar de subsidiar la oferta de educación universitaria, esto es, evitar la canalización de recursos públicos a las instituciones de educación superior pública y cubrir su costo financiando la demanda, lo que en la práctica significa: a) Establecer colegiaturas en las instituciones públicas hasta cubrir el costo del servicio, b) Ofrecer crédito a los estudiantes para cubrir los costos de su formación universitaria, incluyendo su manutención durante el período que duren sus estudios; c) Cobrar interés del mercado a todos los créditos concedidos y mejorar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas especializadas en esos menesteres; d) Adiestrar a los profesores universitarios como empresarios para promover el financiamiento de sus investigaciones y vender sus resultados, al mismo tiempo de vender cursos útiles a las empresas, e) Alentar la expresión de las instituciones privadas para aligerar la carga al presupuesto público.
Al establecer la vinculación de las instituciones de educación superior pública con las empresas, tienden a prevalecer y fortalecerse como valores dominantes los relacionados con el mercado y la ganancia. De esta manera, en muchas universidades las actividades encaminadas a elevar la productividad, eficiencia, calidad y competitividad, pilares de la modernidad empresarial, han empezado a desplazar la parte del quehacer académico universitario dedicado al desarrollo de la ciencia, la reflexión humanista y el análisis de los problemas sociales.
En efecto, si bien es cada vez más frecuente saber del interés de los empresarios por la educación superior, dicha preocupación, naturalmente, está determinada más por el afán del lucro de la empresa y los valores mercantiles que por el desarrollo educativo.
Sin duda, con las propuestas del Fondo Monetario Internacional no existen posibilidades, para la universidad pública, como institución educativa autónoma, de corte popular y activa, participantes en la construcción de un proyecto nacional consensuado con todas las fuerzas políticas del país.
Por otra parte, tratar de encontrar una propuesta clara y sustancial en la plataforma sobre educación superior en el programa electoral de los futuros candidatos. Lo que sí abunda, es el lugar común y las frases, que poco ayudan a precisar una problemática y ofrecer alternativas de solución viables, o a tener la certeza del camino a seguir. Lo primero que se encuentra, es lo siguiente. “La propuesta en materia educativa se basa en establecer un programa de educación pública, laica y gratuita, pero moderna, de calidad, con valores y con amplia cobertura territorial”, sin definir qué entiende por laicidad y calidad y a cuáles valores se refiere.
Respecto de las universidades se plantea un modelo orientado por las exigencias del mercado y que por tanto, privilegia la enseñanza y el aprendizaje de la técnica para adquirir habilidades, restándose importancia a la formación científica y humanista de los estudiantes y mide sus resultados básicamente por la aceptación de sus egresados en el mercado.
Estos últimos nos permiten entrever, que el nuevo modelo de educación superior seguiría la línea de financiar la demanda más que la oferta. En este caso se elaboraría un padrón de carreras y universidades de “excelencia” en instituciones públicas y privadas, donde se ofrecerían becas-créditos a los estudiantes que se considere, suficientes en número y calidad determinada por promedios y en los exámenes que se practicarán.
El resto de las carreras, a decisión de las autoridades universitarias, funcionaría sin becas y los estudiantes tendrían que cubrir con las colegiaturas el costo de los estudios. De esta manera, todas las universidades mantendrían entre sí una aguda competencia para registrar el mayor número de carreras en el “padrón” y lograr con ello mayores recursos, cumpliéndose así con la exigencia del Fondo Monetario Internacional en el sentido de financiar la demanda y no la oferta. En materia de investigación y extensión, todos los proyectos tendrían que competir para una vez evaluados obtener financiamiento.
Una posición cómoda ante la avalancha modernizadora y tecnocrática, sería adaptarse a los nuevos tiempos y soslayar el proceso que conduce a la desaparición de la gratuidad en la enseñanza universitaria y convertir a las comunidades universitarias en elitistas remansos de paz, donde sólo se forman los estudiantes provenientes de aquellos sectores sociales de más altos ingresos; lo cual significaría condenar a la mayor parte de los jóvenes del país a sobrevivir en un mundo donde se les exige mayor preparación conculcándoles el derecho a obtenerla. Esto, en todo caso, es dejar libre el paso a la universidad empresa y, finalmente, imponer la ética sin fundamento en las instituciones públicas.
El autor es profesor universitario, Facultad de Derecho UNAN-León
