El juicio por lavado de dinero tramitado contra el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, en el cual fue condenado a veinte años de prisión, continuará varado en el Tribunal de Apelaciones de Managua por un buen tiempo, porque “no es prioridad” para los magistrados.

Mauricio Martínez, abogado defensor de Alemán Lacayo, dijo que desde hace más de dos años recibió una notificación en la cual fue citado por los magistrados de la Sala Penal Uno, en Apelaciones, para dictar la sentencia, pero hasta hoy sigue esperando a que eso ocurra.

“¿Cuál era el objetivo, si cuando citan a las partes para sentencia es porque los magistrados ya le entraron al estudio del expediente?”, criticó Martínez.

Consultado al respecto Enrique Chavarría, presidente de la Sala Penal Uno, justificó que el caso no ha sido resuelto porque hay muchos otros casos en la misma situación desde hace de cinco años, por lo que éstos son priorizados.

“Van por orden cronológico”, indicó Chavarría, vía telefónica. En este momento están evacuando los expedientes correspondientes al 2001, de acuerdo a lo expresado por el magistrado.

Alemán fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos, pero esta sentencia fue apelada. En este momento el ex mandatario tiene Managua por cárcel, por orden de los mismos magistrados.

En este juicio, conocido como “la huaca”, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada por un juez de primera instancia, pero los magistrados hace más de dos años están pendientes de resolver la confirmación o no de esa sentencia condenatoria.

Para Martínez, este caso por su importancia o trascendencia es una prioridad, pero hay criterios políticos que están retrasando el juicio, que desde su perspectiva también es político.

En este juicio Alemán adjuntó como evidencia a su favor una resolución de la Fiscalía, en la cual se expresa el desistimiento de la acción penal contra el ex funcionario, por falta de mérito, en el caso de la denominada “huaca 2”.

La decisión de la Fiscalía fue dictada en diciembre pasado y estuvo basada en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).