Esta semana están regresando a clase los estudiantes del sistema de educación pública, en medio de las expectativas generadas por el nuevo gobierno, especialmente en la población de escasos recursos, en lo relativo a la gratuidad de la educación, la eliminación de la abusada y mal administrada autonomía escolar —la cual había estado afectando a muchas familias pobres a las que se les exigía aportaciones económicas que no podían cumplir y que supuestamente les impedía enviar a sus hijos a las escuelas— y otras medidas como la no obligatoriedad del uniforme ni de la insignia escolar.
El Gobierno espera que estas medidas produzcan el ingreso de hasta unos 400 mil estudiantes adicionales al número de matriculados del año pasado. Esto es alrededor de dos millones de jóvenes, sin embargo, se sabe que el país no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a dos millones de estudiantes. Aproximadamente la mitad de los centros de estudios están arruinados y sin los servicios básicos de luz y agua. Y aunque todos ellos fueran habilitados, aún así no habría suficiente espacio, a menos, tal vez, de que se pongan a cien estudiantes en un aula con capacidad para cuarenta.
La solución planteada por el Ministro de Educación es usar carpas para albergar a los estudiantes mientras se consigue ayuda para construir nuevas aulas. Pero ¿de dónde tomarán el dinero para comprar las carpas y los pupitres? ¿Las van a poner debajo del sol? ¿Y cómo van a mantener disciplinadamente a niños en un ambiente tan informal durante las cinco horas de la jornada de clase? Lo más lógico sería conseguir fondos para reparar las aulas en los centros de estudio ya existentes, limitar la matrícula a su capacidad y comenzar a construir escuelas para el próximo año.
El Ministro de Educación también tiene que pensar en los maestros. ¿De dónde va a tomar maestros capacitados para atender a 400 mil nuevos estudiantes? Y suponiendo que se consigan los maestros, ¿con qué fondos van a pagar sus salarios si el Ministerio de Educación trabaja con un presupuesto limitado? ¿En qué quedarán las promesas de mejoras salariales a los educadores?
La improvisación no produce soluciones. Se necesita más que buenas intenciones para resolver las necesidades básicas de la población. Se requiere de planificación ordenada y sustentada para que las contingencias sean mínimas. Es evidente que en este momento el sistema de educación no está preparado para responder a las necesidades de dos millones de estudiantes. El Ministerio de Educación debe considerar las implicaciones que el hacinamiento puede tener en la salud física y emocional de los estudiantes así como en su rendimiento académico.
Por otro lado, con respecto a la adulteración del Escudo Nacional que ha hecho la Presidencia de la República, que lo ha convertido en una caricatura abigarrada, el Ministro de Educación, Miguel de Castilla, la justificó con la insólita explicación de que le gusta porque le parece “muy alegre” y que, además, él desconoce la ley que determina la forma y el uso de los Símbolos Patrios.
Pero cualquier maestro de educación —y el ministro Miguel de Castilla lo es— sabe que los Símbolos Patrios son sagrados y que adulterarlos es irrespetuoso e ilegal. Esto se enseña desde en las escuelas de primaria y por lo tanto cualquier maestro conoce y debe conocer la Ley Sobre Características y Uso de los Símbolos Patrios (reformada y reafirmada en julio del 2002), en cuyo capítulo IV, artículos 42 al 56, se especifican todos los detalles concernientes al Escudo Nacional, incluyendo sus colores. Además, esa Ley establece en su artículo 72 la obligación de los ministerios de Educación, Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, de velar por el respeto a los Símbolos Patrios, y el artículo 73 señala las sanciones que se deben imponer a quienes la violen, como es el caso de adulterar la figura y los colores del Escudo Nacional.
Sin duda que el Ministro de Educación no está actuando en este caso como un maestro, pero la Asamblea Nacional no debería permitir que se sigan ultrajando los símbolos patrios por el capricho ya no de un partido, como en los años de la revolución sandinista, sino, peor todavía, de una sola persona.
