El Ministerio Público enviará hoy a los juzgados de Nejapa la acusación en contra de las personas que vendieron terrenos costeros en playa Quizalá, del municipio de San Rafael del Sur y que supuestamente pertenecen al Estado de Nicaragua.
De acuerdo al expediente del caso, la acusación va dirigida directamente en contra de Claudia Vásquez Pérez, Morena Isabel Avilés Serrano, notario uno de la Procuraduría General de la República (PGR) y Fátima Rayo Bonilla, por el delito de estelionato, es decir por haber vendido propiedades ajenas.
Las implicadas en este hecho coincidieron en señalar que enfrentarán el proceso porque no han cometido ningún delito.
La acusación es sustentada por declaraciones de varias personas que aseguran haberles comprado terrenos a la señora Vázquez Pérez, porque supuestamente ella les había asegurado que eran de su propiedad.
El expediente contiene también varios documentos con lo que el Ministerio Público pretende probar que las propiedades en conflicto pertenecen al Estado nicaragüense.
Una fuente de la institución informó que en la acusación también se ubicó al Estado de Nicaragua como ofendido en el caso porque en la recopilación de pruebas encontraron a más de 30 compradores de lotes costeros que rehusaron comparecer como víctimas.
Esas personas decidieron mantenerse al margen de la acusación por temor a que el mismo Estado les exigiera posteriormente la devolución de esas propiedades.
Consultada sobre el conflicto, Vásquez Pérez reiteró que vendió esos terrenos porque están dentro de una propiedad de 295 manzanas de extensión que hace unos años le entregó el gobierno central a ella y a un grupo de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, en el municipio de San Rafael del Sur.
Un tanto molesta, Vásquez Pérez cuestionó el hecho de que desde hace tiempo el Ministerio Público le viene anunciando a los medios de comunicación que interpondrá denuncia sobre el caso y que a la hora llegada todo queda en nada, causándole de esa manera un daño moral que perjudica también a sus familias.
Agregó que a ella todavía no le han notificado nada, pero esperará a que llegue ese momento para ir a los juzgados a enfrentar la acusación y demostrar con documentos que no ha cometido ningún delito. Que vendió esos terrenos costeros porque eran de la propiedad que le entregó el Estado.
El proyecto de acusación que presentará el Ministerio Público incluye varios documentos que aparentemente demuestran que el Estado sigue siendo dueño de esas propiedades y que serán usados como prueba en el proceso judicial.
Fátima Rayo Bonilla dijo por su parte no tener nada que ver en ese conflicto y que le sorprendía que el Ministerio Público la involucrara en ese hecho.
Agregó que hace unos meses le realizó un trabajo a Vásquez Pérez y en compensación a ese servicio, ella le dio un terreno en playa Quizalá.
“Posteriormente yo vendí. Esa fue la única relación que tuve con Claudia Vásquez. Yo no sé qué hizo después ni por qué el Ministerio Público me acusará también a mí”, dijo, aunque señaló que enfrentará la acusación con toda normalidad porque está segura que no ha cometido ningún delito.
Morena Avilés Serrano, otra de las señaladas en este hecho, insistió en haber actuado únicamente como notario en la venta que realizó Claudia Vásquez de esos terrenos costeros.
“Ella es la dueña de la propiedad. Las personas que adquirieron esos terrenos lo hicieron por su propia voluntad. A través de sus abogados investigaron la situación de esos terrenos y ellos (los adquirentes) estuvieron anuentes a comprar. Yo hice el papel de notario”, reiteró.
Consideró que detrás de esa acusación existe un interés de perjudicar su imagen, pero que de todos modos enfrentará la acusación y demostrará que no ha cometido delito alguno.
