El nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, aseguró el fin de semana recién pasado que todos los nicaragüenses “debemos alegrarnos de que el sandinismo plantee que podamos liberarnos de ese programa” (del Fondo Monetario Internacional, FMI). Pero al mismo tiempo el alto funcionario reconoció que Nicaragua tendrá que seguir ajustándose al programa del FMI, no se sabe por cuánto tiempo, sin duda porque el nuevo gobierno sandinista no va a renunciar a los beneficios que reporta el programa con el tan vilipendiado —por la izquierda y el populismo nicaragüense e internacional— organismo financiero internacional.

En realidad, Nicaragua se ha sometido a las condiciones del FMI, simplemente porque ha necesitado los recursos financieros que concede dicho organismo y los que facilita la comunidad internacional a los gobiernos, con el aval del FMI. En ese sentido, es lógico que sería grato saber que Nicaragua no necesitará más créditos extranjeros y que por lo tanto no tendrá necesidad de concertar programas con el FMI, ni someterse a sus condiciones ni a las de ningún otro organismo internacional o país. Y todavía más grato sería que Nicaragua siguiera siendo miembro del FMI, pero ya no como país necesitado de préstamos sino como dador de créditos y de cooperación internacional en general.

De manera que lo cuestionable no sería el hecho en sí mismo de que el gobierno sandinista quiera “liberar” a Nicaragua de los programas del FMI, sino la razón que utilice para romper con este organismo financiero internacional. Es decir, si el gobierno sandinista de Nicaragua rompiera con el Fondo Monetario Internacional, no porque ya no se le necesite sino por razones ideológicas o por compromisos políticos externos, ajenos a los intereses de Nicaragua —es decir, por demagogia populista e izquierdista o por seguirle la corriente a Hugo Chávez y acatar sus “orientaciones”—, esto sería una tremenda irresponsabilidad que inevitablemente arrastraría al país a otra debacle económica, como ya lo hizo el anterior gobierno de Daniel Ortega cuando la revolución sandinista de 1979 a 1990.

Al respecto cabe destaca la opinión del economista independiente doctor José Luis Medal, expresada en declaraciones al Diario LA PRENSA que fueron publicadas en la edición de ayer lunes 29 de enero, 2007, en el sentido de que asegurar como aseguró el presidente Ortega que los acuerdos con el FMI son negativos, pero al mismo tiempo decir que se van a firmar, “es más bien una declaración que tiene un carácter ideológico, es disminuir la capacidad de negociación con este organismo”.

El presidente Daniel Ortega y los miembros de su gobierno sandinista tienen que ser serios y deben manejar con responsabilidad la economía nacional, vale decir, los intereses económicos actuales y futuros de todos y cada uno de los nicaragüenses. Sin duda que Nicaragua necesita los recursos financieros del FMI, así como los demás recursos que se obtienen con su aval. Esto es así porque de tal manera lo dispuso la comunidad internacional desde que creó al FMI en julio de 1944. Así ha sido a partir de que el Fondo comenzó a funcionar, en diciembre de 1945 y a operar financieramente en marzo de 1947. Y es lógico que para obtener los recursos financieros del FMI, el país tenga que cumplir las condiciones establecidas, que se refieren a promover la estabilidad económica y la sanidad financiera, mantener el equilibrio fiscal y contener la inflación, reducir la deuda pública y racionalizar el nuevo endeudamiento, impulsar el crecimiento económico sostenido y ejecutar programas efectivos para la reducción de la pobreza, garantizar la libertad de comercio, etc.

Nicaragua no posee los inmensos recursos petroleros y económicos que tiene Venezuela y por lo tanto los gobernantes sandinistas no pueden darse el “lujo” de cometer las locuras de Hugo Chávez, ni de seguirlo en sus frenéticas aventuras locales e internacionales. Además, como lo explicó muy claramente el economista José Luis Medal en las antes mencionadas declaraciones, no es cierto que el FMI ponga como condición la supresión o reducción de los programas sociales. Por el contrario: “El gasto social puede aumentarse perfectamente si —por ejemplo— se disminuyen los 90 diputados del parlamento o el número de magistrados en otros poderes del Estado”, asegura Medal. Y este es un criterio que compartimos completamente.