Nada personal
De lo que menos pueden acusar a los inmigrantes en Estados Unidos es de vagos. Si no, que le pregunten a los empresarios norteamericanos.
En el condado de Suffolk, estado de Nueva York, a dos legisladores se les ocurrió que para retirar de las esquinas a los indocumentados es preciso aprobar una “ley antivagancia”, mostrando mucho desconocimiento de la situación económica estadounidense.
En calles de diferentes ciudades hay hispanos que esperan a que algún contratista pase y les lleve a trabajar en construcción, jardinería o carga, a riesgo de ser engañados y hasta denunciados ante agentes de Migración para no pagarles.
Esos indocumentados ni siquiera han podido conseguir un número de seguridad social, prestado o falsificado, que les permita buscar un puesto estable en ciertas empresas donde los gerentes contratan a inmigrantes con datos ajenos.
Los empleadores saben cuando un trabajador es indocumentado y, a veces, hasta ellos mismos les dan un número de Seguro de otro, de tal manera que puede haber dos o más personas laborando en distintos lugares con el mismo registro; y el Estado recauda dinero de inmigrantes a los que nunca brinda protección social.
Sin embargo, indocumentados y empleadores empezaron este año con más temor, por las redadas seguidas que hacen las autoridades en los centros laborales, aunque de los más de 700 inmigrantes detenidos la semana pasada en Los Ángeles, California, la mitad fue atrapada en sus casas o apartamentos.
El gobierno de George W. Bush cambió la estrategia y quiere frenar la contratación de indocumentados “con una combinación estricta de cargos delictivos y sanciones económicas”, según informó la Casa Blanca.
Antes, si el Gobierno detectaba una empresa que daba trabajo a indocumentados le aplicaba una multa pequeña, pero una vez pagada el empleador reincidía. Ahora, Bush pretende sancionar por la vía civil y penal a esos empresarios.
Como el Congreso tiene previsto aprobar este año una nueva Ley de Migración, las redadas de inmigrantes parecen ser el preámbulo de una legislación que, lo más probable, otorgue una amnistía a buena parte de los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Por eso, durante el 2006 los agentes de Migración arrestaron a 4,300 inmigrantes en redadas efectuadas en centros de trabajo, con una cantidad siete veces más que en el año 2002, indican los informes de la Casa Blanca.
Aunque la administración Bush trata de deportar a la mayor cantidad posible de indocumentados, antes de la aprobación de la nueva ley, con los operativos del año pasado sólo consiguió detener a 0.03 por ciento del total de extranjeros ilegales que muestran las estadísticas oficiales.
Los deportados son relativamente pocos, los afectados son más. Hay ciudades donde los hispanos se esconden o huyen y las empresas, como la empacadora de carnes Swift & Co, en Iowa, se han quedado sin operarios.
Las redadas de trabajadores indocumentados han causado inestabilidad y, contrario de lo que buscan, nunca han resuelto el problema de la inmigración. Las han hecho por décadas y la población indocumentada sigue aumentando.