Los consejos creados por el presidente Daniel Ortega, por medio de la reforma a la Ley 290 ( Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo) que fue aprobada hace unos días por la Asamblea Nacional, serán organizados en todo el país y van a girar alrededor de prácticamente todas las instancias del poder público ejecutivo. Y seguramente esos consejos serán integrados con miembros del FSLN y partidarios sandinistas en general, mientras que las personas de otras filiaciones políticas o que no pertenezcan a ningún partido, y que formen parte de tales consejos, tendrán que obedecer y cumplir las “orientaciones” del partido oficialista y el Gobierno.

En realidad, a pesar de que los diputados de oposición dijeron que habían “cortado las alas” a los consejos creados por el gobierno sandinista, ya que tal como quedó la ley sus miembros no podrán recibir salarios del erario y “no se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios de Estado”, sin embargo los tales consejos quedaron definidos como “instancias intersectoriales de coordinación, participación y consulta”. O sea que serán “órganos de participación popular”, mecanismos para la práctica de la así llamada “democracia de los ciudadanos” o “democracia directa”, como el presidente sandinista Daniel Ortega y el FSLN llaman ahora a la “democracia popular” que impusieron en los turbulentos años de la revolución sandinista de 1979 a 1990.

Los ciudadanos democráticos de Nicaragua son casi el doble que los simpatizantes sandinistas, si nos atenemos a los resultados de todas las elecciones que se han celebrado en el país desde 1990, incluso las de noviembre pasado que Daniel Ortega ganó gracias al umbral electoral del 35 por ciento que le dieron Arnoldo Alemán y el PLC. Y deben tener los ciudadanos no sandinistas mucho cuidado con la nueva variante de “democracia popular” que se pretende instaurar por medio de los consejos creados en la Ley 290. No hay que perder de vista que quienes hablan de “democracia popular” o “democracia directa” lo que persiguen en la mayor parte de los casos es liquidar a la misma democracia, a la que apellidan despectivamente como democracia formal o democracia burguesa para justificar sus alevosos propósitos. Es muy fuerte y avasalladora la ofensiva “democrática” que hay actualmente contra la democracia, y como muestra están los “botones” de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a los que se podría sumar Nicaragua.

La democracia, para ser efectiva no sólo tiene que fundarse en la voluntad de la mayoría —ya sea relativa o absoluta— sino que también debe respetar de manera incondicional los derechos de las minorías. Las mayorías, tanto las absolutas como las relativas, como es el caso del nuevo Gobierno sandinista, que ganó con el 38 por ciento de los votos a favor pero teniendo en contra el 62 por ciento de los ciudadanos que sufragaron en los comicios presidenciales y legislativos del 6 de noviembre del año pasado, siempre son transitorias y, además, pueden estar equivocadas. Es más, como lo enseña frecuentemente la historia, de hecho las mayorías casi siempre se equivocan.

Una de las mayores virtudes de la democracia representativa, es que se basa en el respeto a la libertad de los ciudadanos y garantiza los derechos de las minorías. Por eso es que no le gusta a quienes quieren servirse de ella para subir al poder y luego establecer regímenes autoritarios y opresivos, bajo títulos altisonantes de “democracia popular”, “democracia participativa”, “democracia directa” o “democracia de los ciudadanos”. En realidad, lo que quieren es sustituir los controles institucionales que la democracia impone al ejercicio del poder público, con mecanismos —correas de transmisión los llamaba Lenin— de “participación popular” que le permitan al líder iluminado comunicarse directamente con las masas.

Lamentablemente la democracia no se protege ni se defiende ella sola. Hay que protegerla y defenderla. Por eso es que Thomas Jefferson advirtió que el precio que se debe pagar por la libertad es el de la eterna vigilancia. De manera que en el caso concreto de Nicaragua, a los consejos sandinistas hay que oponerles otros consejos para la defensa de la democracia y la libertad. Esta debería ser una tarea prioritaria de los partidos políticos democráticos y las organizaciones cívicas de los ciudadanos. Antes de que sea demasiado tarde.