El presidente Daniel Ortega ganó dos puntos contra uno de la Asamblea Nacional. En apenas dos semanas de gobierno, y aprovechando la división liberal en la oposición, logró primero que se prorrogara por un año la aplicación de unas reformas constitucionales que le reducirían considerablemente las facultades en lo relativo al nombramiento de sus ministros y miembros del Cuerpo Diplomático.
Pero además Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consiguieron con una bancada de 38 diputados en el parlamento, la aprobación de una reforma a la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, obteniendo así el mandatario nicaragüense mayores potestades sobre la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, reduciendo facultades a los ministerios de Gobernación y Defensa, y logrando el permiso legal de crear mediante decretos una serie de Consejos o secretarías que no requieren de la ratificación del Poder Legislativo.
Aunque Ortega publicó en un decreto que esos Consejos tendrían amplios alcances institucionales, provocando que diputados de oposición los calificaran como “supraministerios”, al final terminaron siendo “instancias intersectoriales de coordinación, participación y consultas”, a los que no “se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios de Estado”.
“Entendiéndose” por separado con la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Ortega obtuvo casi todo lo que se propuso en apenas dos semanas de gobierno, con una oposición liberal fracturada que se ve resignada a admitir que las primeras iniciativas enviadas por el gobierno son “la punta del iceberg” de una mentalidad que todavía califican como “totalitaria”.
“La iniciativa que introdujo el Presidente (reforma a Ley 290) era totalmente antagónica a los tiempos actuales, se le olvidó que estábamos en el año 2007, en el siglo XXI, y quiso volverse a montar sobre un totalitarismo y gracias a Dios se cambió bastante, diría yo casi un sesenta por ciento”, dijo la jefa de bancada por la ALN, María Eugenia Sequeira.
Con la reforma a la Ley 290, la presidencia de Ortega asumió el control directo sobre varios institutos, un nuevo Ministerio de Energía y Minas, y logró mayores y más directas potestades sobre la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
En la iniciativa que envió, el mandatario se definía como “Jefe Supremo de la Policía Nacional”, aunque la Constitución no le otorga ese rango. En la discusión de la reforma a la Ley 290, Ortega no logró ser nombrado formalmente como “Jefe Supremo de la Policía Nacional”.
De los Consejos presidenciales, la oposición asegura que a través de un decreto Ortega pretendía que fuesen reconocidos como un “supraministerio”, que establecería la vieja promesa de “democracia participativa” o “democracia directa” y que el PLC y la ALN alegan que sería una copia fiel de las Asambleas Populares de Cuba.
“Los Consejos se lograron cambiar bastante, sustancialmente, pero creo que lo que ellos publicaron en La Gaceta, el 10 de enero, es la punta del iceberg de lo que podemos tener en Nicaragua”, alertó Sequeira.
“El pueblo debe estar en alerta, sobre todo el 62 por ciento que está en contra de los CDS y del pasado en Nicaragua. Alertas a la creación de decretos, porque por decretos el presidente Ortega puede buscar cómo suplir lo que se bloqueó en la Asamblea”, añadió Sequeira.
Decreto quedó sin valor, pero FSLN mantiene idea
El diputado por el PLC, Wilfredo Navarro, sostiene que lo aprobado en la reforma a la Ley 290 deja sin valor alguno el decreto publicado por Ortega el pasado 10 de enero.
“La definición es clara: son instancias intersectoriales e interinstitucionales de consulta, participación y apoyo, nada más. No pueden ejercer ninguna función pública, no tienen capacidad ejecutiva, no pueden asumir las funciones de ningún ministerio u organismo de Estado ejecutivo, ni de ningún organismo de los otros poderes del Estado”, explicó Navarro.
En términos legales, los Consejos o Secretarías del Poder Ejecutivo tampoco podrán originar gastos al Estado, ni recibir el presupuesto de ninguna entidad pública. Sus miembros tampoco recibirán ningún pago por participar en las sesiones.
Navarro consideró que el gobierno sandinista insistirá en “vaciar de contenido a la Asamblea Nacional” y a otros ministerios, para asumir nuevos poderes y atribuciones legales.
“Estamos claros, el Frente Sandinista va a volver otra vez a tratar de crear esas instancias, pero en la Asamblea Nacional vamos a estar firmes bloqueando cualquier intento”, argumentó Navarro.
“Nosotros no dudamos que en aras de esa democracia popular y directa que habla el Frente Sandinista quiera sustituir las funciones de la Asamblea Nacional a través de una consulta popular, a través de los Consejos, pero esos Consejos no tienen viabilidad”, agregó.
Vienen reformas a la Ley de Participación ciudadana
El secretario ejecutivo de la bancada sandinista en el parlamento, José Figueroa, comentó días atrás que el Gobierno está interesado en reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley de Municipios, para instaurar en el país una “democracia directa” o “democracia participativa”.
“Lo que tiene que ver con democracia popular, democracia directa, consejos revolucionarios, nos verán en la acera de enfrente, combatiendo con firmeza cualquier intento de cercenar la democracia, o la libertad de expresión, los derechos humanos”, aseguró Navarro.
Los Consejos presidenciales tienen detrás de sí ese espíritu de democracia participativa, han dicho diputados oficialistas.
“El pueblo es el que tiene que ejercer el poder”, dijo Ortega el 10 de enero.
Y Ortega, en declaraciones ofrecidas recientemente, cuestionó a quienes critican la existencia de los Consejos.
“Nosotros sabíamos a qué estaba jugando el Frente Sandinista, de crear el embrión, el núcleo de los famosos Consejos populares, o de consulta directa y que no tenían ninguna viabilidad en la Asamblea, así que nosotros nos dimos a la tarea de definir claramente el ámbito de ejecución de esos Consejos y al final le pusimos la tapa al pomo”, afirmó Navarro.
Al gobierno de Ortega le quedan cinco años más para introducir nuevas iniciativas que buscan establecer en Nicaragua la democracia directa, mientras la oposición liberal continúa en una lucha intestina, cuyos primeros resultados fueron otorgar al gobierno sandinista más poderes.
“Llegamos para quedarnos” dijo Chávez
Y Ortega, según el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es uno de esos hombres que “lucha toda la vida”, tanto así que buscó volver a la Presidencia de Nicaragua durante 16 años y lo logró.
“Sólo que yo le comentaba hoy a Daniel, y ustedes los nicaragüenses deben saberlo, que en cinco años es poco lo que se puede hacer, para sacar ¡de abajo! a un país. Yo ya tengo ocho años y ¡ahora es cuando falta! Me he juramentado para seis más. ¡Dios sabrá y el pueblo! hasta cuándo será, pero, realmente, la democracia representativa no es sino, ¡una trampa! que nos impusieron, desde los centros hegemónicos del poder”, dijo Chávez en su discurso de aceptación del doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad Nacional de Ingeniería, el recién pasado 11 de enero.
Ortega interesado en transformar la estructura del poder nacional
En el artículo cuatro del Decreto 03-2007 publicado en La Gaceta del miércoles 10 de enero, el mismo día en que el presidente Daniel Ortega asumió oficialmente la Presidencia de la República, se establecen cuatro Consejos: Consejo de Políticas Públicas; Consejo de Seguridad y Soberanía Alimentaria; Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y el Consejo de la Costa Caribe.
Aunque el artículo 19 de la reforma recientemente aprobada a la Ley 290 del Poder Ejecutivo le resta facultades ejecutivas a los Consejos, el Consejo de Políticas Públicas, de acuerdo al Decreto de Ortega, tiene entre sus facultades “lograr la institucionalidad de la democracia de ciudadanía en una democracia directa”, todo en coordinación con un Consejo Ciudadano de Gobierno Nacional que se formaría en el futuro.
Habría que destacar que este Consejo también tiene la misión de “transformar la estructura del poder nacional” para hacer realidad la democracia directa.
La facultades de este Consejo, presidido por Paul Herbert Oquis Kelley, según el Decreto tácitamente derogado por la reforma a la 290, tenía establecidas las siguientes facultades conforme al artículo 8:
Inciso a: Elaborar para aprobación del Presidente, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia, una Estrategia de Políticas Nacionales dentro de un marco de la democracia directa y basado en los criterios de:
Priorización rigurosa de acuerdo a los objetivos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional: políticas explícitas y claras, entendibles para los ciudadanos; discusión y formulación participativa por consenso ciudadano, eventualmente, aprobación en Consejos Ciudadanos; soluciones definitivas nacionales y no paliativas; soluciones nacionales para todos y no “pilotos” que benefician a unos pocos.
Inciso b: Coordinación de los procesos de decisión y gestión de las políticas nacionales prioritarias en estrecha colaboración con los actores e involucrados del gobierno y de la ciudadanía participante como expresión de la democracia directa en una democracia de ciudadanos.
Inciso c: Monitoreo y evaluación de la gestión gubernamental de políticas nacionales priorizadas con relación a resultados, cumplimiento, plazos y responsabilidades ante los Consejos Ciudadanos, así como la recomendación de acciones de corrección u optimización, incluyendo aquellas de los Consejos Ciudadanos, para facilitar la auditoría social como manifestación de la democracia de ciudadanía en una democracia directa.
Inciso d: Garantizar en coordinación con el Consejo Nacional de Comunicación y Ciudadanía (presidido por la Primera Dama, Rosario Murillo) la formación de los Consejos Ciudadanos Intersectoriales y el Consejo Ciudadano de Gobierno Nacional, cuando se forme, así como sus relaciones con los Consejos Ciudadanos departamentales y de las Regiones Autónomas RAAN y RAAS, municipales y comarcales, barriales y distritales para lograr la institucionalidad de la democracia de ciudadanía en una democracia directa.
Inciso e: Promover el cumplimiento de los objetivos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en los procesos de decisión y de gestión del Gobierno de tal manera que efectivamente transformar la estructura de Poder Nacional y volver real la participación de los y las ciudadanos(as) y de la democracia de ciudadanía por medio de la democracia directa. En coordinación con el Consejo Nacional de Comunicación y Ciudadanía.
