Los sandinistas en su reinado de los ochenta crearon docenas de instituciones estatales en las que al director ejecutivo (o director general, presidente, coordinador, asesor principal, etc.) se le daba por decreto el rango de “ministro”.
Así, cuando doña Violeta recibió el “nacatamal” del gobierno, convocar un gabinete ampliado implicaba conseguir un local en que cupieran más de un centenar de ranqueados.
Tuvieron que transcurrir casi cuatro lustros de reformas institucionales forzadas, para que a los últimos gabinetes ampliados de la “nueva era” ya sólo asistieran 12 ministros y tal vez algunos otros funcionarios considerados como tales, aunque sus leyes orgánicas y/o nombramientos no les dieran (formalmente) el rango.
Pienso que hubo momentos en la eterna reforma del Estado, en que las condicionalidades de los ajustes estructurales obligaron a quitar de las leyes y decretos el poder de otorgar “rango de ministro” a los directores de entes autónomos, entes gubernamentales, institutos, corporaciones, administraciones desconcentradas, etc.
Y es que los tales “ajustes” —ya casi nadie lo recuerda—, los tuvieron que comenzar los propios sandinistas desde cuando, en 1988, realizaron aquellas tristes “compactaciones”. ¿Alguien se acuerda?
Hoy, con nuestro recién inaugurado nuevo gobierno (los gobiernos no cambian, sólo los gobernantes), surgen terroríficos indicios de querer regresar a la otorgadera de rangos ministeriales, y lo que es más grave, la creación de un montón de nuevos “institutos” que lo que buscan es autonomía de los ministros verdaderos, y por supuesto todos quieren estar adscritos (otra palabra popularizada en los ochenta) a la Presidencia.
Como de las nuevas reformas sometidas por el presidente Ortega a la Asamblea, y aprobadas por ésta, muy poco detalle se conoce (o muy poco pueden publicar los medios por falta de espacio), he oído de institutos de deportes, de instituto de pesca, de administración de minas pasando a nuevos ministerios, de instituto de turismo que no quieren salir de la falda del Presidente, de nuevas asesorías económicas con “rango de ministro”.
Y no me queda claro si también lo tendrán (el rango) la nueva oficina de comunicación (con un nombre bien esotérico que no me he podido aprender) y las otras secretarías de la Presidencia, o si los presidentes de los nuevos consejos ministeriales y departamentales igualmente van a ser tratados como ministros.
Si así fuere, para poder llevar a efecto con tanta gente los próximos gabinetes ampliados entonces sí pareciera hacer sentido el traslado al Olof Palme. Ahí alcanzarían perfectamente todos, en el auditorio principal.
Y es que haciendo sólo unas pocas elucubraciones del por qué de esta eterna “ministritis” que padecemos los nicaragüenses, no podemos olvidar el brillante tratado escrito por el doctor León Núñez, que describe hasta la saciedad el fatal Síndrome del Figureo.
Pasando también por todo lo que implica el rango en materia de vehículos, asistentes, prerrogativas, en fin, estatus de los nominados. Todo eso pese a los nuevos sueldos aprobados y que nuevamente ya no habrá tarjetas de crédito (¿se acuerdan cuando los ministros de Alemán rompieron con tijera las suyas ante la televisión nacional?).
Es una lástima que desandemos lo andado. Ojalá yo esté mal informado, pero ¿qué hacen las minas (oro, plata y canteras que es lo que tenemos) pasando a un ministerio de energía (a menos que esperen descubrir minas de uranio o carbón que dicen los geólogos que no hay). Así como ¿por qué necesitan los pescadores un instituto autónomo? ¿Y por qué Intur no puede coordinarse con el ministro del Mific?
Y ese ministerio de energía ¿qué hace atrayendo a las minas si más bien debiera soltar los hidrocarburos y geotermia como exploración y explotación de recursos naturales, o los hidrocarburos como regulación de la venta de combustibles? Aunque estos últimos sí tienen algo que ver con energía, corresponden más al Ministerio que se encargue del fomento del aprovechamiento de recursos naturales, o a la regulación comercial, para que entonces una entidad de energía se enfoque realmente en políticas energéticas.
A fin de cuentas, el INE de los ochenta tuvo rango de ministerio y, ¿que pasó con la energía entonces?
La tragedia es que con todo este relajo no se logran hacer políticas sectoriales coherentes, ni se logra que —zapatero a tu zapato— cada quien haga lo que le toque, especialmente en llevar a cabo las importantísimas funciones de control, que no pueden ni deben estar nunca en la misma institución que dicta la política y las normas.
Y es que la culpa no es sólo del Gobierno o la Asamblea Nacional, sino de los usuarios criollos que ya andan con el pito y el tambor apoyando o exigiendo cada quien “su ministro” (o al menos el rango). Porque este es otro síndrome: cada subsector quiere su ministro, y es raro que no hayan salido todavía los forestales y los ganaderos queriéndose salir del Magfor, ni los de Pyme saliendo del Mific.
Ojalá se lograra mantener el esquema lo más simple posible, pues no es sólo el rango el que da poder. Sólo para poner un ejemplo, Byron Jerez mandaba más que cualquier ministro en tiempos de Alemán. Y aunque la energía es prioridad número uno en este momento, ¿por qué no ponerla en un ministerio de Infraestructura (que sonó hace unos años) (y suena bien) junto a construcción y transporte, que también son críticos, y con puertos y aeropuertos?
Aunque mejor no enredemos más la cosa. ¡Dios salve a Nicaragua!