Palma defiende su trabajo En una entrevista concedida a LA PRENSA en días recientes, el juez Edward Peter Palma defendió sus actuaciones y consideró que ha actuado conforme a la Ley. Argumentó que en el caso de las penas mínimas otorgadas a personas capturadas con grandes sumas de dinero (procesadas por contrabando), en las audiencias de debate de pena las partes han estado de acuerdo con otorgarlas (las penas mínimas). “Una cosa es decir se saca a todo mundo, pero por decirle los casos más relevantes, en el caso del 27 de agosto 2006, en el que se procesó a Julio César González Peña por transportar 2 millones 219 mil 400 dólares, en audiencia de debate de pena la fiscal pidió la pena mínima de prisión, es decir tres años, considerando que no existía ningún agravante de su conducta anterior, la Procuraduría estuvo de acuerdo”, dijo Palma. Agregó que “si la representante me dice ponga tres años no le puedo poner cinco… distinto cuando son penas diferentes… la Ley dice que cuando se da pena mínima y no hay antecedentes podés aplicar un criterio establecido en el artículo 103 del código penal, sobre la suspensión de esa condena”, argumentó. El juicio oral y público en el que se juzgará a dos ciudadanos por el delito del asesinato en contra de la joven Doris Ivania Jiménez Alvarado no se hará este viernes tal y como estaba programado, puesto que no se convocaron a las partes para la selección del jurado. Este es uno de los casos por los que el juez Edward Peter Palma es investigado.

Un informe carente de criterio y de análisis sobre la actuación del juez de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, Edward Peter Palma Mora, motivó la propuesta del magistrado Edgard Navas para que el judicial comparezca ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Navas, miembro del Consejo Nacional de Administración y la Carrera Judicial, informó que hará la propuesta ante el resto de miembros para que el juez Palma, personalmente, dé las explicaciones sobre su actuación en los casos por los cuales es investigado y además se auxilie de los expedientes.

Una comisión integrada para investigar al juez se trasladó hasta el departamento de Rivas para hacer una inspección, pero los resultados plasmados en un informe, “no convencen”, indicó el magistrado.

En el informe, la comisión liderada por la Inspectoría Judicial se limita a relatar los actos o procedimientos realizados pero no hay apreciaciones sobre lo incorrecto o no de las actuaciones en los casos donde se presume hay irregularidades.

“El informe no nos satisface para nada”, declaró el magistrado judicial.

La citatoria será programada para la semana próxima si Navas encuentra apertura a su propuesta entre los demás magistrados del Consejo.

BOTINES MAL DISTRIBUIDOS

En tanto, el Procurador Penal Específico, Iván Lara Palacios, recordó que existen varias sentencias en las que el juez Palma ha ordenado la repartición de millonarias sumas de dinero incautadas, al margen de las leyes.

Lara se refiere a juicios incoados a nacionales y extranjeros por defraudación y contrabando aduanero en cuyas sentencias se estipula la repartición del dinero incluyendo a la Corte Suprema, en contravención a la Ley 42 ó Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero.

“La ley establece cuál es la forma precisa en que tiene que distribuirse entre la Dirección General de Aduanas y la Policía Nacional, sin embargo también se han pasado algunos fondos a instituciones que no corresponde y es lo que la PGR ha protestado”, indicó.

En estos juicios están de por medio más de tres millones de dólares, pero según el magistrado Navas, existe el acuerdo entre todas las instituciones involucradas para que la repartición se haga de esta forma, lo que despejará los casos que se encuentran en Apelaciones.