De acuerdo a estadísticas de la Contraloría General de la República (CGR), el Estado ha dejado de percibir en los últimos años más de mil 500 millones de córdobas y unos 40 millones de dólares, en glosas o cobros que debieron haberse realizado a los funcionarios públicos que con su mala actuación causaron algún daño económico al país.

El contralor colegiado Lino Hernández Triguero informó que esas cifras podrían aumentar en un recuento de todos los casos que actualmente realiza la institución fiscalizadora para entregarlos a la Procuraduría General de la República (PGR).

Agregó que desde el año 2000, la CGR ha dictado numerosas resoluciones sobre casos de corrupción en los que han incurrido funcionarios públicos de las últimas administraciones y las conclusiones han sido enviadas a la PGR para que procediera a realizar el cobro, pero que el entonces titular de esa institución nunca hizo nada.

Sobre el mismo tema, el contralor Luis Ángel Montenegro indicó que en reiteradas ocasiones se reunieron con las administraciones pasadas de la PGR para explicarle la situación y la necesidad de que el Estado recuperara el dinero perdido.

“Las veces que nos reunimos, les pedimos que procedieran conforme las leyes, pero nunca hicieron nada”, indicó.

Señaló que con la nueva administración espera que la PGR proceda a cobrar esas glosas para resarcir el daño económico que le causaron al Estado nicaragüense.

El Procurador General, Hernán Estrada, informó que envió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para empezar a hacer los trámites, mediante la emisión de títulos de crédito.

Según el procurador penal específico, Iván Lara Palacios, en Nicaragua nunca han sido cobradas las glosas y consideró que, hacer efectivo este cobro, no depende únicamente de la PGR, sino también del Ministerio de Hacienda que debe emitir unos títulos de crédito para que la Procuraduría pueda ejecutarlos en la vía judicial.

Precisó que no existe un procedimiento establecido y más bien hay “una especie de vacío legal para que Hacienda emita este título de crédito”, lo cual es uno de los obstáculos para el Estado.

Un diagnóstico del sistema de justicia elaborado por la Unión Europea (UE), presentado a finales del año pasado, revela que el Estado no ha podido recuperar 33.4 millones de dólares sacados ilegalmente de sus arcas entre 1999 y junio del 2004, porque la PGR no ha ejercido las acciones legales correspondientes, por falta de capacidad operativa.