Las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) durante la Presidencia de Enrique Bolaños Geyer, fueron beneficiados con escandalosas asignaciones de combustibles para su uso discrecional, de acuerdo a un reporte financiero en poder de LA PRENSA.
El documento detalla que el despacho del Ministro tenía asignados 3,060 litros de diesel mensuales (un poco más de 794 galones), mientras que el despacho del Viceministro era beneficiado con 2,060 litros mensuales (535 galones), que supuestamente fueron utilizados en diligencias que en la gran mayoría de los casos no estaban vinculadas a actividades propias del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
En el despacho del Secretario General también llovía mucha gasolina, a un promedio de 776 litros mensuales (201 galones).
LA PRENSA buscó las versiones de los tres ex titulares del MTI durante la administración Bolaños, pero sólo Ricardo Vega Jackson respondió.
Pedro Solórzano y Ariel López Parra no contestaron el teléfono, de su casa, el primero; ni el móvil, el segundo.
VEGA JAKSON CONFIRMA
Vega Jackson confirmó que estas asignaciones estaban establecidas cuando asumió el cargo, luego que Bolaños trasladó a Solórzano como Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República.
Solórzano fue el funcionario que más tiempo estuvo al frente de esa cartera. Durante los cuatro años que dirigió el MTI, Solórzano fue favorecido con 38,112 galones de diesel para su uso discrecional, de acuerdo a cálculos de LA PRENSA en base a datos reflejados en el reporte administrativo financiero al cual tuvimos acceso.
“Yo me escandalicé cuando miré esa barbaridad de gasolina. Por eso decidí que iba a utilizar solamente el combustible que necesitara en realidad, que eran solamente como 300 galones, porque yo pasaba mucha parte de mi tiempo visitando proyectos y carreteras. El resto se lo daba al Departamento de Vialidad, que son los que viajan constantemente por todo el país”, aseguró Vega Jackson, vía telefónica .
El ex funcionario dijo desconocer cuál era el uso que le daban a ese combustible tanto Solórzano como López Parra; éste último fue viceministro de esa cartera y luego asumió la titularidad del MTI cuando Vega Jackson renunció debido a sus diferencias con Bolaños.
“Lo que yo sé es que Solórzano daba gasolina a periodistas ‘venaderos’ que le hacían artículos favorables a él, pero de allí no sé qué más hacían. Cuando yo llegué al Ministerio encontré carro y combustible asignado a ‘un vergazo’ de gente. Yo llegué a poner en orden eso al Ministerio, porque me parecía indignante que andaban carros nuevos haciendo mandados de colegios y supermercados, y los ingenieros que iban a los proyectos, se iban en cacharpas”, afirmó Vega Jackson.
Relató que fue esta regulación al uso de carros y del combustible lo que provocó sus primeros roces con Bolaños, ya que muchos de los afectados fueron a quejarse a donde el (ex) mandatario.
“Cuando las planilleras de Pedro (Solórzano) le fueron a poner quejas al Presidente (Bolaños), fue que se mandó a devolver carros a mucha de esa gente. Aprovecharon que yo estaba fuera del país, y el muchachito que estaba de viceministro (Ariel López Parra) emitió una normativa donde le mandaba a devolver el carro y la gasolina a mucha gente”, dijo Vega Jackson.
CUARTA PRESUNCIÓN PENAL
Por otra parte, la Contraloría General de la República (CGR) estableció ayer presunción de responsabilidad penal contra el ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, por el caso de la inconclusa construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule.
Los contralores estimaron en 3.9 millones dólares y seis millones de córdobas, el perjuicio económico causado al Estado por el ex ministro Solórzano.
Solórzano, en declaraciones a la Contraloría, había alegado que los argumentos de la entidad fiscalizadora no eran suficientes para establecer perjuicio económico al Estado. “Todo el dinero está invertido en la carreta Chinandega-El Guasaule”, dijo en esa ocasión.
Sin embargo, los auditores establecieron que los alegatos de Solórzano no eran suficientes para desvanecer los hallazgos y que éste había utilizado fondos que no estaban aprobados por la Asamblea Nacional, para pagar la segunda fase del proyecto, sin que se hubiese concluido la primera fase.
En esta misma resolución la CGR determinó una responsabilidad administrativa para quien fuera el Secretario General del MTI, Alejandro Ríos Castillo, dijo el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.
De acuerdo al procedimiento legal, la CGR enviaría copias de su resolución a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público, para que este último proceda con una acusación.
Según la auditoría efectuada por la CGR, Solórzano contrató a la empresa mexicana Tradeco Infraestructura, S.A., de CV, para la construcción de la carretera Chinandega-El Guasaule, pactando un precio de 22 millones de dólares que incluía impuestos municipales e Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la ejecución de la primera fase del proyecto de 44.5 kilómetros . La primera fase del proyecto no fue concluida, pese a existir los recursos financieros para su ejecución.
Agrega la auditoría que se utilizaron 3,994,221 millones de dólares para ejecutar una segunda fase del proyecto, sin que dichos fondos estuviesen autorizados.
SEIS MILLONES MÁS
El documento también indica que Solórzano contrató al consorcio Tec & CIA-IDIS, para que supervisara la obra. El valor del contrato era de 8.7 millones de córdobas, pero Solórzano firmó un adéndum al contrato, de manera ilegal, y pagó 14.8 millones de córdobas, es decir poco más de seis millones de lo originalmente pactado.
Esta sería la cuarta presunción de responsabilidad penal contra Solórzano. La CGR lo “pegó” por la falta de transparencia en la entrega de 12 millones de córdobas a los buseros, por irregularidades en el proyecto de ampliación de la carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, y por la compra irregular de unos terrenos para la construcción de un desvío en El Coyotepe, que nunca se hizo.
