El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, señaló que la Asamblea Nacional es la precursora de la reducción salarial, al recordar que en el 2005 se aprobó una Ley de Regulación Salarial que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia después de aceptar los centenares de recursos presentados por funcionarios del anterior gobierno.
“Nosotros aprobamos una Ley de Reducción Salarial a los funcionarios públicos, sin embargo don Enrique Bolaños y sus ministros se confabularon con la Corte Suprema de Justicia y en aquel momento dijeron que era inconstitucional”, comentó Rodríguez.
El parlamentario indicó que la bancada liberal va a luchar por revivir esa ley, en la que la reducción iría tanto para diputados como para magistrados de los otros poderes del Estado.
Reducción es simbólica
El director del Centro de Investigaciones y Asesoría Económica (Cinase), Sergio Santamaría, aseguró ayer que la reducción salarial propuesta por el presidente Daniel Ortega representa una señal “simbólica” y “política” que ya había sido anunciada durante la campaña electoral.
Santamaría participó en el programa Primera Plana, de LA PRENSA y Canal 2, donde manifestó que según las estimaciones que el Cinase había realizado, el impacto de la reducción salarial propuesta por el mandatario iba a ser de aproximadamente unos cien millones de córdobas.
Sin embargo, el ahorro calculado por el gobierno sería de once millones de córdobas al año.
Según Santamaría, en esta proyección habían incluido la reducción de un cincuenta por ciento en los salarios de magistrados, contralores, diputados, entre otros funcionarios públicos.
Asimismo expresó que si el ahorro proyectado por el mandatario es comparado con el Presupuesto General de la República, es “una cifra relativamente marginal”.
REACCIONES ENCONTRADAS
El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Freddy Tórrez Montes, declaró que los salarios de los funcionarios “deben estar en correspondencia con los cargos”, y recordó que cuando los sandinistas perdieron el poder en 1990, los funcionarios de Estado de aquella época “justificaron la piñata” al decir que su salario era mínimo, por lo que se quedaron con las propiedades.
Por su parte, el diputado Eduardo Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), sí respaldó la iniciativa de Ortega y se pronunció a favor de una reducción salarial en todos los poderes e instituciones del Estado.
Mientras, el jefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens, cuyo salario neto es de casi 68 mil córdobas mensuales, mencionó que desconoce a cuánto se reducirá su paga.
La Corte Plena
Cuando la Ley de Regulación Salarial se aprobó en el 2005, más de 250 recursos se presentaron en su contra por parte de funcionarios públicos que rechazaban la reducción propuesta en la ley, que finalmente fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.
En esa oportunidad, el magistrado Francisco Rosales señaló que una ley ordinaria no podía regular la materia y que en todo caso el asunto es más propio de una constituyente.
“No puede la Asamblea Nacional interferir en la organización del Poder Judicial, porque éste tiene que tener independencia absoluta y la forma precisamente de presión que se ha utilizado históricamente ha sido vía presupuesto y vía salario”, argumentó, en esa oportunidad.
Rafael Solís, vicepresidente de la Corte, valoró de positiva la reducción de los salarios en el Ejecutivo, pero considera que para que esa medida se aplique en el Poder Judicial, tendría que analizarse en Corte Plena.
Aseguró que los magistrados de la Corte ganan 4,300 dólares, pero sin tarjetas de crédito ni otros privilegios.
“Eso se terminó hace cuatro años”, dijo Solís
(Con la colaboración de Carlos Martínez).
