Aunque el Ministro de Educación, Miguel de Castilla, fustiga correctamente la falta de atención al sistema de educación pública en los 16 años pasados, al parecer se le escapa que a más tardar de 1984 en adelante la educación ya pasó al último lugar de las prioridades, expresándose en que el magisterio tiene las peores condiciones de vida comparadas con otros empleados públicos, en particular de aquellos clasificados como “vitales”.
Consecuentemente las facultades de Ciencias de Educación tenía que llenar sus cupos con estudiantes en tercera y cuarta opción. Un estudio interno ya de 1988 revelaba que la abrumadora mayoría de los estudiantes de estas facultades aspiraba a cualquier oficio salvo al magisterio. El mismo efecto se pudo observar en las escuelas normales, donde para contrarrestarlo se les limitaba las opciones para estudios universitarios a ciencias de la educación con el subsiguiente colapso del sistema de escuelas normales.
Como me constó aquel entonces, me consta que hasta hoy el panorama no ha cambiado. Dicho de otra forma, las políticas de 1990 en adelante antes de introducir elementos distorsionantes nuevos, más bien continuaron por un rumbo ya predefinido antes, posponiendo siempre la atención a la educación como supuestamente problema social para “tiempos mejores”. Es hasta en el último quinquenio que al menos en cifras del presupuesto se observa una paulatina recuperación, aunque de todas formas completamente insuficiente en comparación a los efectos del crecimiento poblacional.
Obviamente el deterioro de la educación pública continuaba, tanto en recursos materiales como recursos espirituales, más aún cuando la recuperación y proliferación de escuelas y colegios privados les abrió alternativas a algunos, reflejándose esto directamente en la composición del primer ingreso a las universidades públicas, donde hoy por hoy los últimos constituyen la mayoría en las carreras apetecidas.
Las consecuencias de más de 23 años de desatención se reflejan en las estadísticas del censo poblacional del 2005. De la mano de obra entre 15 y 35 años —los que salieron del sistema de educación pública entre 1990 y 2005— el 52 por ciento nunca recibió una educación más allá de la primaria, al menos la mitad de ellos ni siquiera logró concluirla y un tercio nunca vio una escuela por adentro. Hay entonces unos 966 mil jóvenes sin perspectiva alguna, pues en su momento se les negó el derecho elemental a la educación.
Comparto plenamente con el Ministro de Educación que es urgente darle a la educación la prioridad 1, y no sólo pensando en los educandos sino en el país como tal. Sin educación no hay desarrollo y sin desarrollo no habrá soberanía. Pero el problema de fondo no es un problema al alcance sólo del gobierno, mucho menos del Ministro de Educación. Tampoco basta concentrarse solamente en el sistema de educación pública escolar. Urgen programas integrales de atención y calificación laboral para estos 966 mil jóvenes, sacrificados durante más que 23 años en espera de mejores tiempos.
De esta generación perdida depende el desarrollo del país durante los próximos 20 años. Serán igualmente 20 años más perdidos, si los sectores productivos no asumen el reto de meterse de lleno a la educación laboral como una oportunidad única.
