La Policía Nacional investiga una supuesta red de traficantes de tierras que aparentemente se quiere apropiar de un terreno del Estado nicaragüense, de casi dos manzanas de extensión, ubicado en el Reparto San Juan, en Managua.
De acuerdo a su ubicación, se calcula que esa propiedad podría tener un valor de casi medio millón de dólares.
La Policía investiga este hecho, en base a una denuncia que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se menciona el nombre de monseñor Federico Argüello Solórzano, uno de los guías espirituales de mayor edad en el país.
Las autoridades policiales no descartan la posibilidad de que los traficantes de tierras estén utilizando a monseñor Argüello Solórzano para robarse la valiosa propiedad, que prácticamente está en una zona céntrica de la capital.
De acuerdo a un documento en poder de LA PRENSA, el despojo se materializaría a través de una escritura pública, aparentemente sin ningún valor legal, que el sacerdote católico intentó inscribir en el Registro de la Propiedad de Managua.
Según monseñor Argüello Solórzano, esa propiedad pertenece a un señor identificado como Donald Tomás Díaz, quien supuestamente se la compró al Estado de Nicaragua en 1977, pero que por diversas razones nunca la pudo inscribir.
Agregó que hace unos meses, el supuesto dueño la intentó vender para obtener dinero y cubrir los gastos que debe hacer en la curación de una enfermedad, pero se vio imposibilitado de concretar esa gestión debido a que supuestamente tiene incompletos los documentos que lo acreditan como dueño.
Según monseñor Argüello Solórzano, para contrarrestar las dificultades el supuesto dueño de la propiedad decidió donarla a una fundación benéfica que dirige el religioso.
Agregó que después de ese acuerdo, monseñor Argüello se dirigió al Registro de la Propiedad a inscribir el inmueble, pero en ese lugar le impidieron concluir el proceso.
En su declaración, monseñor Argüello Solórzano señala también que la falta de documentos que acreditan a Donald Tomás Díaz como dueño de esa propiedad, es lo que impide que la donación se concrete.
Indicó que después de analizar la situación, concluyó que el Estado seguía siendo dueño de ese inmueble, y para llevar a buen término el proceso de donación, decidió buscar ayuda de la PGR.
En esa institución supuestamente le elaboraron una escritura pública en la cual se certificó que el Estado le donaba la propiedad en mención.
El documento supuestamente fue elaborado por el notario dos de la Procuraduría General de la República, José Miguel Guevara Tórrez, con el visto bueno del anterior subprocurador Víctor Manuel Talavera Huete.
Fuentes de la Policía Nacional informaron que como parte de la investigación del caso, fue llamado a declarar el anterior subprocurador Víctor Manuel Talavera.
La misma fuente señaló que en el proceso de investigación han realizado peritajes sobre las firmas y los sellos contenidos en algunos documentos relacionados con el caso.
El doctor Talavera Huete aseguró ayer que no ha autorizado ninguna donación de propiedad del Estado a la fundación que dirige monseñor Argüello Solórzano.
Agregó que monseñor jamás llegó a su despacho solicitando autorización para que se realizara la donación de la propiedad, como tampoco envió al notario memorándum alguno relacionado con la falta de escritura. “Por lo tanto, reafirmo que no he suscrito escritura alguna sobre donación en dicho reparto para monseñor Argüello” , dijo Talavera Huete.
Agregó que el notario que se menciona en la escritura, trabaja en la PGR, pero mencionó que tuvo en sus manos ese documento y puede asegurar que ese instrumento es falso al igual que todos los datos registrales.
“Inclusive, cuando me enteré del caso, fui a revisar el protocolo del notario en mención y pude comprobar que nunca para esa fecha se había realizado la escritura número 39”, dijo Talavera.
