La nueva Ley Orgánica de la Asamblea Nacional genera suspicacias y una ligera sospecha, indicó el comunicólogo Guillermo Rothschuh Villanueva.

El artículo 52 de la Ley establece que un ciudadano está en la obligación de rendir informe ante la Asamblea Nacional bajo el apercibimiento de caer en desacato de no hacerlo.

“Estamos en la obligación de hacer un llamado a los políticos, en el sentido de que ellos se comprometieron en diciembre a que abría una reformulación de ese artículo”, advirtió Rothshuch.

El especialista señaló que los diputados corren el riesgo de verse hundidos en los sondeos de opinión si no replantean dicho acápite de la Ley.

Rothschuh alertó que el desacato está contemplado en el Código Penal pero se ha combatido para que se elimine, “en vista de que los funcionarios públicos tienen una enorme ventaja frente al ciudadano común y entonces no deben gozar de esas prerrogativas”.

“Por eso es que desde México a la Patagonia, excluyamos Estados Unidos donde no existe esa figura, hay una lucha de las organizaciones gremiales y de las organizaciones periodísticas para que el desacato deje de existir, es un figura perversa que en verdad atenta de una u otra manera en contra de la libertad de expresión”.

PROTEGER LO YA GANADO

“Los periodistas no están pidiendo más protecciones de las que ya tienen. Los periodistas ya gozan de varias protecciones. Tenemos que garantizar las que ya existen, no se está pidiendo ir más allá”, reafirmó.

Lo que se está planteando es una protección a la ciudadanía “y que evitemos un fuero atractivo que dichosamente ya fue superado en Nicaragua”.

Rothschuh añadió que la prerrogativa del secreto profesional a favor de los periodistas debe mantenerse.

“Debemos dejar establecido de manera taxativa para que lo entiendan no sólo los políticos sino la ciudadanía en general, que los materiales que los comunicadores y los periodistas obtienen a través del periodismo investigativo, es un material que le pertenece a ellos y que las funciones que realizan tanto la Policía como la Corte, difieren de las funciones que realiza el periodismo”.

Por lo tanto, aseveró, “estamos frente a instituciones con quehaceres autónomos e independientes y no conviene que continúe vigente el desacato como una espada de Damocles”.

Rothschuh advirtió que en Guardianes de la Dinastía, de Richard Millett, “uno se encuentra con que la Guardia Nacional en los lugares alejados —ese engendro que creó la marinería norteamericana durante la segunda ocupación de 1926 a 1932— ejercía las funciones de Policía y funciones judiciales: era juez y parte”.

“Eso no debe volver a ocurrir en la historia contemporánea de Nicaragua, eso debe eliminarse para siempre”.

la reserva de la fuente

Rothschuh dijo estar de acuerdo con la tendencia modernizante de los Códigos de Ética, “en el sentido de que —en general— el periodista está obligado a revelar su fuente y únicamente guardarlas en aquel caso donde se pone en peligro tanto la vida o intereses de una u otra naturaleza”.

“Pero aquí en Nicaragua estamos operando a la inversa: creemos que la protección de la fuente es generalizada”, apuntó.

Rothschuh insistió que el desacato tiene que ver con el ejercicio profesional del periodismo.

“Hay fallos muy importantes en diversos países de América Latina, donde se ha beneficiado al periodista, en el sentido de que estando el funcionario público en una situación ventajosa y en la que debe ser permeable a a la crítica, en donde debe darse cuenta de que es verdad que existe una relación simbiótica entre medios y poder; también debe reconocer que existe una labor de fiscalización del poder, a la cual los medios no deben ni pueden renunciar”.

Tal relación no da a pie a abusos. “Y no por eso vas a llamarlos para saldar cuentas en caso de que recibas críticas —unas veces acerbas, unas veces acertadas y unas veces que se van más allá de la medida”.

GRAVES ANTECEDENTES

Rothschuh recordó que en Nicaragua ya se produjo el caso del periodista de LA PRENSA, Luis Felipe Palacios, quien fue coaccionado por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, a instancias del entonces inspector general del Ejército, Roberto Calderón.

“Le estaban pidiendo que entregara los materiales, y él no tiene por qué entregar ningún material”, reafirmó.

A juicio de Rothschuh, hay que reformular la Ley Orgánica de la Asamblea de tal modo que la ciudadanía pueda participar ante un llamado de la Asamblea pero sin apercibimiento de ningún tipo.

Asimismo, “el desacato debe eliminarse y ya existe la oportunidad: se tiene que continuar la discusión en esta legislatura del nuevo Código Penal y ahí debe desaparecer para siempre. Es una figura perversa. Es una figura que sólo daño causa al ejercicio de la profesión periodística y creemos que por hoy en Nicaragua el periodismo ha crecido, independientemente de que unos insistan con la nota roja”.

Eliminar el desacato y reformular la Ley Orgánica son los dos primeros desafíos para la clase política nicaragüense y son campanadas de alerta para el periodismo.

“Son inquietantes por los poderes extralimitados que se conceden los miembros de la Asamblea Nacional”, recalcó Rothschuh.

Carlos Tünnermann, jurista: “Hay peligros”

El obligar a los comunicadores a rendir informe obligatorio so pena de desacato tal como lo pretenden los diputados, es un peligro para la libertad de expresión, resaltó el jurista Carlos Tünnermann.

El miembro del Movimiento por Nicaragua recordó que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional por contener roces constitucionales y lesionar varios artículos de la Carta Magna.

Tünnermann indicó que el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, referido a la asistencia obligada de particulares a que rindan informes a los diputados, bajo juramento, es un peligro para la democracia.

El juramento implica una vinculación de tipo confesional que no cabe en un Estado que es laico, advirtió Tünnermann.

“La renuencia a responder será sancionada como desacato a la autoridad, debiendo ponerse la denuncia correspondiente al Ministerio Público”, remata el artículo.

A juicio de Tünnermann, la Asamblea está facultada por la Constitución a pedir informes a los funcionarios públicos, conforme al artículo 138 numeral 4 de la Carta Magna, so pena de ser destituido o sometido a apremio corporal. “Pero se refiere a funcionarios no a particulares”, señaló.

“Está creando la Asamblea un fuero atractivo (sobre los ciudadanos) que no está permitido por la ley”, aseveró.

MAYOR PELIGRO

Agregó que este artículo 52 “es el que representa el mayor peligro tanto para los ciudadanos como para periodistas y para personas que participan en los debates de opinión pública”.

“En cualquier momento le pueden mandar a pedir a un periodista a que concurra y presente un informe sobre dónde obtuvo esa información”.

Tünnermann consideró que por ejemplo en el caso del periodismo investigativo, baluarte en la denuncia de la corrupción pública, podría haber un peligro de intentar presionarlo a través de citas a una comisión legislativa.

“Yo espero que ahora que está constituida la nueva Asamblea y hay bancadas que no son necesariamente las del PLC y las del FSLN, (que son los que aprobaron esta ley prácticamente como un reflejo del pacto); se presente un proyecto de reforma al artículo 52, sin perjuicio de que para nosotros la Ley debe ser declarada inconstitucional al menos parcialmente”, dijo el académico.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una sentencia de 1992, ya indicó que lo que corresponde a la Asamblea es dictar un estatuto orgánico y no una Ley Orgánica.

otro reto

Otro desafío que tienen planteado los legisladores es la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, postergada ya por varios años.

“No es posible que se establezca un sistema de secretividad en el que predomine el ocultamiento de información”.

“Por ejemplo, no se ha informado en qué consiste el Alba, no se ha informado cuáles son los acuerdos que firmó el presidente Ortega”, recalcó.

Los que impliquen endeudamiento económico tendrán que ser ratificados por la Asamblea Nacional, señaló Tünnermann.

“Por otro lado, a la opinión pública habría que darle un amplio informe sobre cuáles son y en qué consiste y los compromisos que todos los nicaragüenses asumimos con el Alba”.

Asimismo, una información detallada de cuáles son los compromisos con el presidente de Irán.

“Los funcionarios administran en el interés de la nación y no de ningún partido. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está sucediendo”, concluyó.

Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional: “Mentalidad abusiva”

Para el especialista en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez , la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional tiene muchos vicios de inconstitucionalidad, principalmente en su proceso de formación.

Sin embargo, la principal crítica que ha recibido la Ley es que en el artículo 52 faculta al Poder Legislativo a convocar a cualquier ciudadano, bajo la amenaza de acusarlo por desacato en caso de que no comparezca.

Al respecto, Álvarez expresó que es un “artículo desproporcionado” porque da poderes excesivos a la Asamblea Nacional además que muestra “una mentalidad abusiva” de los diputados.

Aunque aceptó que existen países donde obligan a los ciudadanos a acudir al llamado de comisiones legislativas, manifestó que en el caso de Nicaragua se debería especificar los temas por los que ciudadanos pudiesen ser requeridos.

Álvarez indicó que en ciertas circunstancias está bien que la Asamblea Nacional pueda obligar a los ciudadanos a acudir pero no obligarlos a declarar.

Mencionó que podrían ser requeridos ciudadanos cuando se trata de asuntos de seguridad nacional o donde intervenga el dinero público.

Con este artículo 52, tal como quedó ¿hay algún peligro para los ciudadanos?

Aunque se ha querido defender de parte de los diputados diciendo que no se trata de un mecanismo de persecución contra la ciudadanía, contra los periodistas pero lo cierto es que como quedó (el artículo 52) violenta derechos ciudadanos.

Si ellos hubieran querido hacer otras cosa, lo hubieran hecho.

Ellos han dicho que no van a afectar a cualquier ciudadano, pero el artículo no especificaba a quiénes podían llamar y a quiénes no...

Así es. Lo que se necesita especificar es a quiénes pueden llamar. Pero no sólo eso, sino que se deja claramente que es a cualquiera (que pueden llamar).

Además, no basta con acudir a la citatoria, si no que tenés que declarar, pues si no rendís declaración pueden decir que has cometido algún delito.

Incluso, eventualmente puede violentar por ejemplo aquella disposición que dice que nadie puede declarar contra sí mismo, ni contra parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En realidad esas son normas que denotan un espíritu que los diputados han demostrado siempre y es que ellos se pueden imponer por encima de cualquier otro interés y que a ellos nadie los controla.

Aunque algunos diputados se habían comprometido a reformarlo, hasta el momento no ha habido mayor avance en ese aspecto. ¿Cómo ve esa situación?

Es que denota esa mentalidad abusiva que los diputados de la Asamblea Nacional anterior, que muchos de ellos se mantienen principalmente sus dirigentes.

Sería bueno que los diputados honraran su compromiso y reformaran no solamente el artículo 52, sino otros aspectos de la Ley Orgánica.

¿Pero también dejaron la Ley de Acceso estancada en el 2006?

Eso sigue un cierto patrón. Todas aquellas iniciativas legislativas que realmente contribuían para el perfeccionamiento y la consolidación de la democracia, fueron relegadas por los diputados.

En cambio, priorizaron aquellas normativas que venían a fortalecer el acuerdo entre ambos partidos, el llamado pacto.