El presidente Daniel Ortega reducirá al mínimo las facultades a los ministros de Defensa y Gobernación, a través de unas reformas, para asegurarse la subordinación y el control directo —sin interlocutores— del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional.
Ortega, quien asumió el gobierno hace cinco días, envió ayer al parlamento una iniciativa de reformas con carácter de urgencia, para obtener mayores facultades sobre las fuerzas del orden público y la defensa nacional, en detrimento de los ministros de Gobernación y Defensa.
Los diputados podrían aprobar esas reformas el viernes próximo.
Los legisladores se reunirán mañana con una delegación del Poder Ejecutivo y con las máximas autoridades del Ejército y la Policía, para discutir las reformas.
Con los cambios, Ortega también propone dejar en manos del Ejército de Nicaragua la Dirección de Información para la Defensa (DID), que presta servicios de inteligencia; crear el súper poderoso Ministerio de Energía y Minas, reformar la Ley 228, de la Policía Nacional; y obtener poderes para crear mediante decretos todas las secretarías y consejos que estime convenientes.
JEFE SUPREMO DE LA POLICÍA NACIONAL
La primera reforma que Ortega propone es al artículo 2 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, según el cual el Presidente ya no sólo será “Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua”, sino también sería “Jefe Supremo de la Policía Nacional”.
Los todavía poderosos ministerios de Gobernación y Defensa, aún ubicados en los números uno y tres en importancia, pasarán a ser los números 12 y 13, es decir que su relevancia será reducida por completo en la administración sandinista, debido a que Ortega asumirá la mayor parte de sus funciones.
“La relación con la Policía y el Ejército es más directa con el Presidente de la República (...) La mayor parte de las reformas van dirigidas a afectar al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobernación y crear una mayor fortaleza en la capacidad del Ejecutivo para crear organismos, sin estar sujetos a la refrenda de la Asamblea Nacional”, dijo el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, primer secretario del parlamento.
EN MANOS DE ORTEGA
La reforma también dejaría a los uniformados en manos del Presidente y no del ministro de Gobernación, en lo relativo a sus nombramientos, ascensos, jubilaciones y destituciones.
El Consejo Directivo ya no estará presidido por el ministro de Gobernación, sino por el Director General de la Policía Nacional.
Las auditorías tampoco las efectuará el Ministerio de Gobernación, ya que esa función será responsabilidad de una división interna de la propia Policía.
Asimismo, los gastos de la Policía Nacional deberán ser reportados al Presidente y no al Ministerio de Gobernación.
FUNCIONES
La iniciativa de Ortega, que según dijo es para “modernizar” al Estado, deja al ministro de Gobernación (Ana Isabel Morales Mazún) con la responsabilidad de coordinar, dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional; supervisar el Sistema Nacional de Prevención y Extinción de Incendios; coordinar la Dirección General de Migración y Extranjería, inscribir los estatutos de las personas jurídicas sin fines de lucro, administrar su registro y supervisar su funcionamiento; y organizar a las delegaciones departamentales.
De esa manera, el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano dejará de estar bajo la potestad del Ministerio de Gobernación.
Además, el ministro de Gobernación ya no podrá dirigir y coordinar —a través de la Policía Nacional— las actividades necesarias para garantizar el orden público, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito.
Los delegados del Ministerio de Gobernación tampoco podrán supervisar las actuaciones de la Policía Nacional en los distintos departamentos.
Otra función recortada al ministro de Gobernación es la de ratificar o cancelar el funcionamiento de los Cuerpos Privados de Seguridad, que extiende la Policía Nacional.
En la reforma al artículo 9 de la Ley 228 de la Policía Nacional, Ortega deja establecido que las fuerzas del orden público están sometidas al Presidente, y resta esa facultad al Ministerio de Gobernación.
Además, la reforma plantea que el Director General de la Policía Nacional ya no debe informar al ministro de Gobernación respecto a los temas de interés nacional, sino que deben brindar los datos únicamente al Presidente.
INCONSTITUCIONAL
Para el jurista Gabriel Álvarez, la reforma propuesta por Ortega es inconstitucional, en lo relativo a su nombramiento como “Jefe Supremo de la Policía Nacional”, y también por la disminución de facultades al Ministerio de Gobernación.
“Te puedo decir con más que ‘rotundidad’, que hay inconstitucionalidad, porque el artículo 97 de la Constitución dice que el Presidente dirige a la Policía Nacional, pero a través de un Ministerio, y por lo tanto el ministro de Gobernación, por mandato constitucional, debe dirigir a la Policía, y no el Presidente”, explicó Álvarez.
“Ortega no es el Jefe Supremo de la Policía”, añadió Álvarez, al comentar la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 2 de la Ley 290, según el cual el mandatario pasaría a ser Jefe Supremo de la Policía Nacional.
El jurista mencionó que los cambios estructurales que el Poder Ejecutivo podría sufrir provocarían un retroceso a la institucionalidad, en el corto plazo.
“Lo que se nota es la vertiente autoritaria y hegemónica por controlar directamente a las armas, a las instituciones armadas, y eso es políticamente relevante y peligroso, porque ni siquiera confía en su propia gente”, añadido Álvarez.
LAS POLÍTICAS DE DEFENSA
En el caso del sector Defensa, donde Ortega sigue sin nombrar a un ministro, la reforma establece que esa cartera ya no “dirigirá” la elaboración de las políticas y estrategias para la soberanía, la independencia y la integridad nacional, sino que únicamente “participará” en esas acciones.
Además, el Ministerio de Defensa ya no dirigirá ni coordinará las actividades necesarias para obtener información, analizarla y evaluarla, para defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
Esas funciones fueron delegadas al Ejército de Nicaragua, a través de la DID.
Con todos esos cambios, Ortega tendrá mayor poder sobre las fuerzas del orden público y de la defensa nacional, lo cual provoca recelos en algunos legisladores, quienes recordaron que en los años ochenta el actual mandatario dirigió al país con mano de hierro.
“El Ejército y la Policía eran brazos represivos del régimen (sandinista), nosotros creemos que tanto el Ejército y la Policía han hecho un gran trabajo en estos 16 años, en la profesionalización, y por ningún motivo quisiéramos que esto tuviera un impacto para que ellos perdieran la institucionalización que todos los nicaragüenses queremos: un Ejército que luche por todos los nicaragüenses, una Policía que vigile por todos los nicaragüenses”, advirtió el diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Luis Callejas, primer vicepresidente del parlamento.
El vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Adolfo Zepeda, sostuvo que los militares estudiarán la reforma propuesta por Ortega y que será hasta mañana miércoles cuando darán a conocer su posición.
