La empresa española de distribución de energía eléctrica en Nicaragua, Unión Fenosa, afirmó hoy que "no hay un cobro efectivo del seguro" por casi 55 millones de dólares a una agencia del Banco Mundial.

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador), dijo ayer que Unión Fenosa solicitó a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial, que le pague un seguro de 55 millones de dólares como "resultado de la expropiación de su inversión" en Nicaragua.

La empresa española explicó que la gestión hecha por Unión Fenosa Internacional ante su compañía de seguros se hizo para promover una "mediación y un vínculo de comunicación" entre el Estado de Nicaragua, las distribuidoras y el organismo internacional.

RESOLVER DIFERENCIAS

Agregó, en comunicado oficial, que el objeto de esa gestión es "a fin de resolver las diferencias consideradas por las distribuidoras, como violaciones a su contrato por parte de las anteriores autoridades de Gobierno".

También dijo que la estimación de 55 millones de dólares la hacen con base a "pérdidas y daños" que han sufrido las distribuidoras en los dos últimos años, sobre todo en 2006, cuando el ente regulador aplicó medidas "desproporcionadas e injustas" contra Unión Fenosa, causándoles "pérdidas graves y poniendo en riesgo sus operaciones".

"Las distribuidoras, así como sus socios internacionales, confían en que las diferencias impuestas por las anteriores autoridades serán superadas de manera satisfactoria para todas las partes y que esto dará sus frutos en un mejor clima para mayores inversiones y un mejor servicio para la ciudadanía", añadió Unión Fenosa en el parte oficial.

ARBITRAJE

El INE entabló, en agosto pasado, un juicio de arbitraje contra Unión Fenosa por supuesto incumplimiento del contrato de concesión suscrito con el Estado de Nicaragua en 2000, al no garantizar la energía eléctrica en el país, que afronta constantes apagones.

Unión Fenosa explicó de que a raíz de ese arbitraje sus socios internacionales en Madrid decidieron, a inicios del octubre del pasado año, buscar un "mecanismo amistoso" para solucionar las diferencias existentes entre el Estado nicaragüense y la empresa.

El mecanismo está contemplado en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI), signados por ambos estados, precisó.

Indicó que la solicitud de sus socios internacionales no es más que el uso de derechos contenidos en acuerdos internacionales suscritos entre Nicaragua y varios países de la Unión Europea, entre ellos España.

"Es un acuerdo encaminado a proteger las inversiones de los países signatarios", recalcó.

"Esta defensa de las inversiones pretende únicamente asegurar la viabilidad de dos empresas de Nicaragua, necesarias de servicio público", agregó.

SOLUCIONES SATISFACTORIAS

Unión Fenosa enfatizó que APRI "permite una mayor facilidad para alcanzar soluciones satisfactorias y justas de ambas partes y se considera un mecanismo habitual en la relación entre los estados", el cual establece un plazo "prudencial" de seis meses para lograr un acuerdo.

El INE desconoce ese seguro contraído por Unión Fenosa con la agencia del Banco Mundial, porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional.

Según el ente regulador, Unión Fenosa pretende se desista del juicio de arbitraje.