Con frecuencia se dice que la aportación de Nicolás Maquiavelo al pensamiento moderno es la división entre ética y política, esto es, la autonomía de la política respecto de la ética. Desde El Príncipe hasta hoy, se ha dado por sentado que en política se vale todo y muchos políticos justifican en este presupuesto sus actos inmorales. Sin embargo, esta lectura de Maquiavelo es errónea y descontextualizada. El poder político no debe ejercerse sin escrúpulos y mientras se siga haciendo de esta manera, la República no va a surgir.

Las reformas a la Constitución hechas por las bancadas sandinista y pelecista en el 2005 para quitar atribuciones al Poder Ejecutivo, son un ejemplo de inmoralidad política. Actualmente, se sabe que la Corte Suprema de Justicia tiene listo un proyecto de sentencia para declarar inconstitucionales dichas reformas. Sin lugar a dudas, un descubrimiento “impresionante”. Sin ser abogados ni legisladores, en nuestra mente —como en la de la mayor parte del pueblo— nunca hubo la menor duda de que dichas reformas eran, en efecto, claramente inconstitucionales porque la Asamblea Nacional se arrogó funciones de Constituyente que no posee y porque sencillamente obedecían a una coyuntura política en la que los partidos pactistas querían dar un golpe de Estado técnico al presidente Bolaños. Por eso, en su resolución del 6 de enero de 2005, la Corte Centroamericana de Justicia dijo que eran inaplicables.

Sin embargo, los partidos pactistas insistieron en llevarlas adelante y crear una crisis artificial para presionar al presidente Bolaños a sentarse a la mesa de negociaciones. En este afán, a los diputados del FSLN y del PLC no les importó producir zozobra, inestabilidad, pérdidas económicas ni destrucción de la propiedad privada. A los diputados ni siquiera les importó hacer el ridículo. Todavía es posible visualizar imágenes de honorables diputados y diputadas en marchas callejeras, escalando muros y vallas metálicas, derribando portones, lanzando piedras, forcejeando y vociferando contra los policías antimotines que les impedían el paso, haciendo declaraciones con rostros graves acerca de la violación de la ley por el presidente Bolaños y defendiendo a capa y espada la ilegal reforma, a sabiendas de que carecía de sustento jurídico. Ahora sabemos —por declaraciones de los mismos diputados pactistas— que toda esa violencia, todos esos discursos y declaraciones apasionadas sobre la defensa de la institucionalidad, eran nada más una estrategia política. Si Montealegre ganaba las elecciones, ellos harían alianza para poner en vigencia las reformas. Si ganaba uno de los candidatos pactistas —como ha ocurrido— la reformas serían derogadas o declaradas inconstitucionales a través de la Corte Suprema de Justicia, como en efecto va a ocurrir. De esta manera, los pactistas se lavan las manos pensando que los nicaragüenses son suficientemente tontos como para creer que el fallo de la Corte Suprema no tiene nada que ver con los caudillos.

Algunos diputados han dicho que Bolaños y Montealegre no saben nada de política, que son inexpertos e incapaces; desprovistos de visión de futuro, ingenuos. Sin embargo, resulta obvio que estos señores tienen un concepto cínico y deformado del político y de la función de la política. Política es la disposición de obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado con el propósito de conseguir objetivos provechosos para el grupo social. Pero esa búsqueda pasa por lo ético y lo moral. Los políticos pactistas han hecho un daño enorme a la institucionalidad, a la democracia y a la patria porque no es el bien de la comunidad lo que les mueve sino sus propios intereses. El privilegio que se han autoconcedido los diputados de introducir dos vehículos libres de impuestos en cinco años es un ejemplo sencillo. Ellos dicen que tienen el derecho porque la ley los autoriza, pero no dicen al pueblo que los autores de dicha ley son ellos mismos. O sea que legislan para su propio beneficio en detrimento del pueblo y, por lo tanto, carecen de legitimación y de autoridad moral.

El pueblo nicaragüense se merece mejores gobernantes. Necesita y merece gente honesta, que no esté contaminada con los viejos vicios de los “habilidosos” políticos tradicionales los cuales han vivido —sin hacer mucho— a costa del pueblo nicaragüense en los últimos 25 años. Conseguirlos depende de los mismos ciudadanos.