La eliminación de la autonomía escolar que anuncia Miguel de Castilla, quien asumirá el Ministerio de Educación, no es más que el cumplimiento de la Ley General de Educación y la Ley de Participación Educativa, con la que desaparecen los centros autónomos.

De acuerdo a José Antonio Zepeda, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), indicó que “el concepto de autonomía escolar es una reivindicación de los educadores”.

“En los años 60 los educadores planteamos la necesidad de tener autonomía escolar, en el sentido de poder buscar alternativas pedagógicas para resolver los problemas de la enseñanza aprendizaje”, detalló Zepeda.

Manifestó que el concepto se tomó y se convirtió en una enseñanza meramente financiera. “Es cuando se decreta por Humberto Belli firmar convenios para volver a algunos centros, autónomos”, dijo.

Según Zepeda, en el 2002 se aprueba la Ley de Participación Educativa, para mantener la gratuidad de la educación y para detener la aprobación de una Ley de Autonomía escolar que establecía la legalidad del cobro en las escuelas públicas.

En el artículo 22 de la Ley de Participación Educativa se establece que los centros autónomos que hasta entonces había, pasarían a ser incorporados al régimen de participacíón educativa, y los que aún no lo estaban tenían que organizarse para obtener este régimen de participación educativa.