El Presidente electo, Daniel Ortega, asumirá este miércoles la Presidencia de la República con un voto de confianza de la ciudadanía en el tema económico, pero bajo la pesada losa del pacto en el plano político, según se desprende de la última encuesta de la empresa M&R Consultores, realizada entre el 21 y 28 de diciembre pasado.
El estudio pone de manifiesto que seis de cada diez nicaragüenses tienen un sentimiento de esperanza en el gobierno de Ortega, en particular consideran que habrá prosperidad, estabilidad social y paz bajo esta administración.
No obstante, la encuesta, que tiene un margen de error de 2.3 por ciento, indica que el mismo porcentaje de ciudadanos que confía en que Ortega manejará bien la economía nacional, considera que la institucionalidad del país se debilitará aún más y que el pacto y la repartición de cargos estatales con el Partido Liberal Constitucionalista se fortalecerá.
La encuesta, realizada cara a cara entre 1,800 nicaragüenses en todo el país, revela en qué consisten las expectativas económicas ciudadanas, pero también los temores y demandas en el plano político.
ALBA sí, pero también FMI
Al ser consultados sobre si el nuevo gobierno debe inclinarse por el tratado comercial de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, o la propuesta política y comercial de la Alternativa Bolivariana que impulsa el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la mitad de los entrevistados está de acuerdo en que se consideren ambas opciones.
Sin embargo, esta flexibilidad en la opinión de los nicaragüenses consultados sobre el tema, no excluye la necesidad de respetar los acuerdos de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al 74 por ciento de los entrevistados.
Cambios institucionales
Siete de cada diez nicaragüenses se manifestaron a favor de reformas constitucionales que prohíban absolutamente la reelección presidencial, así como la elección directa de los diputados.
También, ocho de cada diez encuestados se pronuncian a favor de la no reelección de diputados y que el mínimo para ganar una elección presidencial sea del 50 por ciento de los votos, así como la eliminación definitiva de las diputaciones para el Presidente saliente y para el segundo lugar en la elección.
Lo que más consenso obtuvo, con nueve de cada diez ciudadanos, es la disminución de diputados ante la Asamblea Nacional, la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del CSE, contralores y, definitivamente, que se bajen los salarios de los más importantes funcionarios del Estado.