Franklin D. Roosevelt, en su toma de posesión en 1933, propuso un proceso de reformas estructurales que bautizó como el New Deal (El Acuerdo Nuevo) que cambió la política económica de los Estados Unidos. El Ejecutivo creó la regulación de los monopolios, con el Estado como garante de la competencia, mientras el sector privado continuó siendo el motor de la economía. El Estado garantizó la igualdad de oportunidades en educación y salud. Roosevelt lideró uno de los procesos de reforma económica más exitosos del siglo XX.
Para el tema energético, el presidente electo, Daniel Ortega Saavedra, sabe que no contará con los míticos 100 días. Dada la crisis energética que vive el país, se tendrán que tomar decisiones, pero el tema de la energía no puede convertirse en una discusión ideológica.
Por otra parte, mantener a las actuales autoridades del INE mandaría el mensaje equivocado. Nunca entendió el regulador actual que, como en el golf, el éxito reside cuando menos golpes se dan. El regulador intuyó que había que sangrar a todos, priorizó todo y, por supuesto, nada lo fue.
El suministro de energía no puede seguir siendo administrado con la ligereza con la que el Estado en su conjunto ha marginado al sector en los últimos años. Cuando un regulador se empeña en camuflar la realidad, sólo le queda un camino marcado por la imposición y los excesos. Los cuales le han costado caro al país.
Este 10 de enero ofrece una oportunidad nueva para arrancar con medidas concretas para resolver el problema de la falta de suministro eléctrico. El nuevo gobierno tendrá que presentar su visión, su estrategia y mostrar liderazgo.
Es importante que el equipo que llega al gobierno haya dedicado tiempo a la maduración de sus ideas y cómo las puede poner en práctica. Habrá que definir cuáles son los problemas, cuánto cuesta resolverlos y quiénes van a implementar las soluciones. Las nuevas autoridades tendrán que demostrar convicción y no improvisación. No hay atajos posibles en este camino.
El entorno mundial es hoy diferente. El costo de la energía se ha incrementado en 50 por ciento. Los nuevos precios de la energía para Centroamérica andan entre 9 y 13 centavos de dólar por kilovatio-hora. Los tiempos de entrega de nuevas equipos han pasado de 12 a 36 meses. El único factor que está a favor del sector es el alto nivel de liquidez monetaria que facilita poder financiar proyectos nuevos de energía.
Urge una concertación entre el Estado y el sector privado que haga menos onerosa la reconversión energética que el país demanda. Se necesitarán US$ 250 millones de nueva inversión en los próximos 18 meses para salir de los racionamientos y US $800 millones en los siguientes cinco años para llevar a cabo la reconversión energética. La tarea de facilitar la inversión corresponde al Estado. Promover y hacer viable la inversión en nueva inversión privada y/o estatal debe ser una prioridad compartida entre las partes.
El sector privado invirtió entre 1996 y el 2001, US$ 500 millones. Del 2002 al 2006 la inversión se frenó sustancialmente, producto de la confrontación política y la mala regulación. Los privados hemos demostrado fortaleza en la adversidad. Hay empresas que han hecho su tarea en tiempo y forma. Estas experiencias son las que hay que emular. Congruencia y cumplir con la palabra empeñada, deberán ser los ejes que el sector privado presente al nuevo gobierno.
Es necesario que los planteamientos se hagan de frente. Los agentes del sector privado no gozaremos de “luna de miel” con las nuevas autoridades. Ni habrá tiempo de tanteos y experimentos para congraciarse. Lo que hace falta es validar la confianza. Los privados tenemos que demostrar que queremos ser protagonistas de la reconversión eléctrica del país. De la crisis se sale adquiriendo compromisos verdaderos, con diálogo sincero, con iniciativas viables y con disposición sincera de respetar los roles del otro; pero como en toda relación de dos, el camino habrá que hacerlo juntos.
Llegó el tiempo de la política energética. El acuerdo exige anteponer el nosotros al yo.
