Los 21 reos muertos en la matanza perpetrada el sábado por pandilleros recluidos en el centro penitenciario de Apanteos, en el oeste de El Salvador, obligará a las autoridades a replantearse el sistema carcelario.
El diputado Sigfrido Reyes, portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), declaró a Acan-Efe que “esta es nueva evidencia, dolorosa y sangrienta, lamentablemente, del fracaso de la política penitenciaria del gobierno de (Elías Antonio) Saca”.
Para el diputado Norman Quijano, de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), el principal problema en los centros penitenciarios es el “enorme hacinamiento, lo cual les vuelve vulnerables” y defendió la actuación de las autoridades.
Sin embargo, ambos coincidieron en que deben adoptarse medidas para evitar que en la historia carcelaria del país se vuelva a escribir otra página como la de este fin de semana en Apanteos, con lujo de barbarie.
El portavoz de Centros Penales, Alberto Uribe, informó que la cifra de 21 fallecidos se estableció la noche del sábado, cuando se concluyó la revisión de las instalaciones del centro, situado a unos 70 kilómetros de San Salvador, en el departamento de Santa Ana.
Las autoridades han identificado a 16 víctimas. Con el resto, la identificación judicial se ha dificultado debido a que los cadáveres presentan los cráneos y rostros destrozados.
La purga de la Mara 18
Los hechos comenzaron por la noche del viernes y la situación fue controlada al mediodía del sábado, después de que centenares de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al recinto.
Según los informes, la Fiscalía ha enfilado las investigaciones a una purga dentro de la Mara 18, una de las pandillas más grandes del país.
En El Salvador, según informes policiales, existen unos 9,600 pandilleros, de los cuales unos 3,000 se encuentran en prisión.
Reyes insistió en que no es la primera vez que durante el gobierno de Saca ocurren matanzas en las cárceles, la peor de todas registrada el 18 de agosto de 2004 en el centro penal La Esperanza, en Mariona, 25 kilómetros al norte de San Salvador donde 31 reos murieron y 30 resultaron heridos en una reyerta.
“Esto significa que el gobierno no tiene el control real de los centros penales, es un sistema penitenciario que permite el ingreso de armas, de drogas, de equipos de comunicación y que las mafias se han prácticamente apoderado de los centros penales, con la anuencia de las autoridades”, afirmó.
Reyes aseguró que las políticas penitenciarias no cumplen el mandato constitucional de rehabilitar a los presos y señaló que el FMLN “deplora profundamente lo que ha sucedido, porque son vidas humanas, pero la responsabilidad principal es del ministro de Seguridad y Justicia (René Figueroa) que carga una larga cadena de fracasos y debería renunciar”.
Quijano dijo, en declaraciones a Acan-Efe, que además del hacinamiento en las cárceles, estas matanzas se deben “más que todo a riñas entre maras, donde las rencillas llegan hasta la muerte”.
Agregó que “ese tipo de gente, sin principios, sin moral, esa gente siempre está expuesta a excesos dentro de los centros penitenciarios, pero hay que tomar acciones siempre orientadas a que no se vuelvan a repetir estos hechos”.
Quijano consideró que se debe reforzar la infraestructura carcelaria, aunque “una turba de mil personas de ese tipo, hacinadas, violentas, son capaces de botar un edificio, una casa, no digamos una pared de una cárcel”.
Uribe dijo que, como medida preventiva, ya fueron trasladados un centenar de reos de Apanteos al Centro Penal de Occidente, en la ciudad de Santa Ana.
La Dirección de Centros Penales declaró el sábado estado de emergencia durante quince días en el centro penal de Apanteos.
