Carretera La Virgen-San Juan del Sur Otro importante tramo de carretera que ha dado mucho de qué hablar es el que conecta a la localidad de La Virgen con San Juan del Sur a lo largo de 20 kilómetros, mismo que da la “bienvenida” a los turistas amantes del sol y el mar, y que está convertido en una trocha plagada de baches. Desde su creación, a principios de 1990, según el actual alcalde de esa municipalidad, Eduardo Holmann, esta carretera no ha sido reparada por ninguno de los tres gobiernos que han estado de turno. Holmann explica que la rehabilitación de la carretera le corresponde al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). La actual administración municipal de San Juan del Sur contempla un proyecto que incluye, además de la rehabilitación, la construcción de andenes y ciclo vías. Los fondos podrían ser obtenidos con fondos del Banco Mundial, pero al igual que la carretera Costanera, el MTI aún no finaliza el diseño. “Por el momento se está reparando (la carretera) para hacerla transitable. Coerco lo está haciendo, en total se están invirtiendo 500 mil córdobas de los fondos no ejecutados por el MTI y que fueron gestionados por la alcaldía”, explicó Holmann.

Una más en “la tubería” de la Asamblea A partir de los conflictos por los arriendo de terrenos costeros, nace la duda de qué territorios de la costa deberían ser públicos. Por un lado, la legislatura nacional establece como dominio público todas las aguas y costas del país, pero hay algunas incoherencias que tomar en cuenta. La Ley General del Medio Ambiente manda a que se respeten 30 metros desde la costa hasta tierra firme, y define en su artículo 72 que “el Estado se reserva la propiedad de las costas marítimas, pluviales y lacustres”; las que según la Ley de Autonomía Municipal, deberían ser administradas por la autoridad correspondiente. En este caso las alcaldías. La Ley Agraria de 1917, que aún se encuentra vigente, manda a respetar dos kilómetros de costa. Y el dictamen de la Ley de Costas, propone que sean respetados 300 metros desde la pleamar, es decir, desde el punto más alto de la marea hacia tierra firme. Hace un par de años la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional comenzó a trabajar la Ley de Costas, que busca poner fin al desorden que existe en todas las costas de Nicaragua, pero desde sus inicios la propuesta ha tenido muchos opositores. El diputado saliente y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, José Castillo Osejo, afirma que el ahora dictamen de Ley de Costas está en la llamada “tubería legislativa”, donde reposa una gran cantidad de importantes proyectos de Ley. Aún hace falta que los legisladores hagan concordar las leyes referidas al tema.

Martha Solano Martínez

Las playas de Tola y San Juan del Sur, dos municipios del departamento de Rivas, en el pacífico de Nicaragua, podrían llamarse las costas de oro de Nicaragua, costas que hasta hace unos pocos años eran prácticamente desconocidas pero están experimentando un auge por sus dotes naturales que se refleja en el crecimiento urbanístico y la afluencia turística.

A pesar de que no hay un dato específico sobre el número de turistas que circula cada año en Rivas, el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) estima que de los más de 700 mil que visitan el país año con año, una buena parte se dirige a esa zona del sur y otra parte llega con intenciones de quedarse.

Entre San Juan del Sur y Tola hay unos 96 kilómetros de costas que, según proyecciones, podrían aglutinar unos 485 millones de dólares en inversiones, en los próximos cinco años, si las condiciones se vuelven propicias para el sector.

Ese y otros datos brindados por Calvet&Associates, una empresa que se dedica a atraer inversionistas, indican que en la actualidad hay un total de 70 millones de dólares invertidos en infraestructura de los diferentes negocios que existen entre Tola y San Juan del Sur. Y los números se podrían multiplicar si se crean las condiciones para que el desarrollo de las localidades alcance a todos los sectores.

En los 54 kilómetros de costa que posee Tola, la municipalidad tiene el registro de unos 18 proyectos habitacionales que ofertan alrededor de tres mil lotes. En San Juan del Sur se registra hasta la fecha un número parecido al de los lotes disponibles en Tola, con diferencia que éstos están distribuidos en más de 50 proyectos en los 42 kilómetros de costa que posee el municipio.

DESARROLLO COSTERO

A pesar de que San Juan del Sur y Tola viven realidades diferentes, los principales ingresos tributarios de ambas municipalidades están familiarizados con el desarrollo de empresas turísticas y las rentas que provienen de bienes inmuebles.

En San Juan del Sur, según afirmaciones del alcalde Eduardo Holmann, la mayoría de los proyectos son urbanizaciones y pequeños hoteles. En general, los ingresos tributarios del año pasado fueron de 15 millones de córdobas y esperan que para este nuevo año alcancen los 20 millones.

Pero para obtener un lote y hacer alguna construcción, se debe cumplir con los reglamentos de cada municipio.

“Nosotros tenemos un plan urbanístico que incluye el uso de suelos y los permisos de construcción. Hay regulaciones que entraron en vigencia el 1 de enero de 2006, y en el 2007 comenzará a funcionar una oficina especializada en urbanismo, para controlar el crecimiento urbano” de San Juan del Sur, explica el alcalde.

Según datos de la empresa Water’s Edge, también dedicada al negocio de bienes raíces, en San Juan del Sur se pueden ubicar unos 37 hoteles y más de 65 negocios dedicados a brindar servicios al turista.

San Juan del Sur posee una extensión de 420 kilómetros cuadrados, que albergan a 18 mil habitantes. Sus ingresos en el 2006 fueron de 15 millones de córdobas.

En Tola, el municipio más grande del departamento de Rivas, la situación es otra. Se conoce que hay unos 18 proyectos habitacionales y tres mil lotes en venta, pero no hay registros de los demás negocios dedicados al turismo.

Tola posee una extensión de 474 kilómetros cuadrados, y recaudó dos millones de córdobas en impuestos el año pasado.

HISTORIA DE UNA CARRETERA QUE NO EXISTE

Es conocido que el desarrollo de cualquier lugar va en dependencia de la accesibilidad que éste tenga. La famosa Carretera del Litoral Sur, conocida como Costanera, pretende unir 131 kilómetros desde la playa de Masachapa hasta Ostional, en el Pacífico de Nicaragua, pero lleva más de tres décadas en planes, y aún sigue siendo una gran esperanza para los empresarios que se aventuran a invertir en la costa de Rivas.

El primer diseño de la Costanera se hizo en 1974. En su etapa más actual, fue un proyecto “símbolo” del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Enrique Bolaños. Sin embargo, el Gobierno de la Nueva Era entregará el poder al presidente electo Daniel Ortega, y la carretera aún no tiene un rediseño ni los fondos necesarios para su construcción.

Atrás quedan un sinnúmero de visitas a las zonas que se verían beneficiadas, encuentros entre las diferentes alcaldías y las instituciones involucradas.

“Este gobierno (de Enrique Bolaños) pudo invertir en los estudios de preinversión, mediante un contrato de recuperación contingente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un monto de 800 mil dólares”, detalla el director de planificación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Ernesto Téllez.

Según Téllez, la etapa de preinversión contempla los estudios, auditoría y el rediseño basado en el proyecto de 1974, y pretende finalizar en febrero de este año. Después de eso, lo que sigue es que las autoridades del nuevo gobierno presenten el proyecto al BCIE, entidad que según Téllez, ha mostrado interés en financiar un total de 45 millones de dólares.

Sin embargo, habría que buscar más fondos, ya que los cálculos del MTI para la creación de la carretera Costanera, alcanzan los 80 millones de dólares aproximadamente.

Con la construcción de la Costanera, tanto la Alcaldía de Tola como la de San Juan del Sur esperan atraer el turismo que circula en las cercanías de la frontera con Costa Rica. Esto, en palabras del alcalde Holmann, “dispararía los ingresos en la región”.

Igualmente los inversionistas de bienes raíces esperan ansiosos la culminación del proyecto, ya que la carretera aumentaría la plusvalía de sus terrenos.

El potencial de desarrollo en la pequeña y media empresa local, provocado por el trazo de la Costanera, es un dato que aún no se ha calculado, lo que sí se ha estimado es la generación de empleos.

“La sumatoria de estos proyectos habitacionales podría generar unos 16 mil empleos directos e indirectos en la zona de Tola y San Juan del Sur”, según Raúl Calvet, de Calvet&Associates.

DISPUTA POR LOTES EN TOLA

Durante los últimos meses, Tola, el municipio más grande de Rivas, ha ocupado espacios importantes en los medios informativos, debido a los conflictos de propiedad que existen en la costa de Amarillo, Bahía Arena y Popoyo.

En esas zonas existen ciudadanos con títulos reales que los hacen dueños de áreas que deberían pertenecer al Estado. También hay escrituras de ventas realizadas muchos años atrás, terrenos que fueron otorgados a través de una Reforma Agraria, más de 500 familias que le reclaman a la alcaldía de Tola el derecho de arrendar un lote en la costa, y a la par de eso, inversionistas que dicen haber comprado legalmente los terrenos que terceros han solicitado para arriendo.

Esa telaraña está ahora en manos del juzgado local y hasta que éste no dé una resolución, la alcaldía de Tola no podrá autorizar más contratos de arriendo sobre los lotes en litigio, y a la vez no recibirá los correspondientes ingresos tributarios que podrían generar.

De la mano a esta problemática avanzan las diferencias entre la alcaldesa, Loida García, y el Concejo Municipal, quienes en conjunto se encargan de autorizar los contratos de arriendo que legalmente no pueden ser mayores de un año.

El asunto ha llegado hasta la Contraloría General de la República, entidad que mandó a anular los contratos de arriendo que supuestamente habían sido entregados a 550 familias en la costa de Amarillo. Sin embargo, tanto los concejales como la propia alcaldesa Loida García niegan haber firmado contrato alguno, lo que se contradice con la misma denuncia que García interpuso ante el cuerpo colegiado.