Desafío Laura Newman, del Centro Carter, reconoció que no es fácil implementar un régimen de acceso a la información cuando hay una cultura de secretismo. “Existe una cultura de secretismo no sólo por parte de la administración pública, sino también por parte de los ciudadanos que no valoran el derecho que tienen de pedir información”. Newman aclaró que este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Nicaragua, ocurre en muchos países, pero advirtió que “la desinformación no permite el desarrollo, si la gente no conoce sus beneficios o no entiende cómo utilizar la información, no logra mejorar su nivel de vida”. Es un reto grande para la próxima administración, integrar el tema del acceso a la información en todas las instituciones, concluyó.

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública sigue siendo una materia pendiente para romper con la cultura del secretismo.

Así opinan distintos organismos de la sociedad civil, principalmente los que integran el grupo promotor de la ley.

En este sentido, ocho instituciones gubernamentales han dado los primeros pasos, al aplicar el proyecto Estrategia Voluntaria de Acceso a la Información Pública (EVA).

La Dirección de Comunicación Estratégica y Gobernabilidad de la Presidencia de la República, el Centro Carter y la Fundación Violeta Barrios, evaluaron ayer la aplicación de la EVA, puesta en práctica durante el período 2005-2006.

Estos organismos reconocen que se si bien se ha avanzado en la transparencia de la gestión pública de manera voluntaria, es necesaria la aprobación de la ley.

Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios, dijo que “ha habido una voluntad de ocho ministerios (...) de poner la mayor cantidad de información al servicio del público”, pero señaló que en la mayoría de instituciones no hay una cultura de saber que esta información le sirve a los demás y que existe la obligación de ponerla al servicio del público.

Chamorro señaló que si bien la ley no fue aprobada en la pasada legislatura, tiene que ser aprobada este próximo período. “Ya existe en Nicaragua una conciencia de que la información es un derecho ciudadano y no una concesión de los gobernantes”, advirtió.

Ahora la presión es por la aprobación definitiva de la ley.