Vilma Núñez de Escorcia y Bayardo Izabá, directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la Red de Mujeres recurrirán de amparo este lunes contra la penalización del aborto terapéutico, aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional el pasado 26 de octubre.

Los recurrentes manifestaron que la reforma al Artículo 165 del Código Penal es inconstitucional, porque violenta los derechos de las nicaragüenses.

“Dicha ley violenta principios fundamentales y disposiciones del ordenamiento jurídico constitucional; así como normativas internacionales suscritas por el Estado de Nicaragua y reconocidas por nuestra Constitución Política, por eso venimos a interponer formal recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 603”, dice el escrito que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo consideran que la penalización del aborto terapéutico violenta los derecho a la vida, a la salud de las mujeres, al desarrollo humano, a la dignidad de las personas, la libertad individual, y al derecho al libre ejercicio de la profesión de los médicos que los obligan a violar sus propios principios, al impedir que practiquen un aborto por razones de salud en la vida de una mujer.

La Iglesia católica es la principal defensora de que se penalice el aborto. El 1 de enero el Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, exigió no revertir la reforma del Código Penal.