Con mucha sinceridad y con la plena convicción de que el presente tema sea leído y analizado, con mucha devoción patriótica expongo de entrada que conozco muy bien la vida del Poder Judicial de Nicaragua donde estuve inmerso como Juez Local Penal, Secretario de Distrito Penal y 11 años continuos de Magistrado de Apelaciones.

Esto es, si se quiere, mi mejor aval para señalar logros y fallas de este citado Poder Judicial que en definitiva, y lo manifiesto con mucha pena, se ha convertido en los últimos diez años en un poder politizado, prebendario y falto de credibilidad.

Estudiosos del derecho constitucional y diversos comentarios de las actividades de los tribunales de justicia reconocen que el Poder Judicial es fuerte baluarte del Estado de Derecho.

En una ocasión expresó un jurista alemán que el Estado de Derecho se conforma y se reviste de dignidad cuando hay empeño del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado de cumplir sin reserva alguna con los mandatos legales estatuidos en la Constitución de la República.

Este cumplimiento obliga cada día en un ritual jurídico a la observancia cabal de las leyes, decretos, como normas y reglamentos de seguridad y equilibrio de todos los poderes del Estado.

En nuestra querida Nicaragua debo reconocer que muchas disposiciones de la Constitución Política tienen referencia de contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y así tenemos el: Derecho a la vida, a la libertad individual, a su seguridad y reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

Desde aquí, ya entra en función inmediata la administración de justicia que precisamente debe tutelar lejos de intereses políticos los apartados atrás enumerados.

Considero muy fundamental y notorio como la garantía ciudadana de que “ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”; luego de acuerdo a la Constitución se van enumerando las garantías procesales en lo relativo a las personas sometidas a juicio: igual que lo que corresponde a lo propio del proceso penal.

Merece mención en este estudio recordar que los poderes del Estado están “subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

Siempre debe tenerse en cuenta este ordenamiento constitucional pues esto facilita la mayor y excelente armonía entre los poderes del Estado.

No se puede negar ni olvidar que en estos últimos años de gobierno fueron sentidas y visibles, lo que causó mucha vergüenza estatal, la crisis generadas entre el Ejecutivo, el Legislativo y nuestro Poder Judicial; y esto se debió a marcados como poco inteligentes manejos políticos necesitados de tolerancia y dominio de la Constitución de la República.

Pude apreciar la distancia que guardó el titular del Ejecutivo con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Constitución obliga al titular del Ejecutivo brindar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo necesario, para hacer efectivas “sus providencias y decisiones sin temor alguno”.

Con respecto al Poder Judicial debe confirmarse que la justicia emana del pueblo y que los tribunales de justicia forman una sola unidad cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia.

Son bien conocidos pero no muy bien cumplidos los requisitos para ocupar cargos en la administración de justicia pero debe resaltarse como muy prioritarios la moralidad y el talento de los aspirantes a jueces y magistrados.

Agrego más que tales candidatos a ocupar los cargos referidos deben fomentar el hábito de la lectura de temas jurídicos y conocer al pie de la letra todo lo que concierne a los Derechos Humanos.

Que el nuevo gobierno de enero próximo procure a toda costa restituir la credibilidad y seriedad del Poder Judicial y que no se repitan como en años anteriores el famoso caso de “La Verona”, como judiciales resolviendo casos por presiones políticas y ofrecimientos de magistraturas, igualmente que no se repita el “extravío” de miles de dólares en las propias oficinas de la actual Corte de Justicia.

Invito con todo respeto al nuevo y próximo titular del Ejecutivo a considerar como indispensable, muy justo y necesario para comenzar con pasos firmes sus funciones presidenciales, conocer a perfección sus atribuciones como jefe de Estado, pues al rendir su promesa de ley ante el presidente de la Asamblea Nacional, ya que se define su compromiso de cumplir y hacer cumplir todos los ordenamientos de la Constitución Política de La República de Nicaragua, y un consejo gratuito de que tenga cuidado el Presidente de lo que le recomienden sus consejeros pues algunos son devotos de la lisonja y de sus intereses personales.