El titular de la Dirección General de Ingreso (DGI), Róger Arteaga Cano, informó no conocer las inconsistencias que la Contraloría General de la República (CGR) asegura le encontró en la institución en una reciente auditoría.

El jueves pasado funcionarios del ente fiscalizador aseguraron que, entre los hallazgos encontrados, había algunos pagos que se realizaron en la DGI, sin el debido soporte y que por esa inconsistencia se podía declarar una responsabilidad administrativa.

El director de la DGI, Arteaga Cano, dijo que los auditores de la Contraloría tienen varios meses de estar auditando la institución y que hasta ayer no le habían comunicado nada sobre los supuestos hallazgos anómalos encontrados.

Sin embargo, dijo esperará que una vez que concluya la valoración del trabajo de los auditores, la entidad fiscalizadora le señale puntualmente en qué lugar fue localizada la inconsistencia en mención para brindar la explicación correspondiente.

DA CUENTAS

El director de la DGI brindó estas declaraciones minutos antes de reunirse ayer en la CGR con el contralor Luis Ángel Montenegro, a quien le entregó su declaración de probidad de cese de funciones.

Agregó que cuando empezó a trabajar con el gobierno de Enrique Bolaños, el informe sobre su patrimonio familiar que presentó ante la Contraloría era de unos 520 mil córdobas y que en los cinco años que estuvo como funcionario público, esa cantidad aumentó a 800 mil córdobas.

Hace unos días, el doctor Julio Centeno Gómez, ahora ex Fiscal General de la República, también presentó ante la CGR su declaración de probidad por el cese de sus funciones en el Ministerio Público.

El contralor Montenegro informó que de los funcionarios del actual gobierno, Arteaga Cano era el primero en cumplir con ese mandato, contemplado en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

En relación a las inconsistencias que habrían sido encontradas en la DGI, manifestó que éstas se refieren a violaciones de las normas internas de la institución, pero que necesariamente no están relacionas a hechos de corrupción.

“En este caso no hay ningún acto de deshonestidad. No hay responsabilidad penal ni civil, sino administrativa que se aplica cuando se violan las normas de control interno, porque hay omisión de la máxima autoridad o a veces porque lo ‘embrocan’”, dijo.