Leí con atención la información publicada por el diario LA PRENSA sobre la decisión del honorable juez del Distrito Sur de la Florida, Federico A. Moreno, quien decidió confiscar 700 mil dólares a la familia Alemán debido a que la defensa de los procesados falló en demostrar la legitimidad de dicha cantidad de dinero. Sin embargo, me llamó más la atención el comentario ilógico que hizo el asesor legal del doctor Alemán en Nicaragua, quien alega que el fallo emitido por el juez Moreno “es una resolución política” y que los abogados del doctor Alemán en los Estados Unidos “van a apelar porque es una resolución de un juez civil de primera instancia.”
El comentario hecho por el asesor legal del doctor Alemán en Nicaragua no presenta ningún fundamento jurídico. Primero, porque en Estados Unidos, los jueces federales una vez que son elegidos por el Congreso ostentan su puesto de por vida. La idea es que así no puede haber ninguna presión de parte de fuerzas externas que condicionen su reelección. De hecho, una de las causales para perder dicho nominación de por vida es que los jueces abusen de su poder o se dejen chantajear por otros. Por lo que no creo que exista ninguna presión del gobierno de Nicaragua o del propio gobierno norteamericano y no creo que sea “una resolución política” por no haber intereses personales de por medio.
Segundo, los juicios civiles en las cortes federales se dividen en la parte escrita y la parte oral. En la fase escrita las partes deben presentar todas las pruebas que tengan para poder demostrar su dicho. Si hay dudas en cuanto a lo que las partes dicen, el juez ordena que el proceso pase a la fase oral que es el jurado de conciencia, el cual es el que decide la suerte de los litigantes. Sin embargo, si no existen dudas, o una de las partes en litigio no pudo demostrar lo alegado, el juez de oficio puede dictar una sentencia definitiva sin necesidad de ir a un jurado. En el presente caso, si el juez Moreno decidió confiscar los 700 mil dólares a la familia Alemán sin necesidad de mandar el caso a un jurado, es debido a que los procesados no pudieron ni siquiera crear alguna duda en la mente del juez. Esto se debe a que no había pruebas sólidas que sustentaran sus alegaciones.
Por último, en cuanto a la aseveración de que la familia Alemán va a apelar de la sentencia debido a que “es una resolución de un juez civil de primera instancia,” hago la observación que en Estados Unidos, a diferencia de Nicaragua, la apelación no es un derecho sino que una cortesía de las cortes según lo ha estipulado la Corte Suprema de Justicia. La séptima enmienda de la Constitución norteamericana garantiza el derecho a un jurado en los juicios civiles pero no garantiza el derecho a la apelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que el caso del doctor Alemán ha llegado a su punto final, a no ser que la defensa demuestre que hubo “un claro error” de parte del juez de Distrito o un abuso de su poder. Si no hay ningún error ni abuso judicial, los 700 mil dólares han sido propiamente confiscados y ahora es parte del Gobierno tratar de repatriarlos.
