La victoria electoral del FSLN y su candidato presidencial Daniel Ortega Saavedra, hoy presidente electo de Nicaragua, se da en un contexto histórico totalmente distinto al de 1979.

El lema electoral usado por el candidato presidencial del FSL, hoy electo, de que: “En 16 años de gobiernos neo-liberales no hicieron nada por los pobres de Nicaragua, que sólo fueron gobiernos para los privilegiados”, no fue combatido ni con firmeza, ni con timidez por los otros candidatos presidenciales, como que no se sentían o no se sienten ligados a esos gobiernos o administraciones democráticas. Pero sí se hizo, pues se han respetado y afianzado, hasta donde ha sido posible, las principales libertades políticas, sociales y económicas que consagran nuestra vigente y aún imperfecta Constitución Política.

Libertades plenas como: las individuales, sociales, económicas, laborales y de familia, cualquier nuevo gobierno o administración pública se debe respetar.

Los signos, las señales negativas de la violación al respeto de los Derechos Humanos, asemejaría al nuevo gobierno o administración al régimen totalitario de los años 80 en los cuales hubo odio, venganzas y revanchas. Aquello fue una revolución armada que con ayuda del pueblo botó a un gobierno dictatorial, que más temprano que tarde se convirtió en otro gobierno dictatorial igual o peor que el anterior. Pero ese hecho no le daba el derecho a violar las principales garantías ciudadanas.

Todo nicaragüense, incluso los que votaron a favor del FSLN y su candidato, ahora presidente electo, estarían atentos, vigilantes, día a día, paso a paso y denunciando si se comienza violando las libertades plenas de los ciudadanos pues no se debe confundir el nuevo Estado-Partido, que la Policía y el Ejército sigan siendo nacionales, profesionales, respetuosos de nuestra Constitución Política y totalmente apartidarios. Que la emisora Radio Nicaragua sea la voz del Estado y no de un partido. Tal vez se le devuelve su frecuencia a la Poderosa, si reúne todos los requisitos legales.

El nuevo gobierno debe ser prudente, sensato, actuar con madurez, no ser represivo. No es un gobierno militar, ni el Presidente electo es militar, pues no pertenece ni a la Policía Nacional, ni al Ejército Nacional, ni debe decírsele comandante, eso es servilismo y llevaría a la ciudadanía a creer que el próximo gobierno es militar, cuando no lo es, ni debe ser.

Las nuevas políticas económicas y sociales o la continuación de las existentes, tienen que empezar por reconocer la realidad del país, en lo nacional y en lo internacional, si no serán inoportunas e ineficaces. Nada es absoluto, sólo Dios. Las políticas del país, un nuevo gobierno las encuentra liberales, quiéranlo o no, y el propósito es cambiar la realidad, con el fin de mejorar la vida integral de todos los individuos, sin discriminación, reconociendo que existen restricciones que hacen de los derechos y deberes civiles y políticos.

Si hay libertad, hay y habrá progreso y, para que haya progreso, se necesita que haya paz, estabilidad, relaciones armónicas entre gobernante y gobernados, empresarios y trabajadores con diferentes forma de pensar y actuar, pero de acuerdo a las leyes, al estado de desarrollo. El desarrollo, el progreso, exigen esfuerzos conscientes de unidad, iniciativas concentradas para salvaguardar la base de la paz social y política. “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

El progreso, la prosperidad, el desarrollo en todas partes del mundo, dependen del sostenimiento de los principales derechos humanos y libertades públicas y para no agotar la lista, por ejemplo, las garantías individuales, el libre comercio, la libre empresa, la libertad de expresión y opinión, de comunicación, de culto, de propiedad privada, de movilización, la estabilidad del tipo de cambio de la moneda, bajas tasas de interés y la contención de la inflación, exigen ajustes democráticos necesarios.

No debe haber censura de ninguna clase. No se debe detener a alguien sin el debido juicio, ni recurso, no debe existir el maltrato policial ni la tortura, ni abusos administrativos con los bienes del Estado y de los contribuyentes, debe respetarse el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico integral y vigente y no debe considerársele anticuado. Ya no puede el Ejecutivo gobernar por decreto. Todos los principios que lo rigen, han sido aceptados ampliamente como elementos esenciales de las sociedades civiles modernas y están estampados en todas las constituciones políticas, por lo menos en América Latina.