La Contraloría General de la República (CGR) encontró indicios de presunción penal en contra del ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, por la circunvalación de la carretera que no se construyó dentro del proyecto de ampliación y rehabilitación de la Carretera Ticuantepe-Granada, que ejecutó la empresa española Hispánica
El contralor Luis Ángel Montenegro informó ayer que en esa parte del proyecto se le causó al Estado Nicaragüense un daño patrimonial de aproximadamente once millones de córdobas que se invirtieron en la compra de los terrenos que utilizaría para la construcción de ese tramo de carretera en las cercanías del Cerro Coyotepe, en Masaya.
Al final, la circunvalación no se construyó.
Según el contralor Montenegro, en la auditoría que realizaron en este caso, se encontró que se violentaron las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que dijo que la compra no se realizó a través de licitación pública.
Los bienes adquiridos tampoco fueron formalizados legalmente a favor del Estado nicaragüense y no se tomó en cuenta a la CGR para la adquisición de esos terrenos, entre otras anomalías, insistió el contralor colegiado.
Montenegro señaló que la CGR también encontró responsabilidad penal en contra del Secretario del Ministerio de Transporte e Infraestructura, José Alejandro Ríos.
La construcción de esa circunvalación, que estaría ubicada detrás de El Cerro Coyotepe, fue autorizada por Pedro Solórzano, ahora secretario privado del Presidente, Enrique Bolaños, a través de un Adendum que firmó en el 2005 con la empresa constructora Hispánica.
El ex titular del MTI también resultó con presunción penal en otra auditoría que recientemente concluyó la CGR sobre el Proyecto Carretera Ticuantepe-Masaya-Granada.
El informe revela que el ex ministro de Transporte e Infraestructura habría cometido irregularidades en la licitación de la obra.
El documento fue remitido en forma de acusación al Juzgado Octavo de Distrito Penal de Audiencia, con copias al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República.
Montenegro también señaló que en los próximos días tendrán lista otra resolución, relacionada a la indemnización que Solórzano se recetó al salir del MTI y la carretera Guasaule - Chinandega. En ambos casos se cometieron irregularidades y se presume que también exista presunción penal, indicó el contralor Montenegro.
