El ministro de Gobernación, Francisco Fiallos, emitió una resolución administrativa mediante la cual sanciona con cuatro meses de salario al director general de Migración y Extranjería (DGME), Fausto Carcabelos, basándose en un informe de Auditoría Interna que lo señala de violar las normas técnicas de la Contraloría General de la República y de Migración.
La sanción fue aplicada a cinco días del cambio de gobierno y después de reiteradas críticas al presidente Enrique Bolaños por haber restituido en el cargo a Carcabelos, quien se supone violó cinco numerales del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, relacionados con el sistema de control gubernamental.
NO PROTEGEN A NADIE
Los periodistas preguntaron a Fiallos por qué había tomado tan tarde esa medida, y él respondió que el Presidente no está protegiendo a nadie en este caso y “me ha dado el apoyo a las medidas que yo he tomado”.
En la resolución, Fiallos expresa que ya informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la sanción administrativa impuesta a Carcabelos, “a fin que se proceda a retener de su salario, el monto equivalente a la sanción administrativa impuesta y, de ser necesario, le sea retenido de sus prestaciones sociales”.
Ante la insistencia de los periodistas sobre la forma en que harán efectiva esta disposición, debido a que a Carcabelos le quedan pocos días en el cargo, Fiallos dijo: “Éstas son ya disposiciones administrativas del Ministerio de Hacienda, ellos verán cómo hacen, evidentemente si él se va el 10 (de enero), entonces no paga el resto, pero nosotros tenemos que actuar conforme a la ley, no en cuanto a hipótesis o suposiciones”.
“No es de mentira, porque también hay liquidaciones y prestaciones sociales y eso, como le digo, son asuntos administrativos del Ministerio de Hacienda”, añadió.
El ministro evitó ofrecer cifras sobre la cantidad de dinero que retendrán a Carcabelos por la sanción, pero fuentes gubernamentales aseguran que un director de Migración devenga un salario aproximado a 65 mil córdobas. Eso indica que Carcabelos pagará 260 mil córdobas.
En la resolución, Fiallos aclara que Carcabelos tiene derecho “de hacer uso del recurso establecido por la ley, para la valoración de la sanción antes impuesta, dentro del término señalado por la ley”.
Fiallos estableció en la resolución, que a raíz de informaciones publicadas en los medios de comunicación, relacionadas con el ingreso y salida de extranjeros al país, instruyó a la Policía Nacional para que investigara el caso, además de a la Inspectoría Civil y Auditoría Interna de ese Ministerio.
Mientras la Policía remitió su informe a la Fiscalía, la Auditoría Interna concluyó que Carcabelos “ha incumplido con las normas técnicas de control interno en lo que se refiere a la información, comunicación y documentos de respaldo, y con las Leyes 154 de Extranjería y la Ley 240-513 de Control de Tráfico de Migrantes ilegales”.
Según la auditoría, en el caso de los indocumentados no se establecen adecuadamente los sistemas de administración, control y funcionabilidad en el área de Extranjería, así como en el Departamento de Control de Retención, “ya que se observó la falta de soporte en los expedientes de los migrantes, además no existe un seguimiento y control a la personas que se les dan visas de residencia, o bien de las personas con los estatus de ilegales pero que están regularizando su situación”.
La auditoría también encontró que se efectuaron deportaciones de ciudadanos vietnamitas sin el debido soporte documental.
