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Juego de intereses El fiscal general Julio Centeno dijo que el inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, entregó la notificación a los Juzgados, para que se abra el sigilo bancario a Eduardo Montealegre, Mario Alonso y Gilberto Cuadra. “Se solicita al juez, quien a su vez le ordena a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, una investigación financiera de las personas que señaló la Contraloría con presunción de responsabilidad penal, entre ellos el señor Eduardo Montealegre, el ex presidente del Banco Central Mario Alonso y contra don Gilberto Cuadra”, indicó Centeno. Centeno añadió que del resultado de esta última investigación, la Fiscalía General de la República decidirá si abre causa penal en contra de Montealegre, Alonso y Cuadra, tomando en cuenta que la Contraloría ya emitió una resolución de responsabilidad penal en contra de ellos tres y otras personas. “Es parte de lo mismo (acoso y hostigamiento), pero el que no las debe no las teme. Yo esperaría que el fiscal no se preste al juego, el fiscal considero debe hacer las investigaciones que debe hacer, porque para mí es importante porque sé que mi actuación ha sido correcta”, replicó Montealegre.

El estorbo “Porque tanto estorbo soy para Daniel (Ortega) o para Arnoldo Alemán, que aquí lo que no quieren es que surja una tercera opción comprometida con la democracia, que es mi único interés”, dijo ayer Eduardo Montealegre al comentar la decisión de la Fiscalía General de la República de abrir una investigación en su contra y dejar fuera a otros personajes vinculados a los Cenis.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer a las autoridades judiciales que se abra el sigilo bancario para el diputado Eduardo Montealegre, el ex presidente del Banco Central Mario Alonso y Gilberto Cuadra, ex funcionario del Banco Central, para verificar si cometieron delitos en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni).

El Fiscal General, Julio Centeno, dijo que la orden marca el final de un proceso que incluye una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que ya estableció presunción de responsabilidad penal en contra de Montealegre, Alonso, Cuadra y otras personas.

Montealegre reaccionó ayer mismo al indicar que no tiene ningún temor a la pesquisa; y advirtió que la decisión de la FGR, de investigar únicamente a tres personas, obedece a un “acoso y hostigamiento” político en su contra.

Es para provocar una división en las filas del llamado Bloque Contra la Dictadura, señaló.

En efecto, fuentes políticas indicaron que la orden de la FGR, que debe ser cumplida por la Superintendencia de Bancos, supuestamente es dirigida por el presidente Daniel Ortega con el propósito de presionar a Montealegre y provocar una división en el Bloque Contra la Dictadura y entre la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) antes del diez de enero, cuando reinicia sus labores la Asamblea Nacional.

De acuerdo a la fuente, Ortega mantendrá sus presiones sobre el ex mandatario Arnoldo Alemán y las arreciará en contra de Montealegre, porque necesita que para el diez de enero ya no exista en el parlamento un bloque cohesionado de 52 diputados que siga oponiéndose a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a nuevas reformas constitucionales, a un proyecto presupuestario y a otra prórroga a la Ley Marco, que le permitiría al Poder Ejecutivo conservar amplias facultades.

Hace semanas, diputados opositores denunciaron que el presidente Daniel Ortega les advirtió, a través del magistrado judicial Rafael Solís, que encarcelaría a varios dirigentes políticos y diputados, e incluso que está dispuesto a militarizar el país si no le aprueban los CPC y las reformas constitucionales.

¿ALEMÁN DE QUÉ LADO ESTÁ?

El fiscal Centeno, miembro del PLC que domina el ex mandatario Alemán, rechazó que la orden responda a un arreglo entre Alemán y Ortega.

“Esto obedece a una recomendación que hizo la Comisión Interinstitucional, integrada por el Ministerio Público que la preside, la Policía Nacional, Procuraduría y Contraloría General de la República”, señaló Centeno.

Versiones no oficiales indican que Centeno supuestamente es víctima de presiones del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y por eso actúa sin el aval del PLC.

Montealegre confirmó ayer que el diputado por el PLC, Oscar Moncada, lo llamó para decirle que Alemán no tiene ningún nexo con las acciones que impulsa la FGR.

A RASTREAR FLUJOS

Centeno explicó que la orden de la FGR es que el sistema financiero “rastree el flujo de los patrimonios financieros” de Montealegre, Alonso y Cuadra, para confirmar si se enriquecieron bajo la sombra de los Cenis, específicamente al momento en que se efectuó una subasta y una reclasificación de carteras.

Montealegre ha dicho en su defensa que al momento de efectuarse la subasta de bienes, él estaba fuera del país y no participó en la reclasificación de carteras, sino que lo hizo en una renegociación de la deuda de los Cenis, que disminuyó el porcentaje de intereses y amplió el período para que el Estado cancelara su mora.

“Esto es un claro hostigamiento y acoso político, quiero ver qué van a investigar”, señaló ayer Montealegre.

Montealegre aceptó que detrás de todo el andamiaje institucional que lo persigue está el interés de dividir a las fuerzas opositoras.

“Eso es lo que le encantaría al Frente Sandinista, pero no voy a caer en esa trampa. Ni tampoco vamos a romper la alianza con el PLC, porque no es con Arnoldo Alemán que hacemos la alianza”, dijo Montealegre.

“Independiente de las presiones, chantajes y pistolas en la cabeza que quieran ponerme, mi compromiso es con la democracia y no nos vamos a echar para atrás ni nos vamos a doblegar, por muchas investigaciones, notificaciones y presiones que quieran hacer”, añadió el diputado.

Sin embargo, Montealegre no escondió su desconfianza en torno al rol que juega Alemán.

“No es casualidad que altos dirigentes del PLC se reunieron con el Fiscal hace menos de diez días”, expresó.

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Convivencia familiar no debió ser tocada En la resolución que la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) emitió a favor de Arnoldo Alemán, para que este vuelva a tener Nicaragua por cárcel, se explica que el régimen de convivencia familiar le fue otorgado a Alemán por la juez Primero de Distrito de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, y luego ratificada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El argumento de la Sala Penal Dos es que las magistradas sandinistas de la Sala Penal Uno, Ileana Pérez y Ángela Dávila, por ser de un tribunal inferior a la Sala Constitucional, no debieron afectar la convivencia familiar de que gozaba el ex presidente y reo Arnoldo Alemán por ser valetudinario. “Es como si un juez local ordene a un juez de Distrito”, indicó el magistrado Mario Miranda.

En una encrucijada El alcaide Óscar Molina, director de la Cárcel Modelo, señaló que hay dos resoluciones (una de la Sala Penal Dos y otra de la Sala Penal Uno) y que deberá ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que dirima el asunto. De momento el Sistema Penitenciario Nacional dispuso rendirle obediencia a los magistrados sandinistas.

Los magistrados liberales de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Mario Miranda y Noel Pereira, fracasaron en su intento de sacar de El Chile a los oficiales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) que custodian al ex presidente y reo Arnoldo Alemán Lacayo.

Después de conocer que la Sala Penal Uno, dominada por las magistradas sandinistas Ileana Pérez y Ángela Dávila, detuvo una resolución de la Sala Penal Dos que ordena restablecer el régimen de convivencia familiar a Alemán, ayer Miranda y Pereira se dirigieron ellos mismos a El Chile para hacer efectivo el cumplimiento de su resolución.

Acompañados por el magistrado liberal de la Sala Laboral, Orlando Lúquez, Miranda y Pereira se toparon con la voluntad “férrea” de los oficiales del Sistema Penitenciario, totalmente dispuestos a obedecer más a las magistradas sandinistas de la Sala Penal Uno que a los liberales.

“Nosotros no estamos pidiéndoles que nos dejen ingresar (a El Chile), les estamos pidiendo que se retiren de aquí. Yo soy el Poder Judicial”, les dijo el magistrado Miranda a los oficiales del Sistema Penitenciario.

“Pero aquí no va a entrar”, fue la respuesta que recibió.

Poco después, el alcaide Óscar Molina, director de la Cárcel Modelo, les reiteró a los magistrados liberales que El Chile de momento es una extensión de esa prisión.

Al mediodía de ayer, Miranda, Pereira y Lúquez se presentaron al Ministerio de Gobernación (Migob) para pedir a la ministra Ana Isabel Morales que ordenara el retiro de El Chile a los oficiales del Sistema Penitenciario, pero no encontraron a la funcionaria.

Oficiales del Migob les dijeron que la ministra Morales estaba fuera de la institución y que había dejado en su lugar a un delegado, pero que en ese momento dicho delegado se encontraba en el departamento de León, según reveló el magistrado Miranda.

Extraoficialmente se conoció que la ministra Morales sí se encontraba en el Migob, pero esto no fue confirmado.

Situación similar ocurrió en la hacienda El Chile, adonde los magistrados liberales llegaron después de las 2:00 p.m. de ayer y los oficiales del Sistema Penitenciario les expresaron que debieron comparecer primero ante el alcaide Óscar Molina, pero no les dijeron que este funcionario se encontraba en la hacienda de Arnoldo Alemán.

Poco después, el alcaide Molina salió de El Chile y fue tajante con los magistrados liberales.

“No vamos a cumplir con ese oficio (de la Sala Penal Dos), porque ya hay una resolución de la Sala Penal Uno. Lo siento, pero aquí (en El Chile) no pueden entrar”, les indicó el alcaide Molina a los magistrados liberales.

Hasta las 4:00 p.m. de ayer se presentó el juez ejecutor Francisco López Fernández, quien a su vez fue encomendado por los magistrados de la Sala Penal Dos para cumplir con la liberación de Alemán, pero tampoco pudo hacer nada.

OCULTAN RESOLUCIÓN

El magistrado liberal Rafael Avellán, el tercer miembro de la Sala Penal Uno, dijo que sus colegas sandinistas, Pérez y Dávila, insisten en ocultarle la resolución que detiene el restablecimiento de la convivencia familiar para Arnoldo Alemán, ordenado por la Sala Penal Dos.

LA PRENSA llamó a las magistradas Pérez y Dávila, pero ninguna de ellas contestó las llamadas.

El alcaide Molina, quien sí conoce el contenido de la resolución, explicó que la misma se basa en que el expediente del caso está radicado en la Sala Penal Uno, por lo tanto las magistradas Pérez y Dávila sí podían afectar la convivencia familiar del ex mandatario.

Mauricio Martínez, abogado de Alemán, y el magistrado Miranda aclararon que Pérez y Dávila no podían detener la resolución de la Sala Penal Dos, por cuanto el expediente de Arnoldo Alemán ya se encuentra en casación y debe estar en manos de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.

LLAMADO A UNIRSE

El vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, después de presenciar lo ocurrido en El Chile, llamó a unirse de inmediato a las fuerzas democráticas.

“El Partido Liberal Constitucionalista y sus aliados estábamos casi seguros que iba a haber una respuesta dictatorial y como lo dijo el magistrado Miranda, ahora el Sistema Penitenciario no está sujeto a la justicia, ahora es al revés, ahora es el Sistema Penitenciario el que le dice a la justicia quién está libre y quién no está libre”, dijo Teller.

Teller añadió: “El PLC hace un llamado urgente a todas las fuerzas políticas democráticas a que firmemos ya el acuerdo de alianza, el acuerdo de unidad y a tomar las medidas porque hoy es Alemán, mañana es (Eduardo) Montealegre, pasado mañana puede ser cualquiera de ustedes medios de comunicación, cualquier dirigente o líder. Ya esposaron a un periodista (Jorge Loáisiga de LA PRENSA), lo golpearon, lo arrastraron. Estamos ante el restablecimiento de una dictadura”.

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Las sentencias de La Haya El canciller Samuel Santos valoró como positivas las dos sentencias relacionadas con Nicaragua, que emitió en este 2007 la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por un lado, en la disputa con Honduras la CIJ estableció una decisión “salomónica”. “En el caso de Honduras fue una decisión salomónica de la Corte, donde agarró una parte de las aguas, dándole una parte a Honduras y una parte a nosotros; y en el caso de Nicaragua recuperamos una gran cantidad de área en el mar, que nos permite a nosotros hacer trabajos y permitir que los trabajadores artesanales lleguen allí”, celebró Santos. En el litigio con Colombia, al declararse la CIJ competente de conocer el caso, para Nicaragua es un punto a favor, señaló Santos. “En el caso de Colombia lo importante en este caso es que primero, la Corte dejó claramente establecido que apenas son los (pasos) preliminares, y que tenía derecho (jurisdicción) la Corte y que es correcto que vea el asunto entre Colombia y Nicaragua”, dijo Santos.

El Gobierno de Nicaragua mantiene firme su reclamo por la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aseguró el canciller Samuel Santos, a pesar de que Colombia las reconoce como suyas.

Santos indicó que una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a través de la cual se declaró competente para conocer un litigio marítimo entre Nicaragua y Colombia, no le otorgó a Bogotá la soberanía sobre las tres islas, por lo cual esa demanda está vigente.

“Nosotros mantenemos ese reclamo (por las tres islas), es la posición que tenemos”, precisó Santos.

“Pero recordá que esto es una cuestión de que encontremos con Colombia una posición fraternal de países latinoamericanos, de hermanos latinoamericanos, que resolvamos de manera racional, inteligente y fraternal el diferendo que tenemos entre nosotros”, añadió Santos.

El pasado 13 de diciembre, la CIJ se declaró competente para juzgar la delimitación de una frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, pero reconoció que no tiene jurisdicción para resolver sobre la soberanía de las tres islas del archipiélago de San Andrés, debido a que —según un tratado firmado en 1928— pertenecen a Bogotá.

Santos explicó que Nicaragua desconoce el tratado Esguerra-Bárcenas, porque cuando se firmó, en 1928, existía una “ocupación” de tropas de Estados Unidos.

“LA CORTE NO SE METE”

“En el caso de las islas, San Andrés y todo lo demás, lo que la Corte dijo, para que quedemos absolutamente claros, es que ella, como ya había sido sujeto de un tratado que Nicaragua ha rechazado, porque recordá que en ese entonces estábamos intervenidos y ocupados, entonces dado que es un tratado que ya existió, la Corte ya no se metía”, dijo Santos.

Colombia obtuvo la soberanía de las tres islas a través del tratado Esguerra-Bárcenas, en 1928.

Nicaragua desconoce rotundamente el tratado, al alegar que en aquella época estaba intervenida.

Ahora Santos mantiene que la sentencia de la CIJ, del pasado 13 de diciembre, en ningún momento estipula que las islas son de Colombia.

NI DE NICARAGUA NI DE COLOMBIA

“No ha dicho (la Corte) ni que es de Colombia ni que es de Nicaragua, simplemente que no tiene participación, esa es la interpretación que nosotros le damos”, precisó Santos.

Tras la sentencia del 13 de diciembre, la delegación colombiana ante la CIJ calificó como un “revés fundamental” la posición de Nicaragua, “ya que siempre pretendió que el archipiélago de San Andrés le pertenecía y el tratado de Esguerra-Bárcenas era nulo e inválido”.

NICARAGUA PIDE DIÁLOGO

En una conversación exclusiva con LA PRENSA, Santos manifestó que la solución por la soberanía de las islas debe pasar por un inevitable diálogo entre ambos países.

El jefe de la diplomacia nicaragüense expresó que el mandatario Daniel Ortega propuso un diálogo a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, desde el pasado diez de enero.

“Se tiene que llegar a dar en algún momento (el diálogo), ya nosotros lo hemos propuesto desde hace rato. El presidente Ortega lo ha propuesto en varias ocasiones, ha sido insistente en el diálogo. Cuando vino a la toma de posesión el presidente Uribe, el presidente Ortega se lo dijo desde ese primer momento, entonces es algo que Nicaragua, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, lo ha estado planteando siempre”, aseguró Santos.

EL BORRADOR SOBRE EL MERIDIANO 82

En su sentencia, la CIJ dejó establecido que la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia no está en el Meridiano 82, como defendía Bogotá.

Nicaragua considera esa sentencia como un éxito, debido a que la CIJ se declaró competente para conocer el caso y no admitió que el Meridiano 82 sea la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.

“Ahora creo que de manera razonable, de manera fraternal, como pueblos hermanos que somos, tenemos que, entre Colombia y Nicaragua, encontrar la frontera entre nosotros, que debe ser una parte media racionalmente”, añadió Santos.

BUSCAN NUEVOS AMIGOS

El canciller Santos sostuvo que para el año 2008, el Gobierno de Nicaragua buscará acercamientos con más países.

“Seguir acercando a los pueblos a Nicaragua y que Nicaragua se acerque a los otros pueblos, ese es el principal reto, seguir hermanándonos con los demás pueblos”, dijo Santos.

El pasado jueves, juramentó el nuevo embajador de Corea del Sur, Cho Byoung Lip.

Santos destacó que es la primera vez que Corea del Sur tiene a un embajador en Managua y no designa a un “concurrente”.

QUIERE IR MÁS ALLÁ DE LOS SALUDOS

Sin embargo, a nivel local el acercamiento de Nicaragua con Venezuela e Irán, cuyas autoridades son calificadas como conflictivas por otros gobiernos, incluido Estados Unidos, ha causado preocupación.

Santos comentó que Nicaragua promueve la apertura de más embajadas, para estrechar los lazos con más naciones, pero no sólo “para saludarnos”, sino para establecer programas mutuos de cooperación.

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Como labor de hormigas La presidenta de la Red de la Vivienda, Ninette Morales, indicó que trabajan a como pueden en la construcción de viviendas dignas. “A través de nuestras organizaciones hemos hecho esfuerzos, por medio de proyectos de autoconstrucción organizada y asistida, y hemos cubierto a una pequeña parte de la población, es decir nos mantenemos activos en la medida de nuestras posibilidades”, mencionó. Morales planteó, además, que están “promoviendo” el movimiento cooperativo de viviendas. “Lo estamos haciendo por medio de las cooperativas de ayuda mutua, con estas se están produciendo viviendas y se están formando más cooperativas, y pensamos que el Gobierno podría apoyar este movimiento que está surgiendo desde las bases”, dijo. Morales, arquitecta de profesión, subrayó que “realmente se hace un gran esfuerzo con pocos recursos, procuramos mantener en la medida de lo posible la actividad (de construcción de viviendas dignas) con vida”.

La promesa El Invur, en su portal electrónico, refiere que “los acuerdos suscritos por el compañero presidente José Daniel Ortega Saavedra con otros gobiernos y organismos internacionales, ubican a la vivienda como una necesidad prioritaria a resolver para vencer la pobreza, y vale decir que no se trata simplemente de levantar paredes, colocar puertas, ventanas, piso y techo, sino de acciones integrales con el concepto de hogar, de comunidad, de desarrollo social”. Eso todavía está por verse.

El deseo de muchas familias de tener casa propia o al menos de mejorarla, sigue siendo un sueño cada vez más difícil de cumplir en Nicaragua.

La presidenta de la Red de la Vivienda, Ninette Morales, señaló ayer a LA PRENSA que este año se contabiliza un déficit de 900 mil viviendas en el país, de las cuales 400 mil corresponden a casas nuevas.

Un total de 500 mil son viviendas que necesitan ser mejoradas en su infraestructura física.

“El déficit de viviendas en Nicaragua es realmente alto y debe ser una tarea de alta prioridad, un asunto a resolver”, destacó Morales en una entrevista vía telefónica.

El año pasado el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) registró un déficit de más de 400 mil viviendas en el país, algo que se arrastra desde 1992.

Para Morales esa cifra está por debajo de la realidad.

“Decir que en Nicaragua hay un déficit de 400 mil a 500 mil viviendas es una estimación muy baja, creo que hay que hurgar bien en los censos y en las encuestas de medición del nivel de vida, para encontrar realmente el verdadero déficit”, reiteró.

Morales especificó que la demanda de viviendas es evidente en todo el país.

“Aquí (en Nicaragua) vemos que tanto la zona rural como urbana requieren casas, en los asentamientos vemos eso. Hay una demanda muy fuerte y hay que ver esto y establecer esa necesidad como prioridad y eso implica una fuerte inversión”, recalcó.

En ese sentido recordó que en el 2005 se conoció que se requería una inversión de 130 millones de dólares anuales, para atender la demanda de viviendas a nivel local.

El Invur, sin embargo, calculaba el año pasado que para dar repuesta a la falta de viviendas se tenían que conseguir entre 70 millones y 80 millones de dólares cada año.

PROYECTOS CONGELADOS

LA PRENSA intentó conocer las perspectivas y proyecciones de las nuevas autoridades del Invur en torno al tema, pero no se localizó ayer a ningún funcionario.

Se conoció por la página web del Invur, que esa entidad contemplaba en el Plan de Viviendas 2005-2025 un total de 38,820 viviendas en el 2007.

También un total de 40,318 viviendas en el 2008 y 41,875 en el 2009.

No obstante Morales aclaró que en este año los proyectos habitacionales prácticamente estuvieron congelados.

“Hay proyectos congelados que van por las 16 mil unidades. Las noticias a nivel internacional señalan que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recientemente aprobó 15 millones de dólares, para seguir construyendo viviendas a través de fondos públicos con subsidios”, mencionó.

Y añadió: “Estamos a la espera de la posibilidad de acceso a esos recursos, estamos a la espera de que nuestros proyectos sean aprobados para llegar a los sectores de menores ingresos y poderles ofertar una vivienda digna”.