Casas y fincas con papeles falsos Mario Pravia, quien ha confesado haber sido miembro de una red de traficantes de propiedades, dijo a LA PRENSA que un hombre, al que identificó sólo como Moisés, les decía: “Ustedes me dan reales y yo les hago cualquier documento: escrituras, licencias de portar armas, licencias de conducir...” Pravia asegura que otro implicado en la falsificación de firmas es un joven de apellido Zeledón, de quien dijo: “Tiene una caligrafía ese jodido que si vos le decías ‘haceme esta firma’, de cualquier magistrado, la hacía”. Según Pravia, usando falsificaciones de todo tipo de documentos, Luis Ñurinda ha vendido casas en la ciudad de Matagalpa y fincas en algunos municipios”. Se supone que todo empezó con el fraude contra el Estado de Nicaragua, contra la desaparecida empresa Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami) y contra varios particulares que compraron lotes en la finca El Hular, en el límite entre los municipios de Matagalpa, San Ramón y El Tuma-La Dalia. En el caso de El Hular, Ñurinda fue acusado en un juzgado de Managua, junto al ex Registrador de la Propiedad, Armando Castro, cuatro abogados, dos gestores y seis personas más. Les acusaron por los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos, estelionato, estafa, asociación e instigación para delinquir. Ese proceso lleva cuatro años y aún está vigente. “Aún estoy compareciendo a los juzgados, allá en Managua, sobre el caso de El Hular”, admitió Ñurinda. “En ningún momento me ando corriendo, en ningún momento voy a huir (…) Quiero limpiar mi nombre”, dijo Ñurinda. El jefe de la Policía en Matagalpa, Marlon Montano, precisa en su informe que “Ñurinda utiliza a Roberto José Vanegas Cantarero, quien es el que hace los sellos tanto de abogados y notarios públicos como de otras instituciones del Estado y Privadas”.

Parte de una red de presuntos traficantes de propiedades ha sido identificada por las autoridades, pero las investigaciones para demostrar judicialmente la responsabilidad de los involucrados en operaciones fraudulentas, que estimulan conflictos agrarios y urbanos en Matagalpa, avanzan con lentitud.

La Policía y otras instituciones investigan al menos 25 casos de fincas estatales que, con documentación falsificada, fueron inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de particulares.

“Para poder acusar penalmente a estas personas (que falsificaron documentos), tenemos que recolectar todas las evidencias necesarias”, justificó el jefe departamental de la Policía en Matagalpa, comisionado mayor Marlon Montano Mendoza.

Explicó que los casos investigados corresponden a fincas en Waslala, jurisdicción de la Región Autónoma Atlántico Norte; Paiwas, en la Región Autónoma Atlántico Sur, y Río Blanco y Matiguás, en el departamento de Matagalpa.

En septiembre pasado Montano remitió un informe al presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte (TACN), Francisco Ordóñez, en el que identifica a varias personas presuntamente involucradas en “falsificación de documentos públicos, estelionato, estafa, prevaricato y otros delitos”.

De acuerdo con el informe de Montano, el gestor Luis Enrique Ñurinda es “encargado de falsificar documentos públicos y privados, mercantiles, sellos, firmas y otros, todo en perjuicio del Estado y de particulares”.

EX INTEGRANTE LO SEÑALA

Mario Pravia Martínez es un gestor que reconoce haber sido parte del grupo. “Sí, participé. No lo voy a negar... Yo sí falsificaba firmas”, asegura.

“Ñurinda es la cabeza de todo... En el parque todos le dicen Magistrado, Minirregistro, Minialcaldía, el Rector Universitario”, porque fabrica todo tipo de transacción ilegal, aseveró.

Ñurinda rechazó los señalamientos que le hacen el jefe policial y Pravia, y aseguró que este último se ha encargado de denigrarlo, porque le debe dinero.

“En las ocasiones que he ido a la Policía, que he sido requerido aún sin necesidad de cita, he estado con la buena voluntad de querer realmente aclarar las cosas... Sucede que detrás de todas estas acusaciones siempre está el señor Mario Pravia Martínez, quien antiguamente fue muy amigo mío, pero que por un problema personal se ha dedicado a estarme señalando, involucrando en situaciones tan graves como las que se están investigando”, se defendió Ñurinda.

“Les he dicho a ellos (la Policía) que yo quisiera ver un documento donde aparezca mi firma y las pruebas necesarias para que me estén señalando, primero porque esto no me deja de presionar y me viene creando problemas con el trabajo que desempeño”.

El informe, que el jefe departamental de la Policía envió al presidente del TACN, menciona a por lo menos cuatro abogados presuntamente vinculados con Ñurinda.