Es evidente que al presidente Daniel Ortega le molesta, y mucho, la libertad de prensa que muy a su pesar existe en Nicaragua. Cualquier información y opinión en la que se critique al Gobierno, para Ortega es parte de algún complot del imperialismo y de la oligarquía, pero la de derecha porque él tiene su propia oligarquía de izquierda. Por eso es que prácticamente en todos sus discursos Ortega ataca a la prensa libre y denigra a los periodistas independientes.
En realidad, el propósito del presidente Ortega al atacar sistemática y ferozmente a los medios de comunicación independientes es intimidarlos y obligarlos a autocensurarse. Como no puede silenciarlos mediante la censura directa y la represión institucionalizada contra los periodistas independientes, como lo hacía en los años ochenta, el Presidente los presiona para tratar de domesticarlos. Para Daniel Ortega, en Nicaragua debería haber una sola voz, un solo pensamiento —el de él mismo—, él quisiera que todos los medios se limitaran, como los oficialistas, a reproducir y difundir lo que “sus majestades presidenciales” dicen, repiten y vuelven a decir.
Ortega culpa a los medios de comunicación y los periodistas independientes de sus propios abusos, errores e incapacidad de gobernar. En vez de reconocer sus limitaciones y rectificar sus excesos, Ortega utiliza instituciones del Estado y organismos gubernamentales para intimidar y reprimir a la prensa independiente en general y al Diario LA PRENSA en particular.
Tal es el caso de la acusación penal que cinco señoras, quienes dijeron ser miembros de los CPC de Managua, presentaron el viernes 22 de diciembre corriente contra el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal y el periodista Eduardo Enríquez, Director y Jefe de Redacción de LA PRENSA, respectivamente, porque según ellas los CPC han sido calumniados por este Diario. Pero esta acusación es ridícula, porque la calumnia es un delito que se comete entre personas, no lo cometen personas contra instituciones y/o organizaciones, mucho menos si estas son de carácter gubernamental como es el caso de los CPC. En LA PRENSA ni siquiera se conocía la existencia de esas señoras. Es a los CPC, no a ellas, a los que se ha mencionado en las informaciones y opiniones críticas sobre el caso.
Criticar al Gobierno y sus organizaciones no constituye calumnia ni injuria, sino un derecho garantizado por la Constitución de Nicaragua y las declaraciones universales de Derechos Humanos. Los CPC son organismos del Gobierno. Con ese carácter fueron creados por el presidente Ortega mediante el Decreto Presidencial No. 114-2007 dictado el 6 de diciembre corriente. Previamente, el lunes 3 de noviembre, en una reunión que sostuvo con Eduardo Montealegre y la bancada de diputados de la ALN-PC, Daniel Ortega advirtió que “los CPC no son más que un instrumento que recibe el Ejecutivo para acompañarse en la gestión (gubernamental) y les da (el Poder Ejecutivo) el poder que quiere y eso no se puede impedir”. De manera que por ser los CPC órganos gubernamentales creados mediante Decreto del Poder Ejecutivo —aunque su legalidad y legitimidad sean dudosas porque están impugnadas por una ley de la Asamblea Nacional y cuestionadas por una litis que debe resolver la Corte Suprema de Justicia—, de acuerdo con el Código Penal vigente la crítica a ellos no es injuria ni calumnia.
Es obvio, pues, que tal acusación es un acto de intimidación y de censura indirecta a LA PRENSA y una amenaza a todos los medios de comunicación independientes. Daniel Ortega sabe muy bien, por su formación estalinista y su pretensión de gobernar autocráticamente, que la libertad de prensa y la existencia de medios de comunicación independientes y fuertes, es un obstáculo fundamental a cualquier tipo de dictadura. Por eso ataca a los medios independientes, pretende desacreditarlos y quebrantarlos y tratará de liquidarlos a través de agresiones contra periodistas como la que sufrió Jorge Loáisiga a manos de matones de seguridad de Daniel Ortega, cobro de impuestos ilegales e inexistentes y acusaciones judiciales como la que han presentado las señoras de los CPC.
Pero no nos vamos a someter. Y estamos seguros de que el pueblo democrático de Nicaragua no dejará que Daniel Ortega le arrebate su derecho sagrado a la libertad de expresión y de información.
