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Testimonio del periodista Jorge Loáisiga sobre la agresión del miércoles Quiero empezar esta declaración agradeciendo a mi madre, mi familia, mis hijos, a los amigos y amigas, a los no amigos y personalidades de este país, las decenas de llamadas de solidaridad que desde la noche del miércoles he estado recibiendo. Pero también quiero desmentir la versión tergiversada de los hechos acaecidos la noche del miércoles que brindó ayer la Primera Comisionada, Aminta Granera, en compañía del Comisionado General, Grádiz y el Comisionado Mayor, Alonso Sevilla. Probablemente Granera ha sido mal informada sobre cómo ocurrieron los hechos o quiere salvar responsabilidades frente a dos graves violaciones de los derechos humanos cometidos por sus subordinados, como son la libertad de movilización y la libertad de buscar información, ambas consignadas en nuestra Constitución Política, a la cual se debe la institución que ella representa. Ese día, que no quería ir a cubrir esa actividad, llegué al barrio Ariel Darce en compañía del fotógrafo de LA PRENSA Miguel Lorío. Entramos por la zona este del barrio y avanzamos hacia el oeste hasta llegar a la “cancha”, donde se desarrollaba la actividad del presidente Daniel Ortega Saavedra con los embajadores de Estados Unidos, Suecia, Suiza, Finlandia y representantes de la ONU para la firma de importantes acuerdos para el desarrollo del país en materia de salud, educación, medio ambiente, capacitación, etc. Al llegar al sitio, buscamos el mejor lugar para el ángulo de las fotos y la cercanía del lugar por donde suelen salir las personas, que está la tarima, una vieja costumbre de periodistas, que siempre tenemos algo que consultar. Todo transcurrió normal. Se firmaron los acuerdos y el Presidente brindó su discurso. Los hombres vestidos con camisetas azules estaban tras la valla de metal. Muchos de ellos nos conocen, algunos son ex combatientes, ex oficiales militares, que durante los últimos 16 años han brindado seguridad al comandante Daniel Ortega en todos los actos y concentraciones masivas a los que asiste. Al menos cuatro de ellos me vieron y me escucharon conversando con otros periodistas, como el colega Alfonso Flores, de Canal Dos y María Lilly Delgado, corresponsal de la Cadena Univisión de Estados Unidos. También estaban allí los colegas de la BBC, entre los que recuerdo ahora. Además de haberme visto con los colegas, observaron y escucharon cuando conversé con Félix Cisneros, de la Oficina de Prensa de la Embajada de Estados Unidos. De tal manera que no puede ser una justificación el hecho de que no sabía quién era la persona que corría hacia el Embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli, y cuáles eran mis intenciones. Incluso uno de los camisa azules habló con Cisneros, probablemente sobre el asunto de la seguridad del embajador y cómo se coordinaría la entrada de los periodistas al lugar donde este abordaría su vehículo porque los periodistas estábamos solicitando, incluso que lo llevaran hasta la valla. Ary Neil Pantoja, de El Nuevo Diario, es testigo de estos hechos. Ese mismo personaje, de camisa azul, es que quien nos indica, cuando termina el acto, que debemos ir hasta el final de la valla porque allí está la entrada para ingresar al andén de la calle donde estaban estacionados los vehículos de las personalidades que acompañaban al Presidente. Siguiendo esas indicaciones y siendo respetuosos de ese “cordón de seguridad”, caminamos entre la multitud para llegar al lugar que los camisas azules no habían indicado. Allí encontramos que no había entrada, sino más vallas que cerraban el paso y policías custodiando. “Somos periodistas”, anunciamos y pasamos frente a los ojos de los policías que no nos dijeron nada, absolutamente nada. Ni una sola advertencia, como mentirosa y tergiversadamente dice la comisionada Granera. Encaminados en el lugar, logramos divisar que el embajador Trivelli ya estaba brindando declaraciones, fue entonces que empezamos a correr para no perdernos algún detalle de lo que dijera, sobre todo del caso Volz, que era el tema principal por el que buscábamos al diplomático estadounidense. El resto de la historia ha sido ampliamente divulgado por las imágenes que logró Fausto, el joven camarógrafo de Canal Dos.

Campo pagado fuera LA PRENSA rechazó ayer un campo pagado de dos páginas a colores, ordenado por la Policía Nacional en el que la institución reiteraba que Jorge Loáisiga había “irrumpido de forma irresponsable en el perímetro de seguridad”. La dirección del Diario consideró que ninguna cantidad de dinero justificaba avalar una mentira en contra de un redactor de este Diario.

La jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, justificó y avaló la agresión que miembros de la seguridad del presidente Daniel Ortega cometieron contra Jorge Loáisiga, periodista del Diario LA PRENSA, aunque reconoció que ni siquiera son miembros de la Policía Nacional.

Granera indicó que Loáisiga “de forma intempestiva pretendió acceder a un área restringida, rebasando el perímetro de seguridad establecido, esto provocó que fuera retirado del área por las fuerzas de seguridad asignadas en el Plan”.

Más adelante, Granera calificó la acción de “irresponsable”.

Sin embargo, la versión de Jorge Loáisiga y otros periodistas de medios independientes es totalmente distinta. El testimonio completo de Loáisiga sobre los hechos está en la página 4 A.

MATONES DE AZUL

La agresión ocurrió el miércoles por la noche, cuando Loáisiga intentó entrevistar al embajador de los Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli.

Trivelli participaba en un acto en compañía del presidente Ortega. En esa oportunidad, varios civiles uniformados con camisetas azules golpearon a Loáisiga cuando este trataba de llegar corriendo al sitio donde estaba dando declaraciones Trivelli. Luego que cuatro desconocidos inmovilizaron a Loáisiga, lo entregaron a dos efectivos policiales quienes lo esposaron.

“Imagínese que en un área donde hay cantidad de personas, penumbra y alguien corre con algo en la mano, donde tenés los cordones (vallas) y tratan de irrumpir y violar los perímetros de seguridad, la actuación es inmediata”, justificó la jefa policial.

Dijo que ni los hombres de camisetas azules ni los policías sabían que Loáisiga era periodista de LA PRENSA, sino hasta que lo detuvieron y otros colegas salieron en su defensa.

Granera reiteró varias veces, ayer en conferencia de prensa, que los agresores de Loáisiga no eran policías, pero sí los llamó “colaboradores”, personas de “mucha confianza” de Ortega desde hace muchos años, y que ayudan en la custodia del mandatario. Sin embargo, negó que pertenezcan a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

“PUEDEN ACTUAR”

Lo llamativo es que Granera aseguró que estos “colaboradores” o agentes encubiertos, como cualquier otra persona, tienen la facultad de evitar un supuesto acto vandálico cuando uno o varios ciudadanos violan los perímetros de seguridad durante una actividad como la del pasado miércoles.

“Gracias a Dios era un periodista buscando una entrevista, quién me dice a mí que el día de mañana no sea un delincuente armado y que busque cómo quitarle la vida al Presidente de la República o embajadores, es obligación de cualquier ciudadano detenerlo para prevenir un acto que puede ser mucho mayor y una tragedia nacional”, manifestó la primera comisionada Granera.

Otra de las justificaciones de la jefa policial, acerca de la golpiza que le propinaron a Loáisiga, quedó en evidencia cuando expresó que el mandatario que está de turno tiene la potestad de formar su sistema de seguridad personal, además del que le puede garantizar la Policía Nacional. Para ser más convincente dijo que la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro decidió que su protección estuviera a cargo de oficiales venezolanos.

TURBAS DIVINAS Y POLICÍA BIEN GRACIAS

Por su parte Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó que la Policía Nacional no puede prestarse al juego de llamar a los CPC colaboradores, porque no se le puede delegar funciones de trabajo o seguridad a quienes reprimen a los ciudadanos que opinen en contra de las acciones del actual Gobierno.

Carmona lamentó que durante la agresión a Loáisiga los agentes policiales se dedicaran a observar lo que ocurría, o sea se convirtieron en cómplices.

“El pueblo de Nicaragua no puede estar sometido a presiones como esta, como las que se vivieron en los años ochenta, recordemos que en los ochenta estas turbas divinas eran para reprimir al pueblo, no podemos pensar en sacar a las turbas divinas porque representa el terror y pueden crear la anarquía entre los nicaragüenses”, aseguró Carmona.

Una nota de prensa de la CPDH dice que la agresión a Loáisiga es un peligroso precedente de la utilización de los CPC como órganos de terror, a través de los cuales se pretende amedrentar a la ciudadanía y silenciar las voces de denuncia que la población quiera hacer en ejercicio pleno de su libertad.

SON FUERZAS DE CHOQUE

Otra de las organizaciones que se pronunció en contra de la agresión a Loáisiga fue la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).

“Hacemos un llamado a la Jefatura de la Policía Nacional para que, como única institución facultada por la ley para brindar seguridad personal al Presidente de la República, no permita que elementos ajenos a dicho cuerpo policial realicen acciones al margen de la legalidad, como lo ocurrido con el licenciado Jorge Loáisiga”, indica parte del comunicado difundido ayer.

Los miembros de Amcham indican que la Policía debe realizar una investigación del caso para garantizar que en un futuro la labor periodística no sea entorpecida por supuestos elementos paramilitares, que al margen de la ley den la impresión de que actúan como fuerzas de choque de las autoridades gubernamentales.

TREMENDO ERROR

Mientras tanto el Alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, criticó ayer el “abuso” que la seguridad privada del presidente Daniel Ortega cometió en contra del periodista Jorge Loáisiga.

“Son hechos (la agresión contra Loáisiga) que no deben ocurrir y me parece que la seguridad que rodea al presidente Ortega abusó con el periodista y yo pienso que no debería ocurrir”, dijo Marenco.

A juicio del Alcalde, la seguridad del Presidente debe tener conocimiento directo de la identidad de los periodistas, por lo cual “no es necesario llegar a esos extremos. Fue un error tremendo”.

ALN Y PLC CONDENAN AGRESIÓN

El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, repudió en un comunicado de prensa la “actuación delictiva de las nuevas fuerzas de seguridad privada del Presidente de la República” y señaló que “desde que la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, viuda del Mártir de las Libertades Públicas, derrotó al Frente Sandinista en 1990, los nicaragüenses hemos gozado de absoluta libertad de prensa y de absoluta libertad para expresar nuestras ideas y posiciones”.

Mientras, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, anotó que los agresores de Loáisiga son miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que instalan Ortega y su esposa, Rosario Murillo, e indicó que “eso demuestra que Ortega está creando una fuerza paramilitar que está protegida por la Policía porque hoy (ayer) la Policía los defendió”.

El PLC añadió a través de su vocero Leonel Teller que “claramente son los CPC paramilitares los que inician la golpiza contra Jorge”.

Las diputadas liberales María Eugenia Sequeira y Jamileth Bonilla coincidieron en que la golpiza contra el periodista y el maltrato a otros reporteros recuerda las agresiones y persecuciones de los años ochenta, durante el primer gobierno de Ortega, en contra de la libertad de prensa y de expresión.

Por su parte, el experto en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, indicó que “las funciones de Defensa y Gobernación, de seguridad ciudadana y defensa del territorio deben de ser lo más celosamente delimitadas (por la Policía Nacional) en el ejercicio, porque así como hay un respeto a la autoridad, este no es a los ciudadanos porque ellos no pueden ser autoridad”, en alusión al mandato constitucional de las atribuciones de esta institución.

“Hace muy mal la Policía y sus mandos si en vez de poner mano en el asunto y resolver el problema se hace en comentario que no abona a la clara administración de competencia”, recalcó Álvarez.