Lo ocurrido esta semana alrededor de la brutal agresión que sufrió el periodista de LA PRENSA, Jorge Loáisiga, el miércoles en la noche, por parte de un grupo de matones de la seguridad personal del presidente Daniel Ortega, después de un mitin presidencial que se celebró en el barrio capitalino Ariel Darce, significa un retroceso muy grave y peligroso para la institucionalidad de la Policía Nacional y la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses.
Realmente, para la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, mucho más grave que la misma agresión que sufrió el periodista Jorge Loáisiga —con todo lo brutal, odiosa y preocupante que esta ha sido—, fueron las declaraciones de la primera comisionada Aminta Granera para justificar dicha agresión. Ignorando el precepto constitucional de que no pueden existir más cuerpos armados en el país que el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, la comisionada Granera proclamó que “es normal” que funcionen agrupaciones clandestinas de seguridad con “derecho” a hacer uso de la violencia, y autorizó de hecho a cualquier persona a usar la fuerza bruta contra otra, siempre que se le ocurra que esta última es delincuente o que tiene la intención de delinquir.
Nosotros esperábamos que al menos por guardar las apariencias los altos mandos de la Policía Nacional y su jefa en lo personal, primera comisionada Aminta Granera, se comprometerían a investigar la agresión contra el periodista Loáisiga. Ellos están —o estaban— profesional y moralmente obligados a dar una explicación honesta sobre la actuación de los policías que ayudaron a los matones de Daniel Ortega a agredir al periodista de LA PRENSA, cuando este trataba simplemente de cumplir con su trabajo. Loáisiga ni siquiera tenía interés en entrevistar a Daniel Ortega ni trató en ningún momento de acercarse al endiosado Presidente. Lo que Loáisiga quería era obtener una declaración personal del Embajador de Estados Unidos, señor Paul Trivelli, acerca del caso del ciudadano estadounidense Eric Volz que está preso en Nicaragua.
Sin embargo, lo que hizo la jefa de la Policía Nacional fue legitimar de hecho la brutal agresión que los matones de Daniel Ortega, ayudados por oficiales de la institución policial, perpetraron contra el periodista Loáisiga. Incluso la primera comisionada Granera acusó al periodista de haber violado el “perímetro de seguridad” y de poner en peligro a todas las personas que se encontraban en el lugar donde se celebró el mitin de Daniel Ortega. De hecho la primera comisionada Granera dio a entender que Loáisiga y LA PRENSA deberíamos estar “agradecidos” porque no le hicieron algo peor y lo dejaron en libertad después de agredirlo, esposarlo y tratarlo como a un vulgar delincuente.
Quienes vieron por televisión, en el Canal 2, las imágenes de la agresión de los matones de Daniel Ortega, ayudados por los policías, contra el periodista Jorge Loáisiga, pudieron apreciar claramente el lujo de violencia con que procedieron, a pesar de que la víctima se identificaba a gritos y no obstante que algunos colegas y compañeros de trabajo allí presentes le decían a los policías que se trataba de un periodista, a quien los mismos agresores conocen muy bien.
La obligación de los policías era proteger al periodista Loáisiga, pero en vez de cumplir con su deber se sumaron a la agresión. Con esto se refuerza la sospecha y el temor de que la Policía Nacional se está sometiendo a los CPC, las fuerzas de choque organizadas por Daniel Ortega como columna vertebral de la nueva dictadura que está tratando de imponer al pueblo nicaragüense. Cabe señalar al respecto, que en el Decreto No. 114-2007 de Daniel Ortega, dictado el 6 de diciembre corriente, se establece que los CPC ejercerán funciones de seguridad pública.
La Policía Nacional, según el artículo 97 de la Constitución, “es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” y “estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del Ministerio correspondiente”. Pero la subordinación a la autoridad civil del Presidente de la República no significa que la Policía Nacional está obligada a cumplir cualquier clase de órdenes, incluso criminales, represivas, ilegales e inconstitucionales. En el mismo artículo 97 de la Carta Magna se expresa que “La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”. Esto significa que la Policía no puede ni debe cumplir órdenes cuya ejecución implique violar la Constitución, como es sin duda reprimir violentamente a los ciudadanos que ejercen pacíficamente sus derechos, agredir a los periodistas e impedir de cualquier manera el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Por otra parte, “los miembros de la Policía en el cumplimiento de sus funciones actuarán conforme a los principios fundamentales establecidos en la presente Ley —se dice en el artículo 5 de la Ley No. 28, que es la Ley de la Policía Nacional—, a su profesionalismo, a su condición de servidores públicos y especialmente respetando los derechos humanos”. Es obvio que estos principios y normas no fueron respetados por los policías que ayudaron a los matones de Daniel Ortega a agredir al periodista Jorge Loáisiga. Y adicionalmente, con su insólita justificación de la agresión contra Loáisiga y de las que seguramente vendrán contra otros periodistas y ciudadanos democráticos, la primera comisionada Granera ha empujado fuertemente a la Policía Nacional de vuelta hacia un pasado triste y oprobioso al que el pueblo de Nicaragua no quiere regresar.
