Los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) necesitan al menos la firma de uno de sus colegas liberales para que se promulgue definitivamente el proyecto de sentencia que ellos elaboraron y que legaliza los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como órganos del gobierno de Daniel Ortega.
Pero los magistrados liberales, encabezados por el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, se negaron ayer a convocar a Corte Plena porque, según ellos, los sandinistas les han ocultado el expediente del caso, igual a como ocurrió con el magistrado Rafael Avellán del Tribunal de Apelaciones (TAM), en la sentencia contra Arnoldo Alemán.
“La desesperación de los magistrados sandinstas por la Corte Plena” dicen los liberales, se debe que con el fallo de la Sala Constitucional conformada ilegalmente el pasado cinco de diciembre, los CPC más bien quedaron vigentes.
Esto es porque la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional la Ley 630 (que a su vez eliminaba a los CPC como organismos paraestatales) no está firme mientras no la apruebe la Corte Plena.
Asímismo, la suspensión del acto de la vigencia de la Ley 630 ordenado por el Tribunal de Apelaciones fue levantado por la misma resolución de la Sala Constitucional, dejando vigente la citada Ley.
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Los liberales aceptaron el reto que lanzó en el programa Primera Plana el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, de que la legalidad de los CPC se iba a discutir frente a los medios de comunicación.
El magistrado Sergio Cuarezma aseguró que los magistrados liberales están dispuestos a que las Cortes Plena sean pública, a como se realizan en México, para dar una mayor transparencia al Poder Judicial.
El magistrado Solís y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, ambos de tendencia sandinista, explicaron en conferencia de prensa que la sentencia que dio vida a los CPC, y que fue elaborada a la medianoche del miércoles 5 de diciembre de este año 2007, con magistrados sandinistas que no son miembros de la sala constitucional, fue apegada a derecho y que si los liberales no convocan a Corte Plena es porque quieren “profundizar este conflicto”.
Los magistrados dieron a conocer la sentencia a las 9:00 p.m. del 5 de diciembre, en una conferencia de prensa, luego de cerciorarse de que la Asamblea Nacional había mandado a publicar la Ley 630 que deroga los CPC y le quita facultades al presidente Daniel Ortega para crear, por medio de decretos, Consejos como los CPC.
De ese modo, los magistrados admitieron un recurso de amparo introducido por los representantes de los CPC, entre ellos Elías Chévez, contra la Asamblea Nacional por haber derogado antes estos Consejos como parte del andamiaje del Poder Ejecutivo. El magistrado Solís se apresuró a decir que la sentencia invalida la Ley 630 publicada el 5 de diciembre.
Tanto Solís como el magistrado Martínez se acusaron de obstaculizar el buen funcionamiento del Poder Judicial, por la discusión de la legalidad de los CPC.
Solís y Rosales expresaron ayer que han pedido al presidente de la Corte que convoque a Corte Plena, para discutir la legalidad de los CPC, pero que el magistrado Martínez “ha violentado las leyes” al negarse a convocar, cuando la ley orgánica del Poder Judicial indica que el presidente de la Corte está obligado a convocar cuando se le pide un tercio del total de magistrados.
“Si por ignorancia algunos creen que nosotros (sandinistas) vamos a ceder, están totalmente equivocados”, manifestó el magistrado Rosales.
El máximo tribunal de justicia está integrado por ocho jueces sandinistas y ocho liberales, que difieren sobre el fallo emitido por tres magistrados de la sala constitucional de la CSJ, que junto a tres no miembros de esa sala, todos de tendencia sandinista, declararon legales los CPC, creados por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en enero pasado.
“Lo que hay es una falta de argumento (de liberales) o consideran que las soluciones se deben resolver por la fuerza”, advirtió por su lado el magistrado Rafael Solís (sandinista).
“NO IREMOS COMO BORREGOS”
El magistrado Manuel Martínez respondió a Solís, en otra conferencia de prensa, que los liberales no irán como borregos a Corte Plena con los sandinistas y discutir un expediente que les han ocultado.
“Cómo nosotros (liberales) vamos a pronunciarnos sobre algo que no conocemos”, dijo Martínez, quien denunció que Rosales no ha introducido el expediente de los CPC en Secretaría, sino que lo ha ocultado de la vista de los magistrados liberales.
El magistrado Martínez ha dicho que ese poder del Estado está controlado por sandinistas y funciona como en el “viejo oeste”, ratificó que no va a convocar a Corte Plena y hasta pidió disolver el máximo órgano judicial.
Martínez también indicó que no se trata de que en la CSJ existan dos bancadas, sino que liberales y sandinistas “somos dos grupos de diferente pensamiento”.
DOS FIRMAS SECRETAS
El magistrado Solís aseguró que dos magistrados liberales, de los cuales no quiso dar nombres, le expresaron en privado que ellos están dispuestos a firmar la sentencia que valide de una vez la formación de los CPC.
Agregó que esos dos magistrados liberales no se atreven a decirlo públicamente porque supuestamente el magistrado Manuel Martínez ejerce una especie de “terrorismo” sobre sus colegas liberales.
El magistrado Martínez negó la afirmación de Solís y repudió que se preste a verter ese tipo de declaraciones.
“Yo acepto que le falten la consideración a Manuel Martínez, pero no me parece que sea desconsiderado con el resto de los compañeros (liberales)”, dijo Martínez, quien brindó conferencia de prensa rodeado de los otros siete magistrados liberales.
Los CPC, coordinados por la primera dama nicaragüense y portavoz presidencial, Rosario Murillo, fueron instalados el 30 de noviembre pasado, pese a que la Asamblea Nacional rechazó su creación el 20 de ese mes.
La oposición no se opone a que los CPC existan como organismos partidistas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero sí a que funcionen como estructuras del Estado, con fondos públicos y para imponer acuerdos a legisladores, alcaldes, ministros y otros altos cargos.
